EXCLUSIVO: El sargento “Kevin”, otro eslabón perdido de los archivos de “Calarcá”
Exclusivo: una operación sicarial para matar a un agente de Inteligencia Militar y la incautación de varios dispositivos de información en una guarida de las Farc son nuevas fichas del rompecabezas de la infiltración de las disidencias en las FF.MM.
Periodista especializado en temas de crimen organizado, terrorismo y conflicto armado. Creador del podcast Revelaciones del Bajo Mundo. También soy escritor y dramaturgo, autor de las obras teatrales “La Trilogía del Mal” y “Estallido”.
Hace ocho días el país se enteró de que las disidencias de alias “Calarcá” tendrían infiltradas a las Fuerzas Armadas y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el escándalo más grave que capotea el Gobierno. EL_COLOMBIANO encontró a otro militar que, al parecer, también trabajaba para estos criminales: se trata del sargento Édgar Garzón, conocido con el alias de “Kevin”.
Esta historia empieza así: “El pasado domingo me entró un mensaje al celular, que decía: ‘Ponga el noticiero, están pasando un informe sobre alias ‘Calarcá’, mire el minuto 20’. Ahí mismo prendí el computador y vi el reportaje. Mostraron la hoja de vida de un agente de Inteligencia, que estaba en poder de ese bandido. Era la mía. Con esa era que me iban a matar”.
El agente dio un sorbo a su café, en una repostería de Medellín, donde conversó con EL COLOMBIANO sobre el escándalo de infiltración del terrorismo en las altas esferas del Estado. En la mesa del lado, un amigo suyo miraba con recelo la entrada del local, por si algún sospechoso ingresaba. Ambos estaban armados y alertas.
El pasado 23 de noviembre, Noticias Caracol hizo pública parte de la información decomisada por la Dijín y la Fiscalía en los dispositivos de almacenamiento de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), el jefe de la disidencia de las Farc denominada Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), quien fue detenido en una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), junto a varios de sus lugartenientes, en un puesto de control del Ejército en Santo Domingo, Antioquia, el 23 de julio de 2024.
Aunque el cabecilla fue dejado en libertad, pues estaba protegido por un decreto presidencial que lo nombró gestor de paz, las autoridades lograron legalizar en audiencia los aparatos incautados.
En el análisis forense se recuperaron mensajes, conversaciones y documentos que daban cuenta del funcionamiento de la disidencia, y de sus presuntas conexiones con funcionarios corruptos del Estado. De momento han resultado salpicados el general Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, los cuales fueron suspendidos por la Procuraduría.
Pero la infiltración de las disidencias en las agencias del Estado sería más profunda. “Ahí hay mucha más gente metida, como ‘Kevin’”, narró el agente, mirando de reojo la entrada del local.
Se refería al sargento segundo Édgar Egidio Garzón Lozano, un curtido hombre de la Inteligencia Militar, quien, al parecer, es la ficha que falta en este rompecabezas, el eslabón perdido de los archivos de “Calarcá”.
La conspiración para matar
“Esto empezó en febrero de 2023, cuando un informante me llamó a las 11:00 de la noche y me dijo que nos teníamos que ver urgentemente”, relató el agente, cuya identidades se reserva por seguridad.
El informante era un exmiembro de las disidencias de las Farc que, tras caer a la cárcel, comenzó a cooperar con el Ejército.
“Nos encontramos por La Aguacatala y él estaba con otro man. Me dijeron que les habían ofrecido $50 millones para matarme, que porque yo estaba generando muchas capturas y operativos contra la gente de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ en Antioquia, Córdoba y Bolívar. Que la orden venía del bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central de las Farc”, afirmó la fuente.
Según él, dicho plan estaba siendo orquestado por Lenin Quintero Moyano (“Pedro”), cabecilla del frente 37 y coordinador del bloque en ese momento, en conspiración con un excompañero suyo, el sargento Édgar Garzón, a quien en el bajo mundo apodaban “Kevin”.
Ese suboficial tenía una larga carrera en el Ejército, donde trabajó en los batallones de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de la Séptima División (Baimi 7 y Bacim 7), y en el Batallón de Contrainteligencia de la Segunda División (Bacim 2).
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“El sargento recibía sobornos de las disidencias para cantarles los operativos y delatar a los agentes que perseguíamos a los cabecillas. Les entregó mis fotos y el Estudio de Seguridad Personal, que es la historia laboral que tenemos en el Ejército, donde aparecen las direcciones de mi casa y de mis papás”, contó el uniformado.
“El informante no quiso matarme, porque cuando él estuvo en la cárcel yo le colaboré a su esposa, a cambio de la información que él me daba. Entonces me agarró cariño, pero tuve que irme a vivir a otra parte y cambiar mis rutinas”, prosiguió.
La conspiración continuó su curso, con los sicarios montando vigilancia en las afueras de su casa y la de sus padres, en un pueblo de Antioquia, y con el agente escondiéndose.
Hasta que el 7 de agosto de 2023 la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) localizó el campamento de “Pedro” en la vereda La Concha, del municipio antioqueño de Yondó. El asalto corrió por cuenta del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes), que dio de baja al cabecilla en pleno combate.
Según el reporte oficial de la operación, en la guarida fue capturado uno de sus escoltas e incautaron un computador portátil, un Ipad, 29 memorias USB y 11 celulares.
Filtración de informes
La información contenida en los aparatos quedó a cargo de un despacho de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado de Cúcuta, que actúa en calidad de Unidad Judicial Especial Antiterrorista, por mandato de la Dirección Central de la Fiscalía.
El análisis de los dispositivos reveló las conversaciones secretas de “Pedro” con los cabecillas de todos los frentes que coordinaba, el 37, 36, 33, 24, 18 y 4; los reportes a sus superiores, como “Calarcá”; y el intercambio de mensajes con los presuntos oficiales corruptos del Estado, incluyendo al sargento “Kevin” y otros cuyos nombres no han salido a la luz pública.
“Me llamaron de la Fiscalía en abril de 2024, para que declarara en el proceso penal contra ‘Kevin’. Ahí pude ver la parte de esa información incautada que hablaba sobre mí, donde estaban mi Estudio de Seguridad, un video que hicieron de la entrada de mi casa y varias conversaciones. En una de ellas, ‘Pedro’ decía que la idea no era matarme de una, sino secuestrarme, torturarme y que luego cinco personas me vaciaran los fusiles”, detalló el agente.
El 5 de julio de 2024, en una casa del barrio El Pesebre, de Medellín, la Policía capturó al sargento Garzón (“Kevin”).
En la audiencia de control de garantías, cuyos detalles fueron conocidos por este diario, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio (la del agente entrevistado) y asesoramiento ilegal a grupos armados.
“Usted aportó las actividades necesarias que permitían permear a las Fuerzas Militares y los entes de seguridad del Estado, con el fin de afectar su misionalidad, estructura y objetivos; por esto se coordinaban planes sicariales en contra de miembros de las Fuerzas Militares que afectaban a dichas estructuras residuales (las disidencias)”, dijo la fiscal del caso en la diligencia, refiriéndose al suboficial.
Y añadió: “Usted ofreció y facilitó sus conocimientos técnicos, como miembro de Inteligencia del Ejército, a cambio de remuneración y solicitando la misma”.
Según el expediente, dentro de la información que “Kevin” habría entregado a “Pedro” estaban las órdenes de captura de “Ramiro”_y “Leo”, cabecillas de los frentes 18 y 36; y el informe reservado de Inteligencia denominado Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM), que contiene mapas, organigramas y análisis de los grupos armados ilegales.
También se le investiga por la presunta fabricación de evidencia falsa para orquestar montajes judiciales y sacar del camino a otros agentes de Inteligencia y fiscales que persiguen a las disidencias.
En el operativo contra “Kevin” fueron detenidos tres supuestos milicianos que al parecer hacían parte de su red de corrupción: Ruth Caballero Ardila (“la Mona”), sospechosa de hacer espionaje a víctimas de extorsión; Karen Dávila Sánchez (“Karen Giros”), presunta testaferra y líder de finanzas del frente 4; y Andrés Humberto Alzate, quien fungía como enlace entre el sargento y los disidentes.
A estas personas les decomisaron 11 celulares, 4 computadores, 3 memorias USB y un disco duro, con otro caudal de información sensible que permanece en reserva.
Información desperdigada
Dieciocho días después de la captura de “Kevin”, el Ejército interceptó la caravana de la UNP que llevaba a “Calarcá” y a otros 12 disidentes (incluyendo su pareja sentimental) que participaban en el proceso de “paz total” con el gobierno de Gustavo Petro, decomisando los consabidos dispositivos electrónicos.
Fue así como se completó el rompecabezas, pues en los aparatos que manejaban “Calarcá” y su novia Diana Rey Rodríguez (“Érika Castro”), no solo aparecían los reportes que le mandaba “Pedro”, sino los de otros coordinadores de la organización a nivel nacional.
Por eso cuando el agente vio Noticias Caracol, reconoció su Estudio de Seguridad Personal, así como otras conversaciones publicadas que, según él, llevaban la firma de “Kevin”.
“Mijo dígale a ese ‘mk’ que en la jugada porque lo van a joder. Y usted en la jugada que allá tienen a un cabo en Tibú haciendo inteligencia y orientando esos sapos. Ojo mijo”, decía uno de los mensajes incautados.
En otro aparte, expresaba: “Anoche en la reunión con Dijín y Fiscalía hablaron que la fuente fue hasta donde Leo (cabecilla del frente 36) y se quedaron en el campamento y también le tienen el teléfono chuzado”.
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En la audiencia de garantías, el sargento Garzón se declaró inocente. Actualmente está recluido en el Batallón Pedro Nel Ospina, del municipio de Bello (Antioquia), a la espera de que la Fiscalía le formule la acusación formal. El caso se ha dilatado por frecuentes apelaciones de su defensa, al punto de que el expediente fue remitido desde un juzgado de Norte de Santander a uno de Antioquia, por supuestos impedimentos.
El agente desconoce si en la incautación de 2023, en el campamento de “Pedro”, había información que involucrara a más miembros de las FF.MM. o del Gobierno en hechos de corrupción.
Lo cierto es que fue desde ese momento que las autoridades judiciales tuvieron acceso a la intrincada red de contactos de “Calarcá” en la Fuerza Pública, y no solo por el decomiso en la caravana de la UNP el año pasado.
“La información sobre la red de “Calarcá” está desperdigada en cuatro despachos: en el de Cúcuta, acá en Antioquia, en otro de Villavicencio que tiene la orden de captura contra ese bandido, y ahora en Bogotá, porque la fiscal General ordenó remitir parte del expediente para el nivel central”, acotó el agente, mientras pedimos la cuenta en la repostería.
El volumen de datos es tan grande, que la Dijín y el CTI no han terminado toda la extracción y análisis de los mismos, y están entregando paquetes de información fragmentada a la Fiscalía, a medida que los van procesando.
Esto ha permitido la captura de “Kevin” y otros 23 integrantes del bloque Magdalena Medio de las Farc, pero ha sido un proceso tan lento, que “Calarcá” y sus huestes han tenido tiempo de expandir su poder criminal en el país, al abrigo de la “paz total” y sin que la justicia pueda frenarlo.
“Calarcá”, el terrorista protegido por la Paz Total
Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) se convirtió en una especie de “protegido” del gobierno de Gustavo Petro desde finales de 2023, cuando decidió separarse de su socio Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), dejando atrás el Estado Mayor Central de las Farc para montar su propia disidencia: el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
A partir de ese momento, la Casa de Nariño le cerró las puertas de la Paz Total a “Iván Mordisco” y lo convirtió en el enemigo N°1 del Estado, con una recompensa de $5.000 millones por su cabeza; mientras que a “Calarcá” lo nombraron gestor de paz y se sentaron con él en una mesa de conversaciones.
El argumento para la arremetida contra “Iván Mordisco” es la violencia desatada por su frentes en la costa Pacífico y el sur del país, pero los dirigidos por “Calarcá” han perpetrado otros ataques igual de luctuosos, sin que haya consecuencias contra él.
Para empezar, el Gobierno y la Fiscalía ordenaron su libertad cuando fue detenido en julio de 2024 en la caravana de la UNP, a pesar de que iba con armas, joyas y un adolescente reclutado.Tras volver a las conversaciones de paz, como si aquello no hubiera ocurrido, el 27 de abril de 2025, en el sector rural Guanapalo, de Guaviare, sus escuadras mataron a siete militares y dejaron seis heridos.
El 12 de mayo siguiente quemaron un bus en la carretera que va de San Vicente del Caguán a Puerto Rico, en Caquetá, incinerando al sargento viceprimero Carlos Cisneros Maigual, que iba de pasajero.
El 21 de agosto, en el municipio antioqueño de Amalfi, emboscaron a una compañía de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, asesinando a 13 uniformados tras la destrucción de un helicóptero con un campo minado.
Cuando la prensa y delegados del Gobierno en la mesa de paz le han pedido cuentas por estos hechos, “Calarcá” ha dicho que se trató de casos fortuitos, no planeados, producto del conflicto armado.
Pero el contenido de los dispositivos de almacenamiento incautados, sugiere que sus secuaces ya estaba enterados de esas operaciones de la Fuerza Pública de antemano, debido a la infiltración en el Estado, y por eso sus emboscadas han tenido éxito.
Aún así, “Calarcá” sigue en diálogos de paz con la Casa de Nariño. El pasado viernes sus voceros en la mesa publicaron un video negando las infiltraciones y culpando a los periodistas de buscar que retrocedan “los avances significativos y hechos de paz presentados en el séptimo ciclo de la mesa de diálogos”.
Por la destrucción del helicóptero en Amalfi, que dejó los 13 muertos, Estados Unidos ya lo tiene en la mira, pues el aparato había sido prestado a la Policía por ese gobierno, en calidad de comodato, para la lucha contra el narcotráfico.
La recompensa es de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de los responsables de ese atentado, una cifra que cuadruplica la que ofreció el gobierno de Petro por “Iván Mordisco”. Esa oferta puede ser el primer paso para una solicitud de extradición de “Calarcá”, lo que le añadiría un picante geopolítico a su “gestoría de paz”.