Los 5 “guardianes” de las elecciones que desmienten la narrativa de fraude de Petro

¿Quién garantiza que las elecciones del país sean transparentes? La pregunta volvió al centro del debate público tras recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien puso en duda algunos aspectos del sistema electoral, en particular el manejo del software de escrutinios y la administración de la información durante el proceso.

Sus afirmaciones, la mayoría sin sustento según expertos, volvieron a poner al límite a las instituciones. Casi que ningún otro presidente en la historia reciente había insistido tanto en una narrativa de supuesto fraude sin pruebas. Petro quiere ganar por cara y sello; si gana eleciones —como ha sucedido recientemente— dice que logró disipar las dudas, pero si pierde, asume el papel de víctima y reclama fraude.

Por fortuna para la democracia colombiana, hay cinco “guardianes” para las elecciones que cumplen un papel fundamental y a quienes la sociedad debe rodear saliendo a votar libremente.

Tal y como está pensada la estructura institucional, se trata de un sistema de responsabilidades distribuidas y vigilancia cruzada que opera en antes de la jornada, el día de la votación y durante los escrutinios posteriores. La lógica es que ninguna entidad concentre todo el poder sobre el proceso.

Registraduría y CNE

La base del sistema es la Organización Electoral, integrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE). La primera es el brazo operativo porque organiza la logística de las votaciones, instala mesas, designa jurados y consolida los resultados preliminares. También administra y depura el censo electoral, una tarea permanente que comienza meses antes de que se abran las urnas. Sin su estructura técnica y territorial, las elecciones simplemente no podrían realizarse.

Justamente, la narrativa de fraude de Petro se fundamenta en dos imprecisiones que se pueden desmentir sin tantos rodeos. Primero, dice que “dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados, lleva al fraude electoral”, pero es falso. El registrador Hernán Penagos aclaró que eso venía sucediendo desde las elecciones de 2023 y que no conduce al fraude.

Segundo, un tema más técnico. El jefe de Estado dice que “la Registraduría no entrega a los partidos el código fuente completo de Thomas and Greg, verdadero registrador de las elecciones”. Pero es una frase que no sustenta con pruebas la forma en la que sería el supuesto fraude, entre otras porque hay revisiones y auditorías a las elecciones para manejar el famoso código fuente y además Thomas Greg no controla los datos de los colombianos.

El CNE, por su parte, es el cuerpo colegiado encargado del control y la vigilancia jurídica del proceso. Está integrado por nueve magistrados elegidos por el Congreso, más un delegado del partido FARC-EP (hoy partido Comunes) que tiene voz, pero no voto. Los magistrados ejercen funciones constitucionales de inspección, vigilancia y control sobre partidos, movimientos políticos y campañas. Mientras la Registraduría hace posible la elección en términos operativos, el Consejo verifica que cada etapa se ajuste a la Constitución y a la ley electoral.

MOE y Procuraduría

Además, la transparencia también se fortalece con actores independientes como la Misión de Observación Electoral (MOE), que monitorea riesgos electorales, analiza el comportamiento de las campañas y alerta sobre posibles irregularidades antes, durante y después de la jornada. A esto se suman los observadores internacionales y los testigos electorales acreditados por partidos y movimientos políticos, quienes vigilan directamente lo que ocurre en cada mesa de votación. La directora de la MOE, Alejandra Barrios, fue enfática en señalar que no existe una teoría que sustente un fraude estructural en las elecciones: “no, ese riesgo de fraude no existe”.

Por otra parte, cualquier irregularidad que pueda constituir falta disciplinaria, responsabilidad fiscal o delito puede ser investigada por organismos de control y autoridades judiciales. Y las decisiones administrativas del proceso pueden ser demandadas ante los jueces que tienen la facultad de revisar e incluso anular elecciones si encuentran hechos graves.

En el caso de la Procuraduría, puede sancionar a funcionarios por participar en política electoral o, incluso, abrir investigaciones por el uso de recursos públicos con fines electorales, una línea muy delgada que ha cruzado el Pacto Histórico con apoyo del Ejecutivo en pleno.

No menos importante, es la tarea de la Defensoría del Pueblo, que está presente en territorios donde no llega el Estado, pero sí los grupos criminales. Justamente, la defensora Irís Marín, ha advertido que el verdadero riesgo son los violentos que quieren empañar la jornada electoral y que el Ejecutivo debería hacer aún más por proteger los comicios.

Más allá de la jornada electoral

Aunque la atención pública normalmente se concentra en el día de votación, las garantías electorales se construyen desde meses antes de que se abran las urnas. La actualización permanente del censo, la definición de calendarios electorales, la regulación de propaganda política, la inscripción de candidaturas, la acreditación de testigos y observadores, y el seguimiento a la financiación de campañas hacen parte de un proceso continuo que no termina cuando se anuncian los resultados.

Después de la jornada también continúan tareas como los escrutinios oficiales, la resolución de reclamaciones, la revisión de posibles nulidades y la expedición de credenciales a los elegidos. Es en esta etapa donde se consolidan jurídicamente los resultados y donde las decisiones administrativas pueden modificar o ratificar lo ocurrido en las urnas.

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