Corte protegió polémico mural sobre ejecuciones extrajudiciales

La dignidad, el buen nombre y el debido proceso del general retirado Marcos Evangelista Pinto no se vieron afectados con el mural “¿Quién dio la orden?” que pintaron organizaciones de víctimas del conflicto en Bogotá hace dos años.

Aunque el militar expresó que la información que aparecía en esa pared no es veraz, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional consideró que lo que dice allí es de interés público, por lo que goza de protección al tratarse de un “ejercicio del derecho de participación en el control del poder político”.

La obra, que retrata a 14 altos mandos de las Fuerzas Militares como el general (r) Mario Montoya, incluye a Pinto y al número 45 encima de su cabeza. Esa cifra hace referencia a la cantidad de falsos positivos que se dieron entre 2002 y 2010 en la unidad que controlaba, muertes que las víctimas preguntan quién las ordenó.

En la tutela que perdió, el militar le había pedido a la Corte que protegiera sus derechos fundamentales y los de su familia, la cual también, según él, fue afectada, a pesar de no adjuntar prueba de ello.

De todos modos, su mayor pretensión era que se le ordenara al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) una rectificación por la mención de su nombre en la pared, que se borraran las imágenes de sus redes sociales y se hiciera una campaña dirigida a la protección de los derechos que se le vulneraron.

Sin embargo, los magistrados de la Sala no le dieron la razón, pues determinaron que la obra es una crítica al Estado, que cuestiona las actuaciones de unidades comandadas por oficiales como Pinto, las cuales hoy son materia de investigación en la justicia.

Tras conocerse este martes el fallo, el general le dijo a EL COLOMBIANO que si bien se enteró de la decisión, aún no ha sido notificado oficialmente, por lo que esperará a leer los argumentos y así saber cómo procede con su defensa.

“Es un debate público”

El oficial basó su pedido en que tras la aparición de su nombre en la obra, él y su familia se vieron sometidos al escarnio público por datos que no están comprobados jurídicamente, pues en su caso no se ha demostrado que haya dado órdenes para las 45 ejecuciones extrajudiciales.

Ante esto, el alto tribunal le recordó que como actualmente hay procesos abiertos por falsos positivos, el mural hace parte del debate que el país tiene que dar en cuanto a esta situación.

De hecho, negó las pretensiones de Pinto amparándose en la libertad de expresión, y teniendo en cuenta que en la obra no hay referencias que permitan afirmar que se le está atribuyendo alguna responsabilidad penal y directa.

Alexander Castro, integrante del Movice en Antioquia, le dijo a este diario que lo que sigue ahora es que se haga responder a los determinantes de las ejecuciones.

Mientras tanto, desde el Movice Bogotá confirmaron que pintarán de nuevo el mural en muchas partes, ya que fue borrado en reiteradas ocasiones. La última vez que pasó fue el 8 de mayo de este año, cuando lo habían pintado frente a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP

La dignidad, el buen nombre y el debido proceso del general retirado Marcos Evangelista Pinto no se vieron afectados con el mural “¿Quién dio la orden?” que pintaron organizaciones de víctimas del conflicto en Bogotá hace dos años.

Aunque el militar expresó que la información que aparecía en esa pared no es veraz, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional consideró que lo que dice allí es de interés público, por lo que goza de protección al tratarse de un “ejercicio del derecho de participación en el control del poder político”.

La obra, que retrata a 14 altos mandos de las Fuerzas Militares como el general (r) Mario Montoya, incluye a Pinto y al número 45 encima de su cabeza. Esa cifra hace referencia a la cantidad de falsos positivos que se dieron entre 2002 y 2010 en la unidad que controlaba, muertes que las víctimas preguntan quién las ordenó.

En la tutela que perdió, el militar le había pedido a la Corte que protegiera sus derechos fundamentales y los de su familia, la cual también, según él, fue afectada, a pesar de no adjuntar prueba de ello.

De todos modos, su mayor pretensión era que se le ordenara al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) una rectificación por la mención de su nombre en la pared, que se borraran las imágenes de sus redes sociales y se hiciera una campaña dirigida a la protección de los derechos que se le vulneraron.

Sin embargo, los magistrados de la Sala no le dieron la razón, pues determinaron que la obra es una crítica al Estado, que cuestiona las actuaciones de unidades comandadas por oficiales como Pinto, las cuales hoy son materia de investigación en la justicia.

Tras conocerse este martes el fallo, el general le dijo a EL COLOMBIANO que si bien se enteró de la decisión, aún no ha sido notificado oficialmente, por lo que esperará a leer los argumentos y así saber cómo procede con su defensa.

“Es un debate público”

El oficial basó su pedido en que tras la aparición de su nombre en la obra, él y su familia se vieron sometidos al escarnio público por datos que no están comprobados jurídicamente, pues en su caso no se ha demostrado que haya dado órdenes para las 45 ejecuciones extrajudiciales.

Ante esto, el alto tribunal le recordó que como actualmente hay procesos abiertos por falsos positivos, el mural hace parte del debate que el país tiene que dar en cuanto a esta situación.

De hecho, negó las pretensiones de Pinto amparándose en la libertad de expresión, y teniendo en cuenta que en la obra no hay referencias que permitan afirmar que se le está atribuyendo alguna responsabilidad penal y directa.

La decisión no dista del concepto que le envió la Defensoría a la Corte, ya que esta declaró que “¿Quién los mató?” es un reclamo de las víctimas a la falta de resultados de la justicia, la cual no ha encontrado a día de hoy quiénes fueron los máximos responsables de al menos 5.673 asesinatos en ese lapso.

Alexander Castro, integrante del Movice en Antioquia, le dijo a este diario que lo que sigue ahora es que se haga responder a los determinantes de las ejecuciones.

Mientras tanto, desde el Movice Bogotá confirmaron que pintarán de nuevo el mural en muchas partes, ya que fue borrado en reiteradas ocasiones. La última vez que pasó fue el 8 de mayo de este año, cuando lo habían pintado frente a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).