ELN “empuja” a disidencias del Frente 33 a acogerse a “paz total”

La escalada violenta en la región del Catatumbo –paradójicamente– permitió al Gobierno sumarse un logro en la política de paz total: la ofensiva del ELN fue tan agresiva que obligó a los disidentes del Frente 33 de las Farc a acogerse a la oferta de paz que les hizo el presidente Gustavo Petro.

Los disidentes se alistan para agruparse en el área rural de Tibú (Norte de Santander) en Zonas de Ubicación Temporal –ZUT–. Estarán allá por siete meses y ese será el paso previo para la dejación definitiva de las armas.

Dentro de las ZUT quedarán suspendidas las órdenes de captura –incluidas las que tienen fines de extradición– contra los miembros del grupo ilegal. Allá empezarán a desarrollarse proyectos y programas que velen por la reincorporación de los armados.

La seguridad dentro de la zona y en los perímetros cercanos estará a cargo del Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro, con su firma, se comprometió a garantizar la protección y los derechos de las comunidades que terminen siendo vecinas del centro de agrupamiento de los armados ilegales.

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“En la ZUT se mantendrá en todo momento y lugar la vigencia del Estado Social de Derecho. Las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción”, se lee en la Resolución 161 del 23 de mayo de 2025, que dio vía libre para el desplazamiento de los disidentes al punto de concentración.

La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno identificar los riesgos que podrían sufrir las comunidades y liderazgos sociales vecinos al confinar en un mismo punto a un grupo armado ilegal.

Los retos

Más allá de los retos logísticos que supondrá el sostenimiento de hombres en armas en una misma zona, el Gobierno deberá generar confianza para que las comunidades aledañas confíen en el poder de las instituciones y en la eficacia del proceso de las ZUT.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que el Catatumbo continúa siendo un escenario de disputa por el control del territorio entre los actores armados (ver gráfico). La disputa entre el ELN y los disidentes persiste en las veredas de Tibú, La Gabarra y El Tarra.

El Catatumbo resultó ser una zona clave para la cadena del narcotráfico. Solo en esa región –compuesta por 11 municipios– se concentraba, hasta el 2023, el 17% de las hectáreas de hoja de coca sembradas en el país.

El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) indicó que en Colombia había 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca y que solo en Catatumbo estaban 43.866 de ellas.

¿Se fortalece el ELN?

La salida definitiva de los disidentes como actor armado le aseguraría a los elenos, además del control de los cultivos ilícitos, conexión con sus tropas del sur del Cesar, del Magdalena Medio y del sur de Bolívar.

Los precios en el mercado ilegal de la cocaína, además, empezaron a recuperarse desde finales de 2024 y esa guerrilla sabe que tiene oportunidad de acaparar más ganancias y extensión.

Lo cierto es que los disidentes no planean renunciar, por ahora, al control de sus armas y el riesgo de una confrontación entre bandos seguiría latente.

Andrey Avendaño, comandante del Frente 33, adelantó que mientras persistan las intenciones de ataques por parte del ELN, la dejación de armas es un punto que no están dispuestos a negociar.

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Por ahora, el ELN parece que optó por mantenerse al margen de los diálogos de paz. El presidente Petro les propuso resucitar el proceso y llevarlo hasta El Vaticano, pero los ilegales no respondieron.

A la disputa criminal entre el ELN y los disidentes se sumó la incursión del Clan del Golfo, grupo armado que empezó a consolidar presencia en el sur del Cesar, Bolívar y Magdalena Medio y que podría entrar en el pulso por el Catatumbo.

“Los escenarios planteados reflejan una tendencia clara hacia la intensificación del conflicto armado en el Catatumbo. Pese al despliegue militar en el marco del estado de conmoción interior, persiste una limitada capacidad de contención efectiva del conflicto”, había alertado Iris Marín, defensora del Pueblo.

Un llamado de las madres

Un grupo de madres comunitarias del Catatumbo viajó hasta Cúcuta y, frente a la sede de la Gobernación, pidió que los niños, niñas y adolescentes reclutados salgan del círculo del conflicto.

“Somos madres que estamos muertas en vida porque nos están matando a nuestros hijos y no tenemos consuelo, no tenemos acompañamiento”, dijo Carmen García, representante de las Madres del Catatumbo.

El grupo de mujeres, el pasado 20 de mayo, había enviado una carta abierta al presidente Petro en la que pedían acciones para frenar la violencia en sus territorios. No fue respondida.

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“Necesitamos que se busque un mecanismo para renovar la mesa de diálogo con el ELN. Necesitamos urgente un cese al fuego en el territorio del Catatumbo, porque quienes están muriendo ahí, son nuestros hijos. Quienes están poniendo las lágrimas, somos nosotras las madres. El dolor en el que nos encontramos nosotras en este momento es muy fuerte, porque la gran mayoría hemos perdido a nuestros hijos y, sin embargo, seguimos de pie, porque no queremos que más madres lloren, que más madres pasen por el dolor tan grande”, añadió García.

Desde que se desató la crisis en Catatumbo, las autoridades han logrado recuperar a 30 niños, niñas y adolescentes que estaban en poder de los armados ilegales.

“Son jóvenes que los reclutan y a la semana los mandan con un fusil a un enfrentamiento, sin un entrenamiento, terminan muriendo en medio de esos combates”, puntualizó Carmen García.

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