CSU de la U. Nacional gambetea fallos de Consejo de Estado y nombra rector encargado

Con la participación y el voto de cinco de los seis actuales miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), la Universidad Nacional quedó con rector, pero en calidad de encargo y no en manos de quien fue designado legalmente en marzo de 2024 —José Ismael Peña—, como lo estipuló el Consejo de Estado en fallo de septiembre pasado. El vicerrector general Andrés Felipe Mora Cortés fue nombrado este lunes mientras se decide qué hacer con el cargo.

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Los miembros del CSU que avalaron este nombramiento fueron el representante del Consejo Nacional de Educación Superior, Víctor Manuel Moncayo; la representante de los directivos académicos, Lucía Botero Espinosa; el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, y las delegadas de Presidencia de la República, Danna Nataly Garzón y María Alejandra Rojas.

El representante de los profesores, Diego Torres, se retiró de la sesión —que se extendió hasta la noche del 24 de noviembre— alegando falta de garantías y advirtiendo que sus colegas consejeros iban a prevaricar nombrando un rector encargado (movimiento que él señala como ilegal).

Con la misma votación (cinco votos a favor y la abstención de Torres) el CSU aceptó la renuncia del profesor Leopoldo Múnera, quien estuvo en la Rectoría de la Nacional desde junio de 2024 y cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado el pasado 20 de noviembre.

Con la aceptación de esa renuncia, el máximo órgano de gobierno universitaria declaró la vacancia en la Rectoría y sostiene que el fallo de la alta corte no tiene efectos restitutivos o restaurativos. Es decir, que si bien la designación legal fue la de Peña, la sentencia no ordena que sea nombrado en el cargo.

El aparte del que se agarran los consejeros que apoyan esa posición es uno de los puntos finales de las consideraciones del fallo de nulidad electoral de José Ismael Peña, proferido el 4 de septiembre. Allí se expuso que esa decisión “no implica que esto tenga como consecuencia su regreso al cargo, pues se insiste este juez de lo electoral se limitó a definir su legalidad y no al reconocimiento de derecho alguno, por no ser de su competencia”.

Sin embargo, el profesor Diego Torres insistió durante la sesión extraordinaria del lunes que se estaba cometiendo una ilegalidad al aceptar la renuncia de Múnera, pues, en términos estrictos, nunca fue rector de la universidad y, por lo tanto, no se le podía aceptar.

“Él no es rector de la universidad. Es absolutamente claro que no lo fue. Y si se están jugando por aceptar una renuncia, hago la misma advertencia que hice hace diecisiete meses: voy a contar los días para demostrárselos. No admite recursos, ya fue notificado. Aceptarla nos mete en un problema. Si no le temen a Dios, por lo menos témanle a la justicia”, aseguró el representante de los docentes.

Por su parte, la delegada presidencial María Alejandra Rojas anotó sobre esto que “la declaratoria de la vacancia es, en últimas, una consecuencia lógica de lo que establecen las sentencias: una sentencia que niega la nulidad de una designación sin ordenar restablecimiento de derechos y otra que declara la nulidad de una designación”.

Si bien el viceministro Moreno, quien presidió la sesión, planteó la posibilidad de pedir una aclaración al Consejo de Estado sobre este particular, fue negado por los consejeros que votaron; entre tanto, los integrantes de ese órgano señalaron que el rector encargado tenía la finalidad de darle continuidad a los procesos académicos y darle estabilidad administrativa a la Universidad Nacional.

Vale recordar que una actuación preventiva de la Procuraduría General de la Nación sobre los riesgos de reiteración de irregularidades en la elección de directivos universitarios planteó la imposibilidad de usar esa figura de nombrar un rector encargado.

En sus requerimientos al Ministerio de Educación, el ente de control señaló que tiene que explicar cómo garantizará que sus actuaciones —mediante resoluciones, conceptos, circulares o comunicaciones— no se interpreten “como orden administrativa sobre decisiones reservadas al CSU”.

De igual manera, se le pidió un informe de “cómo implementará (...) las conclusiones del Consejo de Estado sobre: límites de intervención, respeto por la autonomía universitaria, prohibición de incidir en procesos internos de elección de rector, ausencia de competencia para ordenar “correcciones” o rehacer actuaciones electorales”.

Así mismo, recordó que “cualquier intento de reabrir o modificar decisiones electorales internas, por vía administrativa, configura un desbordamiento competencial y un riesgo para la autonomía universitaria”.

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