Por tercera vez, la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad presentada por la defensa del exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, quien permanece privado de la libertad desde mayo de 2025 tras ser vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En esta ocasión, los abogados del excongresista pidieron el levantamiento de la medida de aseguramiento argumentando presuntos riesgos para su seguridad personal. No obstante, la Sala consideró que esos motivos no eran suficientes para conceder la libertad y rechazó la petición.
Aunque mantuvo la medida privativa de la libertad, la Corte sí hizo un llamado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que evalúe las amenazas advertidas por la defensa y adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad del procesado mientras permanece recluido.
No es la primera vez que la justicia niega una solicitud de este tipo. En noviembre del año pasado, la defensa de Calle ya había pedido su libertad, petición que también fue rechazada. Previamente, en agosto de 2025, la misma Sala declaró improcedente una solicitud de control de medida de aseguramiento presentada por sus abogados, ratificando entonces la reclusión preventiva en su contra.
Con esta nueva decisión, Andrés Calle deberá continuar recluido en la cárcel La Picota, donde cumple la medida de aseguramiento. Por ahora, dicha medida se mantendrá vigente hasta que concluyan las investigaciones en su contra y se defina de fondo su situación jurídica dentro del proceso relacionado con el escándalo de la UNGRD.
¿Por qué la Corte Suprema negó la libertad a Andrés Calle?
En octubre pasado, la misma Corte Suprema dejó en firme el llamado a juicio contra Calle y el expresidente del Senado os congresistas Iván Leonidas Name Vásquez.
Tanto Name como Calle, fueron llamados a juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
De acuerdo con el expediente, los entonces congresistas habrían recibido compromisos económicos o políticos a cambio de impulsar proyectos de ley y reformas radicadas por el Gobierno Nacional que estaban en trámite en el Congreso. Las supuestas maniobras coincidieron con una serie de contratos de la entidad de gestión del riesgo que hoy son investigados por sobrecostos y desvío de recursos.
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El caso de Name y Calle se convirtió en un símbolo del deterioro institucional que destapó el escándalo de la UNGRD, una entidad clave para la atención de emergencias que terminó convertida, según los hallazgos de la Fiscalía y la Procuraduría, en una red de contratos amañados y favores políticos.
Ambos congresistas fueron señalados por exfuncionarios de la entidad y por testigos dentro del proceso de haber tenido una participación directa en la trama, que habría implicado el uso de recursos públicos con fines políticos.
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