Corte Suprema niega tutela y deja en firme condena de Margareth Chacón por caso Marcelo Pecci
El alto tribunal rechazó la acción con la que la defensa de Margareth Chacón pretendía rehacer el juicio por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Barú en 2022.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Margareth Chacón al negar la acción de tutela con la que su defensa buscaba rehacer el juicio por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, crimen ocurrido en mayo de 2022 en las playas de Barú, en Cartagena, mientras el funcionario se encontraba de luna de miel.
Chacón ha sido señalada por las autoridades como una de las piezas clave en la planeación del homicidio y fue condenada a 35 años de prisión. Con la tutela, su equipo jurídico pretendía que se anulara lo actuado en el proceso penal, al considerar que durante el juicio se habrían vulnerado garantías fundamentales, en particular el derecho al debido proceso y a la defensa.
Según el recurso presentado, el fiscal del caso, Mario Burgos, habría ocultado más del 85 % de la información que, a juicio de la defensa, resultaba favorable para la procesada. También se argumentó que miles de pruebas no fueron reveladas oportunamente, lo que —según el abogado Sergio Clavijo— impidió estructurar una estrategia jurídica sólida y controvertir adecuadamente los elementos presentados por la Fiscalía.
“Se cuestionó la falta de descubrimiento de pruebas favorables; de ser cierto, vienen investigaciones penales y disciplinarias”, señaló en su momento el defensor, insistiendo en que las supuestas irregularidades afectaron de manera sustancial el equilibrio procesal.
¿Por qué la Corte Suprema de Justicia negó la tutela de Margareth Chacón?
La Sala de Casación Civil concluyó que no existen indicios de una vulneración real de los derechos fundamentales de Chacón. En su decisión, la Corte consideró que la tutela se sustentó en hipótesis sin respaldo jurídico suficiente y en reproches propios del debate litigioso ordinario, escenarios que no pueden resolverse por la vía constitucional.
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El alto tribunal señaló que la providencia cuestionada no puede calificarse como “antojadiza” o arbitraria, pues se fundamentó en una interpretación jurídica razonable respecto a los requisitos para la admisión de la demanda de casación. En consecuencia, determinó que no era procedente intervenir en el fallo penal por medio de una acción de tutela.
Con esta decisión, queda en firme la condena de 35 años de prisión contra Chacón. Inicialmente, la sentencia había sido de 39 años y 10 meses; sin embargo, el Tribunal Superior de Cartagena redujo la pena tras absolverla del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, cargo que había sido incluido en la acusación original.
El caso ha estado rodeado de hechos adicionales que han elevado la tensión y la preocupación por la seguridad de los involucrados. Uno de ellos fue el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, considerado testigo clave en la investigación, quien fue atacado dentro de la cárcel La Picota, en Bogotá. Tras ese homicidio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reforzó el esquema de seguridad de Chacón, dada la relevancia del proceso y los riesgos asociados.
Actualmente, la condenada permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. Las autoridades dispusieron que cada traslado a citas médicas o diligencias judiciales cuente con un dispositivo de custodia reforzado. Además, dentro del centro penitenciario debe estar acompañada permanentemente por personal de guardia cuando se movilice por las instalaciones.
El asesinato del fiscal Marcelo Pecci generó una fuerte reacción internacional, especialmente en Paraguay, donde el funcionario era reconocido por su trabajo contra el crimen organizado y el narcotráfico. El crimen, perpetrado en territorio colombiano, puso en evidencia la dimensión transnacional de las estructuras criminales que operan en la región.
Con la negativa de la Corte Suprema a la tutela, el capítulo judicial para Margareth Chacón se mantiene, por ahora, sin cambios sustanciales. La decisión ratifica la validez del proceso adelantado en su contra y consolida la condena impuesta por uno de los casos más impactantes de los últimos años en Colombia y Paraguay.