Mujer pide indemnización al Banco Agrario tras ser despedida mientras criaba un hijo con enfermedad huérfana

A sus 34 años, Kelly Orduz Robledo sobrelleva el duelo de haber perdido un hijo. Era su segundo hijo y murió cuando tenía 1 año. Tenía diagnosticada desde que nació una enfermedad huérfana llamada atrofia muscular. Este duro golpe para ella llegó en un momento en donde tenía el mundo encima: su esposo estaba hospitalizado y llevaba un mes desempleada cuando era el principal sostén económico de su hogar.

Ni tres semanas han pasado desde la muerte de su hijo Liam Kelbert (falleció el 12 de septiembre). Y aunque sabe que nada se lo devolverá, está a la espera de que el Banco Agrario de Colombia le dé respuesta a una solicitud de indemnización, de reconocimiento institucional y garantías de no repetición con otros trabajadores. Kelly asegura que, a pesar de que en esa entidad sabían que era madre cabeza de hogar y las circunstancias médicas de su hijo, le terminaron el contrato el 10 de agosto de 2025.

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Lo anterior, dice ella, también ocurrió pese a los pedidos de ella y de la Unión Sindical de Empleados Financieros de Colombia (Usef) para que reconsideraran esa determinación. Primero, por su buen desempeño laboral y segundo, porque debido a la condición médica del niño, tenía que viajar a Medellín cada 15 días para hacerle unas terapias.

Un primer despido del Banco Agrario

Según el contó Kelly Orduz a EL COLOMBIANO, inició a trabajar como asesora comercial del Banco Agrario en agosto de 2022 y a inicios de 2023 quedó embarazada. Dio a luz en octubre de ese año, pero con el paso del tiempo empezó a notar que el bebé no se sostenía ni se sentaba solo.

Mientras hacía diligencias médicas en la capital antioqueña para que le dieran un diagnóstico del hijo, se enteró en agosto de 2024 que el Banco le terminó su contrato aplicando la cláusula presuntiva, que es una figura que permite que los contratos a término indefinido en el sector público puedan terminarse en seis meses.

Para ese entonces, y después de pedir que no le terminaran su contrato por la situación de fuerza mayor que vivía, la entidad reconsideró su decisión y la mujer pudo seguir trabajando.

En el medio, tenía que costear los viajes cada dos semanas, en los que gastaba $150.000 en pasajes de bus interdepartamental y hasta $350.000 en tiquetes de avión, si la vía Quibdó–Medellín estaba cerrada o con problemas. Por ello, intentó pedir traslado a la regional de Antioquia para así escatimar en gastos de transporte.

No obstante, asegura, no pudo hacer el cambio. Aún así, y con toda la situación de Liam, rendía en su trabajo, en donde era calificada por colocación y desembolso de créditos.

Un segundo despido

La historia de 2024 se repitió para Kelly. Justo al año del primer despido —que apeló al plazo presuntivo— el 4 de agosto de este año le llegó un correo informándole que terminarían su contrato tras tres años en la entidad.

Un correo que la mujer les envió señala que en el Banco sabían “de mi connotación de madre cabeza de familia y respondo directamente por mi hijo, el cual está diagnosticado con una enfermedad huérfana (...) desde su nacimiento”. Por ello, en la misma comunicación les pidió reconsiderar “ese procedimiento y se me permita seguir laborando como funcionaria responsable y cumplidora de mis deberes, con el fin de que se pueda cometer una presunta injusticia en mi contra”.

El mencionado sindicato también hizo gestiones y solicitudes ante las directivas de la entidad para que tomaran la misma decisión de un año atrás y no le cancelaran el contrato. Sin embargo, la orden se mantuvo y el 8 de agosto se terminaba su vínculo laboral, que se extendió hasta el 11 de agosto por el festivo de esos días.

La muerte de Liam Kelbert

Cumplía un mes de estar desempleada. La seguridad social de ella y de su hijo, que corría por cuenta de su salario, quedó en el limbo. Y, en medio de una situación médica en la que cada 15 días se requiere desplazamientos y servicios de salud, quedar cesante era una cuestión de alto riesgo.

Fue así como, según le contó a este diario, el pasado 11 de septiembre le informaron en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó que ella, y por lo tanto su hijo, no aparecían afiliados a la EPS Coosalud (con la que había manejado todas las terapias hasta el momento).

Al otro día, el 12 de septiembre, sobre las 05:30 de la mañana, el bebé empezó a tener convulsiones, que fueron estabilizadas por los médicos del centro asistencial. Pero otro episodio así se repitió horas después y falleció a las 08:30 a.m.

A 18 días de ese suceso, Kelly hoy se encuentra pasando por el duelo (en el que pasó doce días sin salir de su casa) y preparando acciones legales contra el Banco Agrario. “Tenía la idea de pedir un reintegro al trabajo, pero ahora prefiero no, a pesar de que es un buen lugar donde uno crece y tiene oportunidades, porque en un año volverán a hacerme lo mismo. Lo que quiero ahora es una reparación e indemnización por daños y perjuicios”, expresó a EL COLOMBIANO.

En las últimas semanas ha asistido a terapia psicológica con su otra hija, de 9 años, mientras intenta retomar su vida en medio del dolor de llegar a su casa y no ver a Liam. “Nos dijeron que viviría poco, pero uno no está preparado para eso. Él avanzó mucho y movía las manos. Uno siempre esperaba que se recuperara”, aseguró.

La denuncia ante el Ministerio del Trabajo

El día que murió el hijo de Kelly, la presidenta de la Usef, Olaris Molina, envió una carta de solicitud urgente a las directivas del Banco Agrario y al Ministerio del Trabajo por esta situación, que calificó como una violación de la Convención Colectiva Nacional. Esta, menciona la carta, “dispone que las posibles desvinculaciones deben ser consultadas y debatidas en el Comité Obrero Patronal antes de adoptarse cualquier decisión”.

“En este caso, el asunto no fue debatido ni sometido a consideración del Comité, sino simplemente informado como una decisión ya tomada”, indicó la solicitud.

En el mismo sentido, la líder sindical expresó que la desvinculación de Kelly Orduz “la dejó sin seguridad social ni recursos económicos para atender la enfermedad huérfana y congénita que padecía su hijo, privándolo del acceso oportuno a tratamientos y cuidados médicos indispensables”.

Incluso, señaló que la muerte del bebé “constituye un perjuicio irreparable directamente relacionado con la decisión arbitraria e ilegal de la entidad, que actuó en abierta contravía de la ley, la Constitución y los compromisos internacionales de Colombia”.

Por eso, el sindicato pidió al Banco Agrario reconocer su “responsabilidad institucional por el despido” de la trabajadora, darle una indemnización integral por los perjuicios causados y adoptar garantías de no repetición para que no vuelve a haber casos de desvinculaciones de personas en condiciones de especial protección.

EL COLOMBIANO buscó al Banco Agrario para conocer su versión sobre estos hechos y respondió que encontraron “comportamientos no acordes con los principios de integridad del Banco Agrario, así como un bajo desempeño” y que tuvieron “varias advertencias de parte de seguridad bancaria, que están debidamente documentadas, en donde se alertó sobre un manejo indebido de recursos de varios de nuestros clientes”.

Por otro lado, aseguraron que no tenían “registros formales donde se reporte la condición de madre cabeza de hogar” y que “siempre recibió los permisos correspondientes” para la atención de su hijo.

Entre tanto, la EPS Coosalud, a quien se le consultó sobre la afiliación de Kelly y su hijo tras la terminación del contrato, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

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