Solo 11 de 795 proyectos se volvieron ley el último año del Congreso, ¿qué pasa con los senadores y representantes?

En el Congreso pasó algo bastante claro: durante cuatro años se radicaron montones de proyectos, pero cada vez menos se convirtieron en leyes. En ese escenario, la tasa de aprobación de los proyectos pasó del 18,2 % en 2022-2023 al 1,4 % en 2025-2026.

Así lo concluye un informe elaborado por la firma de análisis Orza, que rastreó el desempeño del Congreso entre 2022 y 2026 y construyó, a partir de 8.126 gacetas del Legislativo, un ranking de los parlamentarios con mayor éxito tanto como autores de leyes como en su papel de ponentes, una función clave para conducir las iniciativas a través de las distintas etapas del proceso legislativo.

Y es que radicar proyectos no garantiza que se conviertan en ley. En un Senado y Cámara con baja productividad, el reto está en lograr que las iniciativas sobrevivan a todo el trámite legislativo: superar las comisiones, las plenarias, la conciliación y, finalmente, obtener la sanción presidencial.

Los que aprobaron más leyes como autores

En la categoría de autoría, que mide cuántos proyectos propios terminaron convirtiéndose en ley, los primeros lugares fueron para Alfredo Deluque (Partido de la U) — quien suena como presidente del Senado en la primera legislatura del próximo Congreso— y Fabián Díaz (Partido Verde), ambos con 11 leyes aprobadas durante el cuatrienio.

Detrás aparecen Angélica Lozano (Partido Verde), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Nadia Blel (Partido Conservador), con diez leyes cada una.

Le siguen, con ocho leyes cada uno, Andrea Padilla, reconocida por su agenda animalistas (Partido Verde), Julio Elias Vidal (La U) y Nicolás Echeverry (Partido Conservador). Lo que muestra el informe es que el Congreso funciona mucho más por habilidades de negociación que por cantidad de proyectos.

Los congresistas del Partido Conservador, Pacto Histórico, Partido Liberal, Alianza Verde y Partido de la U concentraron buena parte de las iniciativas exitosas tanto en calidad de autores como de ponentes. Esto da cuenta de que las llamadas “bancadas bisagra” conservaron capacidad para negociar.

En cuanto a los coordinadores ponentes, encargados de liderar el trámite de los proyectos, coordinar la discusión, incorporar modificaciones, negociar acuerdos entre las bancadas y conducir las iniciativas hasta su aprobación, los primeros lugares fueron para Juan Camilo Londoño (Partido Verde), Norma Hurtado (Partido de La U) y Soledad Tamayo (Partido Conservador), quienes lograron sacar adelante 12 leyes cada uno como ponentes.

El grupo de mayor rendimiento también incluye a Marelen Castillo (fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en 2022), con 11 proyectos sacados adelante; y le siguen con diez cada uno Erika Sánchez (Liga de Gobernantes Anticorrupción), Germán Rozo (Partido Liberal), Gloria Flórez (Pacto Histórico), José Luis Pérez (Cambio Radical) y Víctor Manuel Salcedo (Partido de la U).

Sin embargo, el balance general no fue muy constante ni activo. Durante el cuatrienio se mantuvo una intensa actividad legislativa, pero la capacidad para convertir proyectos en leyes cayó de forma sostenida.

La legislatura 2025-2026 fue la más crítica. De 795 proyectos radicados, apenas 11 se convirtieron en ley, mientras 623 fueron archivados y 161 quedaron pendientes, por lo que deberán ser retomados por el Congreso que inicia funciones este 20 de julio.

La tendencia ya venía deteriorándose. En 2022-2023 se aprobaron 117 leyes de 644 proyectos presentados; un año después fueron 116 de 665 iniciativas. En 2024-2025, aunque la radicación alcanzó un récord de 907 proyectos, solo 100 culminaron exitosamente.

La pérdida de mayorías estables del Gobierno y el calendario electoral redujo los incentivos para aprobar reformas de “alto costo” político, que podrían impactar, por ejemplo, los resultados de los candidatos a las elecciones legislativas.

Para Laura Wills, vicedecana de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y directora de Congreso Visible, la recta final del cuatrienio coincide con el período de las elecciones, por lo que “es normal que haya lentitud en la actividad legislativa. Siempre pasa. Los congresistas están también en campaña”.

La experta agrega que a diferencia de lo que suele ocurrir en otros gobiernos, la administración de Gustavo Petro llegó al último año de mandato con varias reformas estructurales aún en discusión, entre ellas la de jurisdicción agraria.

¿Cómo le fue al gobierno con el Congreso?

El estudio de Orza también hace una comparación entre las relaciones que han tenido los últimos gobiernos con el Congreso. A diferencia de Juan Manuel Santos e Iván Duque, que lograron mantener una mayor capacidad para sacar adelante sus proyectos, el gobierno de Gustavo Petro enfrentó un deterioro progresivo en su relación con el Congreso.

Tras una coalición inicial amplia, pero frágil, el Ejecutivo terminó dependiendo de acuerdos puntuales, mensajes de urgencia (como en el caso del proyecto para revivir el Ministerio de la Igualdad o en el de la ley ordinaria de jurisdicción agraria) y apelaciones (como en el caso de la fallida reforma de la salud).

¿Qué tanto control político hicieron representantes y senadores?

Durante el cuatrienio se registraron 209 debates de control político, 306 audiencias públicas y 13 mociones de censura.

“Esta distribución muestra que la función de control fue más amplia que la confrontación directa con ministros. También funcionó como espacio de deliberación pública, producción de información técnica y posicionamiento político”, señala el texto.

En este punto, la Comisión Primera de la Cámara fue la más activa, con 141 citaciones, seguida por las comisiones Segunda y Quinta. En el Senado, la Comisión Séptima tuvo una alta actividad, principalmente por el debate de las reformas sociales.

El Ministerio de Hacienda fue la entidad más citada por el Congreso, seguido por los ministerios del Interior, Agricultura, Defensa, Comercio, Ambiente y Minas y Energía. Según el estudio, esto refleja que las principales discusiones giraron alrededor de la ejecución presupuestal y la financiación de las reformas.

El informe concluye que el Congreso mantuvo una alta actividad política, pero perdió eficacia para cerrar el trámite de los proyectos.

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