1.500 menores reclutados y 651 masacres: HRW denuncia desastre de la ‘paz’ de Petro

El diagnóstico de dos de las entidades más respetadas en materia de DD.HH., la Defensoría del Pueblo y Human Right Watch, le pone el dedo en la llaga a una de las peores herencias que recibe el nuevo gobierno de Colombia: un orden público desbaratado y sangrante.

La Defensoría expuso un informe que retrata los principales problemas de DD.HH. que persisten en el país: violencia, desigualdad, crisis ambiental, brechas rurales y amenazas contra libertades democráticas.

Se trata de la Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir, un documento elaborado por la entidad bajo la dirección de Iris Marín, y que ya fue entregado al presidente Abelardo De la Espriella.

El informe busca convertirse en un insumo para las decisiones que deberá tomar el nuevo Gobierno y el Congreso.

Disidencias de Farc en expansión

De acuerdo con el monitoreo presentado, durante 2026 se ha identificado una presencia permanente e intermitente de las disidencias de las Farc en 372 municipios.

Entre las estructuras con mayor alcance territorial aparece el Estado Mayor Central (EMC), liderado por Néstor Vera (“Iván Mordisco”), con presencia en 239 municipios; seguido por el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), bajo el mando de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), en 140 municipios.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el caso de más avances en la “Paz total” del pasado gobierno, figura en 68 municipios; mientras que la Segunda Marquetalia, cuyo máximo cabecilla es Luciano Marín “Iván Márquez”), está en 46 municipios.

Por su parte, el Frente 57, identificado por la Defensoría como una disidencia independiente, registra actividad en 22 municipios.

El monitoreo identifica 24 municipios donde se ha detectado accionar de disidencias aún sin identificar, lo que evidencia que el mapa de las estructuras armadas continúa en transformación.

Grupos de origen paramilitar

Durante este año, el monitoreo de la Defensoría estableció que el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) se mantienen de manera permanente o intermitente en 509 municipios.

El Clan está en 383 municipios, logrando una hegemonía sostenida en extensas zonas del país. A esta cifra se suman otros 85 municipios donde la estructura ejerce una presencia intermitente, subrayando el alcance casi nacional de sus redes de operación.

Las ACSN tiene accionar permanente en 29 municipios, y en otros 12 registra una actividad intermitente.

Las masacres no paran

Entre 2019 y el 18 de julio de 2026, el país registró 651 masacres que dejaron un acumulado de 2.380 víctimas.

Esta persistencia evidencia un escenario crítico en los territorios, donde la letalidad de los grupos armados mantiene un impacto directo sobre la población civil.

El pico más alto de víctimas ocurrió en el 2020, con 378 muertes derivadas de 91 casos, mientras que 2021 concentró la mayor cantidad de eventos (96 masacres).

Si bien entre 2024 y 2025 las cifras mostraron un ligero descenso frente a años anteriores, el panorama de 2026 genera alerta: en poco más de un semestre (con corte al 18 de julio) ya se habían documentado 71 masacres con 282 víctimas, una cifra de letalidad que supera de manera prematura los totales registrados durante todo el 2024 (267 víctimas) y el 2025 (256 víctimas).

Violencia contra firmantes de paz

Otro de los apartes del documento revela que la violencia contra los reinsertados continúa siendo un obstáculo crítico para la implementación de los acuerdos de paz.

Entre 2017 y 2026 se han reportado 521 homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc (2016).

Al analizar la evolución anual de estos crímenes, los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, citados en el informe, exponen que los picos de mayor letalidad se concentraron entre 2019 y 2020, alcanzando en este último año la cifra más alta del periodo con 83 víctimas totales.

Tras ese periodo crítico, la violencia se mantuvo constante, registrando 55 casos en 2021 y estabilizándose en 50 homicidios anuales en 2022 y 2023. Aunque en 2024 hubo una disminución a 31 casos, para 2025 la cifra repuntó nuevamente a 39.

Comunidades confinadas

Entre 2019 y 2025, el número de personas sometidas a confinamiento aumentó a más del triple, evidenciando cómo la confrontación armada y el control de los grupos ilegales paralizan la vida en diversas zonas del país.

Mientras que en 2019 se contabilizaron 19.434 víctimas de confinamiento, la situación se recrudeció severamente entre 2024 y 2025, años que marcaron los picos históricos con 66.730 y 65.074 víctimas, respectivamente.

Para el año 2026, el reporte parcial con corte al mes de junio registraba 1.767 víctimas de este flagelo.

El auge de la coca

Uno de los datos que más preocupa a la entidad está relacionado con la expansión de los cultivos de coca y otras plantaciones de uso ilícito.

Las hectáreas sembradas con coca pasaron de 142.783 en 2020 a 261.386 en 2024, un incremento de más de 118.000 hta en apenas cuatro años.

Solo entre 2023 y 2024 se sumaron más de 7.815 hectáreas de cultivos de coca, de acuerdo con la última medición de Naciones Unidas.

La expansión de estos cultivos ocurre en un contexto en el que las economías ilegales continúan teniendo una fuerte capacidad para controlar territorios, financiar estructuras armadas y profundizar la vulnerabilidad de las comunidades rurales.

El balance también pone la lupa sobre los resultados de la política de sustitución. En el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) permanecen inscritas 99.097 familias campesinas y étnicas.

Sin embargo, solo el 11 % ha recibido la totalidad de los apoyos previstos para desarrollar proyectos productivos de ciclo largo.

El dato evidencia una de las dificultades de la política antidrogas: la reducción de los cultivos ilícitos no depende únicamente de la erradicación, sino de la capacidad del Estado para ofrecer alternativas económicas sostenibles a las comunidades que dependen de estas economías.

El bajo nivel de cumplimiento de los proyectos productivos deja a miles de familias en una situación de vulnerabilidad frente a los grupos armados y las rentas ilegales.

Reclutamiento forzado disparado

En los últimos cinco años, 1.500 niños han sido arrancados de sus casas, escuelas y comunidades para engrosar las filas de grupos armados.

A partir de 2023 este delito empezó a aumentar, hasta alcanzar en 2024 los niveles más altos jamás documentados en un período tan corto. Así lo advierte Human Rights Watch (HRW) en un extenso informe que le pide al gobierno del presidente De la Espriella una política integral de seguridad y justicia para frenar el reclutamiento forzado de menores.

La organización cruzó los registros de la Defensoría y la Fiscalía, dos fuentes que, pese a sus diferencias metodológicas, coinciden en un punto: el despegue comenzó a inicios de 2023 y la tendencia se mantuvo en niveles altos durante todo 2024.

De acuerdo con los registros de la Fiscalía, en 2023 se registraron 824 víctimas de reclutamiento en el país para pasar en 2024 a 1.557 registros. Esto representa un aumento del 88,9 % en un año.

El departamento del Cauca concentra el 57 % de todos los casos. Y es que apenas 20 municipios —el 1,8 % del total nacional— agrupan el 61 % del reclutamiento documentado en el país, y 14 de esos 20 municipios quedan en Cauca.

Detrás de ese mapa hay un actor dominante: las disidencias de las Farc, y en particular el EMC, son responsables del 74 % de los casos entre 2021 y 2025 en todo el país.

En ese departamento, en 2022 fueron reclutados 17 niños, la cifra saltó a 237 en 2023 y volvió a escalar hasta 290 en 2024. Solo en 2025, el EMC concentró el 43,4 % de todos los reclutamientos.

Uno de los hallazgos del informe tiene que ver con el género de las víctimas. Durante décadas, las niñas fueron una minoría dentro del reclutamiento armado: representaban el 31,8 % de los casos vinculados a las antiguas FARC y el 34,3 % de los del ELN.

Esa proporción empezó a crecer de forma sostenida desde 2021 y en 2025 llegó a un máximo histórico: el 43 % de las víctimas fueron niñas.

Ellas no solo comparten el destino de sus compañeros varones —entrenamiento militar, combate, trabajo forzado—, sino que además quedan expuestas a formas específicas de violencia de género, incluidos abusos sexuales, según documenta HRW.

Otra de las poblaciones más afectadas por este delito son los indígenas, pues casi la mitad de los menores reclutados entre 2021 y 2025 pertenecen a estas comunidades.

Es decir, un niño indígena tiene una probabilidad más de diez veces superior a la de cualquier otro menor del país de terminar reclutado por un grupo armado. El 80 % de estas víctimas indígenas se concentra en Cauca.

A esa vulnerabilidad se suma la edad: más del 30 % de los casos corresponde a niños y niñas de entre 10 y 14 años.

Human Rights Watch describe una transformación en la forma de reclutar que ya ha venido siendo alertada: la captación ahora tiene toda una estrategia que se despliega en redes sociales.

En 2025, el 44 % de los menores reclutados en Colombia fueron captados a través de redes como TikTok y Facebook.

En TikTok, los grupos difunden contenido que glorifica la vida armada: videos con armas y fajos de dinero, musicalizados con narcocorridos o rap para idealizar el estatus del combatiente. A eso se suman testimonios de otros menores ya reclutados que, en videos analizados por HRW, llegan a admitir haberse unido a los 13 o 14 años.

En Facebook utilizan publicaciones que ofrecen “trabajos bien remunerados” en fincas o cultivos y prometen cubrir los gastos de transporte y logística. Desde esas cuentas los reclutadores contactan de forma directa a los menores por mensajes privados, ganándose su confianza con regalos.

Los videojuegos en línea son el frente más reciente. HRW advierte que los propios algoritmos de recomendación amplifican el problema.

Mientras el reclutamiento creció, la respuesta judicial no lo hizo. Entre 2016 y 2025 se abrieron 3.947 noticias criminales por reclutamiento ilícito de menores. De ese universo, solo el 1 % (45 casos) llegó a la etapa de investigación formal, y apenas el 0,2 % (nueve casos) terminó en una condena.

El plan inicial del Gobierno

Aunque las primeras medidas del Gobierno en materia de orden público quedaron opacadas por la atención a la emergencia del terremoto del 10 de agosto y el consecuente plan de reconstrucción, De la Espriella ya ha tomado una serie de decisiones para recuperar la seguridad.

Recompuso las relaciones diplomáticas con países estratégicos, como Estados Unidos, Israel y Ecuador, y anunció el ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles, junto a otras 18 naciones.

También desmontó las mesas de “paz total”, que a su juicio fueron las causantes del incremento de la violencia en el último cuatrienio.

De igual manera, ordenó una ofensiva militar y policial generalizada contra los grupos armados ilegales, autorizando su primer bombardeo a los tres días de su llegada al poder. Murieron dos miembros del ELN en el Catatumbo.

Dentro de su plan de choque para recuperar la seguridad, también anunció que creará un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana en las ciudades capitales; que reintegraría a los oficiales de las FF.MM. más calificados, que fueron retirados en el gobierno anterior sin justificación; y que revivirá la estrategia de fumigación aérea de cultivos ilícitos con bioherbicidas.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿En cuántos municipios tienen presencia las disidencias de las Farc en 2026?

En 2026, la Defensoría del Pueblo identificó presencia permanente o intermitente de las disidencias de las Farc en 372 municipios de Colombia. El EMC registra presencia en 239 municipios y el EMBF en 140.

¿Cuántos niños han sido reclutados por grupos armados en Colombia y qué grupo concentra más casos?

En los últimos cinco años se han registrado 1.500 menores reclutados. Entre 2021 y 2025, las disidencias de las Farc, particularmente el EMC, fueron responsables del 74 % de los casos registrados en el país.

¿Qué medidas anunció el Gobierno de Abelardo De la Espriella para recuperar la seguridad en Colombia?

El Gobierno anunció una ofensiva militar y policial contra los grupos armados, el ingreso a la Coalición de las Américas contra los Carteles, la creación de un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, el reintegro de oficiales de las Fuerzas Militares y el regreso de la fumigación aérea de cultivos ilícitos con bioherbicidas.