Educación

Solo una de 34 universidades públicas es sostenible: duro informe de la Contraloría

El informe de la Contraloría concluye que la educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural. Estos fueron los hallazgos.

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hace 5 horas

Solo una de 34 universidades públicas de Colombia es autosostenible financieramente. Esa fue la conclusión que arrojó un estudio realizado por la Contraloría General de la República, denominado “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”. Este informe abarcó un análisis técnico de la situación presupuestal, operativa y financiera de esas instituciones.

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Para ello, se analizaron los ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento de las universidades, con el fin de identificar riesgos financieros, brechas estructurales y oportunidades de fortalecimiento institucional.

En ese sentido, el informe encontró que hay una alta concentración de recursos públicos en un reducido grupo de instituciones, que son las que tienen mayor cobertura académica y de matrícula. Se trata de la Universidad Nacional, la Universidad Abierta y a Distancia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos del orden territorial.

Esos recursos están distribuidos de manera inequitativa: los ingresos por estudiante varían de $11.426.139 en la Universidad Nacional a $525.777 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El promedio general es de $4.512.090, para todas en el periodo 2019 a 2024.

La Universidad Nacional y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia representaron el 36,3 % de los gastos y el 50 % de los costos, mientras que la Universidad de Antioquia y del Valle concentraron el 36,4 % de los gastos y el 44,4 % de los costos, respectivamente.

El 75,8% de las instituciones de educación superior (25) registra indicadores iguales o superiores a 3, que significa una adecuada capacidad para respaldar sus obligaciones financieras.

Sin embargo, el 24,2 % (8) presenta niveles de solvencia inferiores a tres, que significa una menor capacidad de cobertura de sus obligaciones y, en algunos casos, márgenes de maniobra financiera limitados.

El pasivo pensional del sistema universitario público alcanza los $10,3 billones en 2024, cifra que podría incrementarse por la falta de actualización de cálculos actuariales en varias universidades. De este, el mayor corresponde a la Universidad Nacional, con $4,5 billones, seguido por el de la Universidad del Valle, con $1,4 billones. En conjunto, representan el 57,8 %.

En ese sentido, el ente de control fiscal señaló que el pasivo pensional continúa siendo uno de los factores de mayor presión para las cifras de las universidades públicas, especialmente para aquellas con menor capacidad de generación de recursos propios.

Así mismo, advirtió que el proyecto de ley que reformó la financiación de universidades públicas (aprobado por el Congreso) tiene diferencias en las estimaciones según la metodología y el horizonte de análisis. Mientras el Ministerio de Educación proyecta un costo de $22,1 billones para el período 2027-2040, la Contraloría estima un impacto de $27,8 billones para 2027-2036, pues en este se incorpora el costo total de mantener la base de $0,7 billones destinada a las instituciones técnicas.

En sus conclusiones, el informe de la Contraloría señaló como pertinente que la sostenibilidad del sector público de la educación requiere la diversificación de las fuentes de ingreso, el ajuste anual de los recursos conforme a los costos reales del sector y la protección de los recursos misionales frente a la carga pensional y el endeudamiento.

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