¿Qué pasa con las dos curules de la Cámara de Chocó que el CNE no ha podido entregar?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que, tras culminar el escrutinio departamental en la mayor parte del país, la adjudicación de curules se encuentra prácticamente lista, con excepción de los departamentos de Cundinamarca y Chocó.

Mientras que en Cundinamarca el proceso avanza para resolver más de 700 reclamos, la situación en el Chocó ha escalado a una instancia superior. Debido a la falta de acuerdos y a denuncias sobre la ausencia de garantías de seguridad, el escrutinio de este departamento fue trasladado directamente a Bogotá, donde la Sala Plena del organismo determinará el destino de los dos escaños en disputa.

La tensión alcanzó su punto máximo el pasado domingo 22 de marzo durante la audiencia final de la comisión departamental. Tras revisar las 1.280 mesas de la región, los delegados Wilson Ramiro Angulo y Liza Lorethy Lozano dejaron constancia en el acta final de que se abstenían de declarar la elección ante la existencia de múltiples resoluciones apeladas.

Sin embargo, más allá de los tecnicismos legales, la grabación de la sesión reveló un trasfondo de intimidación. La delegada Lozano denunció públicamente haber sido objeto de presiones indebidas y amenazas.

¿Qué pasa con los votos en el Chocó?

El trasfondo de esta disputa radica en el estrecho margen de votos que separa al Partido de la U de los sufragios del Partido Conservador para obtener la segunda curul del departamento. La primera la ganó el Partido Liberal.

Con una diferencia de apenas poco más de 1.000 votos, la pelea se ha dado sufragio a sufragio, generando fuertes acusaciones de lado y lado.

El Partido Conservador ha reiterado sus denuncias sobre presuntas inconsistencias entre el preconteo y el escrutinio oficial, exigiendo una revisión transparente con acompañamiento de veedurías internacionales.

El desacuerdo jurídico entre los delegados se centra específicamente en tres mesas de votación ubicadas en los municipios de Medio San Juan y Atrato.

En los dos primeros casos, se detectó que los formularios E-14, donde se registran oficialmente los votos, carecen de las firmas de los jurados de votación.

En el tercer caso, los formularios simplemente desaparecieron y no existe respaldo de ellos en los sistemas. Estas irregularidades técnicas se han convertido en el eje del debate, ya que la validez o anulación de estos votos podría cambiar el resultado final de la contienda.

Para la delegada Lozano, la ley es tajante al señalar que las actas de escrutinio solo son válidas si están firmadas por al menos dos jurados, por lo que defendió la exclusión de estas mesas del conteo final.

Por el contrario, el delegado Angulo argumentó que la falta de una firma es una falla formal que no debería anular el derecho fundamental al voto de los ciudadanos, sugiriendo que los puestos deben ser sumados al total.

Esta discrepancia, que involucra aproximadamente 600 votos, es la que finalmente resolverá el CNE en Bogotá, definiendo si la segunda curul permanece en manos de la actual representante Astrid Sánchez Montes de Oca (Partido de la U) o cambia de colectividad.

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