Corte pide investigar al ministro Guillermo Jaramillo y a Ricardo Roa por irregularidades en cuentas de campaña ‘Petro Presidente’
El alto tribunal remitió copias a tres organismos de control para que analicen el papel del presidente de Ecopetrol y del ministro de Salud en la financiación y rendición de cuentas de las campañas del presidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico al Congreso.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó enviar copias a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusación de la Cámara con el fin de que se determinen posibles irregularidades en los gastos reportados durante las campañas de 2022.
Las pesquisas involucran a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, y a Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, quien coordinó la campaña legislativa del Pacto Histórico.
Entérese: Vuelve y juega: CNE pospone discusión sobre presunta violación de topes en campaña de Petro
La decisión apunta a revisar si hubo violaciones a los topes de gasto y errores en la contabilidad electoral.
Presuntas maniobras contables en los gastos de campaña
De acuerdo con la Sala de Instrucción, Jaramillo y Roa serían responsables de operaciones para hacer pasar gastos de la campaña presidencial como si pertenecieran a los candidatos al Congreso.
El documento señala que las maniobras habrían sido ejecutadas por el equipo contable, con autorización del entonces gerente general, y que se habrían usado facturas modificadas para distribuir entre los aspirantes al Senado pagos que correspondían a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.
Entre las evidencias, la Corte cita el contrato con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (SADI), gestionado por Roa y firmado por Jaramillo, que fue registrado como gasto de transporte de los candidatos al Congreso. Según el tribunal, los servicios aéreos en realidad fueron utilizados para la campaña presidencial de Petro durante la consulta interna del Pacto Histórico.
Sobre esto, el 16 de marzo de 2022 se emitió una primera factura (SA-4812) a nombre de la campaña “Petro Presidente”, firmada por Roa, que incluía 72 horas de vuelo en helicóptero, 72 de avión, 72 de ambulancia aérea, una pernoctada y una comisión. Esa factura fue anulada por error en la forma de pago.
Posteriormente, el 12 y 13 de abril se generaron nuevas facturas en las que los servicios se dividieron: una dirigida a la campaña al Senado (SA-4831 y SA-4834), firmada por Jaramillo, con 72 horas de transporte en avión y gastos conexos; y otra (SA-4832) a la campaña presidencial, con 72 horas de helicóptero, 72 de ambulancia y una comisión.
Para la Sala de Instrucción, este fraccionamiento muestra que parte de los servicios usados por la campaña presidencial se atribuyeron a la campaña legislativa más de un mes después del periodo contractual, lo que habría alterado los reportes financieros entregados al CNE.
La Sala advirtió que los servicios de transporte no fueron solicitados por los candidatos al Senado ni destinados a su beneficio, sino usados para la movilización del entonces precandidato presidencial. Por ello, pidió que las autoridades competentes determinen si hubo falsedad en documento privado o fraude procesal.
Un panorama de investigaciones abiertas
La decisión de la Corte Suprema se incorpora a la serie de procesos abiertos por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro para las elecciones de 2022.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta un expediente en el que formuló cargos por omitir gastos superiores a 5.300 millones de pesos, superar los topes establecidos y recibir aportes de fuentes no permitidas, entre ellas los sindicatos Fecode y la USO. Aunque por fuero el presidente Gustavo Petro no puede ser investigado por el CNE, el organismo mantiene la actuación contra Ricardo Roa y el equipo financiero de la campaña.
A su vez, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes acumuló ese expediente con otros dos procesos en curso: uno derivado de los audios del ministro del Interior, Armando Benedetti, en los que se mencionan supuestos aportes por 15.000 millones de pesos, y otro relacionado con las declaraciones de Nicolás Petro. Pese a haber practicado más de veinte pruebas, la Comisión aún no ha emitido un pronunciamiento de fondo.
De manera paralela, la Fiscalía General conserva seis líneas de investigación preliminar sobre posibles irregularidades en los ingresos y gastos de la campaña. Estas incluyen los aportes sindicales de Fecode y la USO, la financiación de la fórmula vicepresidencial de Francia Márquez, las afirmaciones de Benedetti y el caso de Nicolás Petro, quien admitió ante un juez haber recibido dinero en efectivo de personas como Samuel Santander Lopesierra, alias “el Hombre Marlboro”.
Por último, la Procuraduría General de la Nación mantiene procesos disciplinarios contra Ricardo Roa y otros exintegrantes del comité financiero por presuntas omisiones en la rendición de cuentas. En un concepto técnico enviado al CNE, una delegada del Ministerio Público señaló que durante la primera vuelta presidencial se habrían excedido los topes de gasto establecidos por la ley.
Le puede interesar: Nicolás Petro afirmó que nunca dijo que la plata que le dieron era para la campaña del papá, pero un donante lo desmiente