‘Feria’ de contratos: así es como Petro ha duplicado la burocracia antes de elecciones
En tres semanas, el Gobierno ha firmado contratos por $609 mil millones y han duplicado la nómina en varias entidades en vísperas de la Ley de Garantías que empieza el 31 de enero.
Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.
Comunicadora social con énfasis en Periodismo y Audiovisual de la Javeriana. Ha trabajado para El Tiempo, Portafolio, Directo Bogotá y ahora en EL COLOMBIANO. Apasionada por temas de cultura, género y derechos humanos.
Le queda corta la frase al Gobierno Petro de que están “raspando la olla” del presupuesto de los colombianos. Durante este mes de enero, el Ejecutivo en pleno está corriendo, literalmente, para entregar contratos a dedo, duplicar sus nóminas y hasta para sacar gente con trayectoria y dejar amarrados a nuevos funcionarios.
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El afán tiene que ver con la famosa Ley de Garantías, prohíbe desde mañana 31 de enero, la contratación directa para todas las entidades públicas por estar tan cerca a las elecciones que arrancan el 8 de marzo con las legislativas, donde también se votarán consultas presidenciales, y luego la primera vuelta en mayo y la segunda vuelta en junio.
Durante todo ese periodo, el Gobierno tiene limitaciones legales para hacer nombramientos, entregar contratos y limitaciones. Sin embargo, poco ha importado porque en las últimas semanas han firmado contratos que suman más de $609 mil millones; además, 9 de cada 10 fueron entregados a dedo. Se calcula que han sido casi 6.000 contratos, según información de la plataforma del Secop, en donde se carga la documentación.
De todas las entidades, llama la atención el caso del Ministerio de Minas, con la mayor cantidad de contratos firmados. Han sido 883, todos por contratación directa y prestación de servicios.
En el ranking le siguen el Ministerio de Ambiente, con 720 contratos. También todos firmados por contratación directa. En un solo día han adjudicado alrededor de 70 y la sumatoria es consistente durante todos los días recientes.
Nómina paralela
Pero este comportamiento del Gobierno no viene de ahora. También por estos días se conoció que durante los tres años y medio de mandato, Petro ha aumentado la contratación por servicios en 7.000 cargos que suman 19,3 billones de pesos. La denuncia fue hecha por José David Castellanos, experto en gestión pública y candidato a la Cámara por el partido Nuevo Liberalismo.
Para dimensionar el impacto presupuestal, Castellanos señaló que el aumento equivale a casi la mitad de los $16 billones que el Gobierno buscaba recaudar con su más reciente reforma tributaria.
De acuerdo con una auditoría independiente, el valor de estos contratos pasó de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025. quien denunció además que dichos ajustes entre un año y otro representó un aumento de $7,2 billones en apenas tres años.
La investigación analizó más de 105.000 contratos registrados en las plataformas Secop I y Secop II, correspondientes a todos los ministerios y entidades del nivel central. Según Castellanos, el incremento no solo implica un mayor gasto público, sino una expansión masiva de contratación discrecional, con impactos fiscales, administrativos y laborales.
Además de lo anterior, EL COLOMBIANO reunió los 10 casos principales, entidad por entidad, en donde el Gobierno Petro ha aumentado la burocracia, pero también ha hecho movimientos del personal, con cambio de requisitos incluidos, presuntamente con fines electorales.
Ministerio del Trabajo: mil puestos temporales, silencio cómplice y defensa de despidos
La cartera encargada de garantizar condiciones dignas de trabajo ha estado en el centro de la polémica. Por un lado, el 26 de enero, cinco días antes de que empiecen a regir las restricciones de nómina, el ministerio abrió 1.141 plazas temporales.
Según la descripción, los contratistas estarían encargados de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas laborales que cambiaron tras la reforma laboral del Gobierno. Por otro lado, el silencio de la entidad ha sido tomado como cómplice: frente a las denuncias por despidos masivos en Cancillería y el Dapre, el jefe de la cartera Antonio Sanguino, no se ha pronunciado. Sobre la creación de cargos en su ministerio, defendió la medida, asegurando que el crecimiento de planta no es un capricho con fin electoral, sino una necesidad operativa del Estado.
Llamadas con gritos y 30 despidos en Presidencia
Según denuncias reveladas por EL COLOMBIANO, los pasillos del Dapre son protagonistas de peleas entre funcionarios. Desde el lunes de esta semana, la nueva directora, Nhora Mondragón empezó a sacar funcionarios declarándolos insubsistentes. Se estima que son al menos 30 trabajadores y varios estaban a punto de pensionarse.
El elemento común es que casi todos, con excepciones, habían sido nombrados por la exdirectora Angie Rodríguez, quien ahora lidera el Fondo de Adaptación. Según fuentes de Presidencia consultadas por este diario, la persecución hacia las fichas de Rodríguez se dio como resultado de un altercado. Días antes de su salida, Rodríguez llamó a Mondragón y en un tono elevado, sin dejarla hablar, la increpó alzándole la voz. Rodríguez le dijo que “no le tenía miedo” y que con ella “se equivocaron”.
Acto seguido, Rodríguez intentó hablar con el presidente, quien no la escuchó, luego salió de la entidad. Según el Dapre, no fueron 30 funcionarios despedidos, sino 12, y la razón para despedirlos fue: “Eran de confianza de la pasada dirección y al llegar una nueva se considera que están a disposición de la nueva directora”.
La “feria” de contratos en el Fondo de MinIgualdad
Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, reveló que el fondo paralelo del Ministerio de la Igualdad, conocido como “FonIgualdad”, destinó $70.582 millones a cuatro contratos suscritos con Laborando S.A.S., una empresa de servicios temporales para vincular a “más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026”, que coincide con las elecciones.
Además, a través de este mismo fondo, tercerizaron dos contratos de operadores logísticos para la realización de eventos, por un monto de $68.949 millones. EL COLOMBIANO ha seguido de cerca los movimientos del fondo. De hecho, luego de una denuncia de este medio, en donde se expuso que funcionarios de la cartera trataron de “hp” a familiares del presidente Petro, tanto el ministro Juan Florián como el viceministro Dumar Guevara fueron despedidos.
La Cancillería: sin requisitos de idioma y experiencia, y 52 despidos
También la Cancillería ha tenido varios cambios cuestionables. Para algunos, las modificaciones han sido encaminadas quitarle requisitos profesionales al ministerio.
El 21 de enero, el Gobierno anunció la eliminación del requisito de inglés u otro idioma oficial de la ONU para quienes ocupen cargos de embajadores. Es decir, con el nuevo manual, los 72 embajadores del país ya no están obligados a demostrar conocimiento de una lengua extranjera.
En paralelo, hubo denuncias sobre despidos injustificados en la entidad pues muchos llevaban años de experiencia en sus funciones. Es el caso de Jorge Luis Martínez, quien llegó a la Cancillería en 2008; también Rafael Arizmendi, quien contaba con 30 años de carrera diplomática.
Lo peor es que sus reemplazos, además de llegar en tiempo récord, no tenían conocimiento en ese campo. En conversación con EL COLOMBIANO, la presidenta del sindicato de ese ministerio (la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular—Unidiplo), Ana María Moreno, aseguró: “No sabemos si es un plan de renovación o cambio, porque estamos a poco tiempo de elecciones y para los tiempos estamos muy cerca”.
Sin reforma pensional pero con 800 profesionales para “cumplirla”
La creación de 800 puestos en Colpensiones llegó apenas dos días antes del tiempo límite que establece la Ley de Garantías. Cabe recordar que esta entidad está adscrita al Ministerio del Trabajo, liderada por Sanguino, el mismo que defendió la apertura indiscriminada de plazas.
De hecho, las 800 se abrieron vía decreto. Según el texto, la decisión se adoptó con el objetivo de avanzar en la política de formalización del empleo público, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde el sindicato de Colpensiones, la medida fue calificada como inconveniente, y aseguraron que seguirán: “exigiendo procesos de selección transparentes y la defensa del mérito de los trabajadores que llevamos años en la entidad”.
Los cargos corbata en el Fondo de Adaptación
EL COLOMBIANO reveló que Angie Rodríguez —directora de la entidad— habría dado la orden de sacar a 15 personas del Fondo de Adaptación el 1 de enero de este año. Varios de ellos trabajaron allí desde los gobiernos Santos y Duque, y otros lo hicieron bajo este Gobierno. Según las denuncias, los despidos se dieron “sin decirnos absolutamente nada”, según señaló una funcionaria bajo reserva, en conversación con este diario. Y añadió: “solo los que no estábamos en la resolución pues ya no hacíamos parte del Fondo (...) Se pierde memoria técnica de la entidad, que está haciendo muy mal manejada”.
La orden de salida de los trabajadores fue sucedida por otra muy clara: los nuevos nombramientos de la gerente encargada ya están confirmados. Es decir, Rodríguez ya tenía listos 30 nombramientos. El Fondo de Adaptación maneja un presupuesto muy alto: $668 mil millones de pesos anuales, y tiene vía casi libre para adjudicar contrataciones. Según fuentes de Presidencia, la “reorganización” de la entidad habría molestado al mandatario Gustavo Petro.
La feria de puestos en Adres: de 233 cargos a 930
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) fue expuesta por el congresista Andrés Forero (Centro Democrático). Según su denuncia, el proyecto de rediseño institucional de la Adres contempla que la planta de personal pase de 233 cargos actuales a un total de 930 empleos.
Este incremento triplicaría la nómina actual y vendría acompañado de un ajuste financiero significativo: el costo anual de la nómina pasaría de $48.017 millones a $99.069 millones, lo que representa un aumento de más de $51.000 millones.
El director de la Adres, Félix León Martínez, respondió defendiendo el proyecto, asegurando que el aumento se debe a la necesidad de absorber las funciones de 660 contratistas de prestación de servicios que actualmente apoyan formalizando empleos. Sin embargo, llama la atención que la formalización se diera teniendo encima los límites de la Ley de Garantías. Forero también alertó que en el Ministerio de Salud se proyecta la creación de 442 cargos con un costo estimado de $59.403 millones para 2026.
La nómina en Famisanar: más cara y menos preparada
El sector salud parece ser uno de los más apetecidos en época electoral. Por ejemplo, la EPS Famisanar, actualmente intervenida por el Gobierno, ha tenido un incremento injustificado en la nómina. Mientras tanto, las quejas por la atención se han triplicado. Los detalles al respecto también fueron revelados por el congresista Forero.
Además, bajo la administración de los interventores designados por Petro, se contrataron 572 personas durante el 2025, lo que representó un aumento de $2.700 millones mensuales en los costos de nómina. De hecho, en solo mes y medio, el nuevo interventor, José Gallo, habría suscrito 75 nuevos contratos que suman más de $700 millones al mes. Lo más indignante es que, según los reportes, habría bachilleres con salarios de hasta $28 millones de pesos.
¿Qué quieren hacer con el MinTIC?
Las denuncias sobre despidos masivos en MinTic llegaron justo en los primeros plazos de la Ley de Garantías. Inicialmente, tomaron fuerza los reclamos de varios usuarios que afirmaron que les pidieron la “renuncia protocolaria inmediata” en ese despacho ministerial.
EL COLOMBIANO habló con una fuente de la cartera quien, bajo reserva, aseguró: “sé que quieren dejarnos desmantelado el Ministerio en temas técnicos muy importantes”. En respuesta, la cartera aseguró que “cuando se posesiona un nuevo ministro o ministra es natural que se active el procedimiento propio de todo cargo de dirección en el Estado: la renovación del equipo de libre nombramiento y remoción. Estas posiciones, por su carácter estratégico y de alta responsabilidad, requieren plena confianza y afinidad con la visión del nuevo liderazgo”.
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Además, confirmaron la salida de 14 funcionarios en septiembre. Lo más sospechoso es el afán que habría desde la cartera para concretar contrataciones. Este diario conoció un documento del despacho en el que se buscaba declarar días hábiles los sábados para lograr la firma de los contratos. Todo en medio del inicio de la temporada electoral.
La fuga de cerebros en el Ministerio de Hacienda
La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), adscrita al Ministerio de Hacienda, es la encargada de diseñar la regulación aplicable a bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, cooperativas y el sector fiduciario. Sus funciones son tan técnicas que reemplazar el personal resulta complicado.
El Gobierno cambió a varios funcionarios de esa cartera luego de la renuncia de Mónica Higuera, quien venía desempeñando la dirección de la entidad. En conversación con EL COLOMBIANO, un experto del sector económico explicó que “los reguladores no pueden improvisar, deben entender la mecánica del sistema y cómo responde a la regulación”, para que esta pueda beneficiar al ciudadano. A pesar de eso, en menos de tres meses la entidad ha perdido 6 profesionales entre despidos y denuncias.