Una masacre y un líder social asesinado cada 2 días: la crisis de orden público que heredará el nuevo Gobierno
Los indicadores de homicidios, terrorismo y ataques a la Fuerza Pública están en números rojos, según diversas entidades.
Periodista especializado en temas de crimen organizado, terrorismo y conflicto armado. Creador del podcast Revelaciones del Bajo Mundo. También soy escritor y dramaturgo, autor de las obras teatrales “La Trilogía del Mal” y “Estallido”.
El asesinato de cuatro personas en un establecimiento público de Barranquilla se convirtió en la masacre número 68 registrada en Colombia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un registro que encabeza la delicada situación de orden público que recibirá el próximo gobierno.
La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó que el hecho sucedió en la madrugada del pasado 28 de junio en el barrio Los Olivos N°1, cuando un grupo de sicarios entró al Estadero Restaurante Los Olivos 14 buscando a una persona, al parecer, y a la salida disparó de forma indiscriminada contra los presentes.
Como consecuencia, murieron Johan Andrés Riaño Cardona, de 21 años; Nelio Enrique Ferrer Mora, de 38; Nelbys Rafael Barrios Manjarrés, de 46; y Luis Carlos Gamero Solano, de 53. Otras tres personas quedaron heridas.
La Policía Metropolitana de Barranquilla ofreció una recompensa de $20 millones por información que ayude a esclarecer los hechos, y distribuyó un volante con imágenes de cámaras de seguridad, en el que se ve a los cuatro autores materiales del crimen, los cuales iban con cascos a bordo de dos motocicletas.
De acuerdo con los datos de la ONG especializada en el análisis de los fenómenos de violencia, con corte al 30 de junio, 68 masacres implican que en el primer semestre de 2026 ocurrió una cada 2,6 días. La mayoría se relacionan con el conflicto armado en las zonas rurales y con disputas entre grupos de crimen organizado urbanos.
En todo el 2025 hubo 78 masacres; eso significa que en apenas la mitad del presente año ya registró el 87,18% del total,y si continúa esa tendencia negativa, podría superarse dicha cifra al final de 2026.
La misma entidad documentó el asesinato de 75 líderes sociales en ese periodo de tiempo del presente año, es decir, uno cada 2,4 días.
El caso más reciente sucedió el pasado 25 de junio en el corregimiento Río Ceibas, de la ciudad de Neiva, donde sicarios motorizados acribillaron a David Zea Murcia, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Motilón.
Estos dos indicadores de violencia son apenas la punta del iceberg de una crisis en materia de seguridad que dejará para la historia un mandato que se llamó a sí mismo “el gobierno de la paz”, en “el país de la vida”.
Los datos del Ministerio de Defensa, con corte al 31 de mayo, demuestran que en ese lapso los homicidios se han venido incrementando de manera discreta, pero sostenida, en los últimos cuatro años: 5.346 casos en 2023, 5.356 en 2024, 5.637 en 2025 y 5.792 en los primeros cinco meses de 2026.
Si la cifra se revisa de manera anual, en todo el 2024 fueron 13.497 asesinatos, con una tasa de 25,6% por cada 100.000 habitantes; en 2025 subieron a 14.038 con tasa de 26,4%.
Las acciones de terrorismo también están al alza, duplicándose en el periodo presidencial de Gustavo Petro: 742 en 2022, 839 en 2023, 1.126 en 2024 y 1.398 en 2025.
En actos del servicio mataron a 84 miembros de la Fuerza Pública en 2023, 101 en 2024 y 173 en 2025; en cuando a los uniformados heridos, hubo 380 en 2023, 499 en 2024 y 765 en 2025.
En ese periodo hubo un escalamiento del conflicto armado, a pesar de las treguas decretadas en el marco de la “paz total”. Se incrementaron los ataques a guarniciones militares y los bombardeos con drones terroristas, los cuales tienen capacidad para lanzar granadas de mortero desde el aire.
Una de las innovaciones recientes de los criminales es el ataque con drones en modalidad de enjambre, en los cuales se utiliza software de inteligencia artificial para coordinar el despliegue de los aparatos.
Así sucedió este martes en el municipio de Bolívar, Cauca, donde el ELN atentó con tres drones coordinados contra las tropas de la Tercera División del Ejército. Las granadas cayeron cuando avanzaban por un sendero del corregimiento Guachicono, dejando a un soldado herido.
Los principales grupos armados organizados incrementaron sus filas, aprovechando las gabelas de la “paz total”, la intermitencia de la ofensiva de las FF.MM. y los lucrativos ingresos del narcotráfico y la minería ilegal de oro. Hoy cuentan con unos 27.000 delincuentes en sus huestes, entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
En las conclusiones de su informe “El poder armado en expansión” (mayo 2026), la Fundación Conflict Responses concluyó de cara al próximo gobierno: “Una tarea central será parar, en lo más posible, el fortalecimiento de los Grupos Armados Organizados (GAO). Incluso, la contención de ellos será un avance. Ya han pasado ocho años en que, en general, se han podido fortalecer y aumentar su capacidad de cometer acciones violentas de todo tipo, entre ellos y contra la población civil. Mejorar la vida de las comunidades afectadas por los conflictos armados y el crimen organizado en términos de seguridad es una tarea de Estado”.
Frente a este situación, el presidente electo Abelardo de la Espriella, en el capítulo de la “Seguridad Milagro” de su plan de Gobierno, prometió: “Crearé comandos conjuntos operacionales en las regiones decisivas y concentraré allí Fuerza Pública, inteligencia, policía judicial, justicia y presencia institucional”.
Anunció que “reforzaremos el control de fronteras con presencia militar, policial, tecnológica y judicial; modernizaremos la inteligencia estratégica; fortaleceremos la ciberdefensa; crearemos sistemas de interoperabilidad real entre agencias; y desmontaremos toda estructura paralela de coerción, milicia o intimidación que pretenda sustituir o condicionar la soberanía de la República”.
Informó también que “quitaremos el oro a las mafias y le devolveremos la riqueza minera a la nación. La respuesta no será de operativos aislados. Será de control territorial, trazabilidad del mineral, destrucción de maquinaria criminal, persecución del lavado, formalización minera seria donde corresponda, protección de comunidades y recuperación ambiental”.