Tras el sismo: finalizan las labores de rescate y arranca la fase de recuperación

Exactamente hace una semana el país amanecía completamente diferente. Muy temprano, un terremoto azotó el occidente y, desde entonces, la prioridad ha sido la respuesta rápida de los equipos de rescate, que han trabajado día y noche para salvar el mayor número de vidas. Pero ahora comienza otra fase.

Cuando los equipos de rescate empiezan a retirarse de algunos de los puntos más críticos, aparece otro escenario de la tragedia: calles cubiertas de escombros, viviendas inhabitables, edificios que tendrán que ser demolidos y comunidades que necesitan volver a ponerse de pie. El país entra así en una etapa distinta de la emergencia, una que no se medirá en horas, sino en meses y años.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 289 personas fallecidas, 4.187 heridas, 143 desaparecidas y 354 rescatadas, hasta el cierre de esta edición.

El rescate siempre es prioridad; no obstante, esta etapa tiene un tiempo limitado. A medida que pasan los días, las posibilidades de hallar sobrevivientes se reducen y las labores se enfocan cada vez más en la recuperación de cuerpos. En Quibdó, esta fase ya concluyó, mientras que en Cali y Pereira está llegando a su cierre. Sin embargo, las operaciones continúan en los lugares donde aún existe la posibilidad de encontrar personas desaparecidas.

Ahora las autoridades tendrán que responder una pregunta tan urgente como compleja: ¿qué hacer con todo lo que el terremoto no dejó en pie?

En las próximas semanas, ingenieros y expertos continuarán revisando miles de edificaciones para determinar cuáles pueden recuperarse y cuáles representan un peligro. No será suficiente con observar grietas o daños visibles. Cada estructura tendrá que someterse a evaluaciones técnicas que permitan establecer si puede volver a ser habitada, si necesita reforzamiento o si deberá ser demolida para dar paso a una nueva construcción.

Ese diagnóstico será determinante para miles de familias. Algunas podrán regresar a sus hogares después de las reparaciones. Otras tendrán que esperar meses mientras avanzan las obras y muchas más necesitarán una vivienda completamente nueva.

En Cali, una de las ciudades más golpeadas, la dimensión del reto ya empieza a tomar forma. El alcalde Alejandro Eder calculó que la atención de la emergencia podría extenderse entre tres y seis meses, mientras que la recuperación de la ciudad podría tardar entre dos y cuatro años.

¿Qué ha dicho el Gobierno?

Según información oficial, hay 27.557 viviendas averiadas, 26.945 destruidas y 66 edificios colapsados en el territorio afectado.

A partir de este martes, según información del Gobierno, inicia la primera fase, denominada “atención y evaluación”, que se extenderá hasta finalizar agosto. Esta contempla tres frentes: la atención a estructuras y remoción de escombros; la evaluación estructural, a cargo de profesionales expertos, para determinar si las edificaciones requieren demolición, rehabilitación o mejoramiento; y el otorgamiento de subsidios de arriendo para las familias que perdieron parcial o totalmente su vivienda.

La segunda fase, de “recuperación y soluciones”, tendrá una duración inicial de seis meses y se enfocará en el mejoramiento de vivienda urbana y rural para los hogares con daños reparables, el alivio económico a las familias damnificadas mediante el no cobro de servicios públicos y la entrega de subsidios para adquirir vivienda ya construida.

Finalmente, la tercera fase, bautizada “vivienda milagro y reconstrucción”, se desarrollará durante todo el gobierno de Abelardo De La Espriella. Esta etapa contempla nuevos proyectos de vivienda en los territorios afectados, financiados con recursos públicos, inversión privada y alianzas internacionales, además de un proceso de renovación urbana que incluye la recuperación de parques, espacios públicos, andenes e infraestructura en las zonas golpeadas por el sismo.

Pero antes de que comiencen las demoliciones y la reconstrucción, hay una tarea que resulta fundamental: establecer qué ocurrió en cada una de las estructuras intervenidas durante la emergencia. Allí entra en escena el sistema de marcaje INSARAG.

¿Cómo funcionará?

Antes de que ingenieros y expertos determinen qué edificaciones deben demolerse, rehabilitarse o reconstruirse, los equipos de búsqueda y rescate dejan una primera radiografía de la emergencia. Se trata del sistema de marcaje INSARAG, el protocolo internacional coordinado por Naciones Unidas que utilizan los grupos USAR para identificar los lugares intervenidos, registrar los hallazgos y establecer si una estructura ya fue revisada.

El sistema contempla tres tipos principales de marcaje. El primero identifica los sitios de trabajo donde puede haber personas por rescatar y permite establecer de manera única cada punto de intervención. El segundo corresponde al marcaje de víctimas y se utiliza para señalar la posible presencia de personas que no son visibles a simple vista, como aquellas que permanecen bajo los escombros. Allí, la letra L identifica a una persona viva (Live) y la D a una fallecida (Deceased).

El tercero es el Rapid Clearance Marking o marcaje de despeje rápido (C), que se coloca cuando una estructura ya fue revisada por completo y no requiere nuevas operaciones de búsqueda.

Estas marcas son temporales y operativas. No determinan si una vivienda es habitable ni reemplazan la evaluación de los ingenieros. Su función es dejar constancia de lo que hicieron los rescatistas y cerrar la primera fase, que ahora dará paso a otra: la recuperación y reconstrucción de los territorios afectados.

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¿De dónde saldrá la plata?

Uno de los retos de la reconstrucción son los recursos. El Gobierno estudia mecanismos para financiarla sin depender exclusivamente del Presupuesto General de la Nación, entre ellos utilizar, mediante decreto, parte de los recursos del Sistema General de Regalías que aún no han sido ejecutados. Esta bolsa ronda los $16 billones.

Otra alternativa es ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos, para aumentar el cupo y permitir su aplicación en los municipios afectados por el sismo, aunque no sean territorios PDET. De concretarse, las empresas podrían financiar directamente obras como colegios, vías y acueductos y descontar esas inversiones de sus obligaciones tributarias.