Juicio sí, cárcel no: el pulso en la Corte por el futuro de los congresistas del caso UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia completa ya tres sesiones extraordinarias debatiendo si llama a juicio y ordena la captura de seis congresistas investigados por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, pese a las discusiones, el alto tribunal aún no logra una decisión definitiva. ¿Por qué?

Aunque reina el hermetismo sobre lo que ocurre al interior de la corporación, han trascendido versiones según las cuales los magistrados mantienen posiciones enfrentadas, desde el punto de vista jurídico, sobre la eventual orden de captura.

La discusión gira en torno a la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, quien propone acusar formalmente y enviar a prisión a los congresistas.

El documento plantea que existen elementos suficientes para llamar a juicio a los seis aforados por su presunta participación en el entramado de corrupción que desvió recursos destinados a atender emergencias en el país. Los investigados son los congresistas Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique, Juan Pablo Gallo, así como el exrepresentante Juan Diego Muñoz.

De acuerdo con la ponencia, los implicados deberían responder en juicio por el delito de cohecho impropio, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de la entidad encargada de la gestión del riesgo en Colombia.

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División entre los magistrados

Dentro de la Sala de Instrucción existen posturas divididas frente al alcance de la decisión. Algunos magistrados estarían de acuerdo con avanzar hacia el juicio, pero no respaldarían la solicitud de medida de aseguramiento en cárcel, al considerar que los procesados no representan un riesgo para el proceso judicial ni para la sociedad.

Otros integrantes de la Sala incluso cuestionan la validez del trámite que ha seguido el expediente. Entre ellos está la magistrada Cristina Lombana, quien ha planteado reparos sobre el procedimiento y considera que el proceso podría estar viciado.

Uno de los puntos que genera controversia es la filtración anticipada del sentido de la ponencia, lo que también ha generado malestar dentro de la corporación.

En la discusión también pesará el antecedente de que en octubre del año pasado, la Sala ya había rechazado la imposición de medidas de aseguramiento contra los parlamentarios investigados.

Por eso, los magistrados deberán determinar si existen pruebas nuevas o circunstancias adicionales que justifiquen apartarlos de sus cargos y ordenar su detención preventiva mientras enfrentan el proceso.

Las versiones que circulan en el alto tribunal apuntan a que la Sala podría aprobar el llamamiento a juicio, pero negar la detención intramural, manteniendo a los implicados en libertad mientras avanza el proceso.

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La decisión también tiene implicaciones electorales. Dos de los investigados, Manzur y Manrique, tienen aspiraciones de continuar en el Congreso, por lo que una eventual acusación formal podría complicar sus campañas de cara a las elecciones del domingo 8 de marzo.

La Sala de Instrucción, quien se reúne nuevamente este jueves, deberá resolver si respalda la ponencia del magistrado Rodríguez o si, por el contrario, introduce modificaciones que cambien el rumbo del proceso por uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en el manejo de recursos públicos destinados a emergencias.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son los congresistas investigados por el caso UNGRD?

Los investigados son Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante Juan Diego Muñoz. Se les vincula con el presunto desvío de recursos de emergencias

¿Por qué la Corte no ha ordenado la captura inmediata?

Existe una división jurídica: algunos magistrados creen que los procesados pueden enfrentar el juicio en libertad porque no representan un riesgo para la sociedad, y otros cuestionan la validez de los procedimientos previos.