Fiscalía anuncia medidas para evitar impunidad en crímenes contra periodistas
Los nuevos lineamientos incluyen protección urgente a víctimas, articulación institucional y capacitación especializada para investigadores, además, la Fiscalía fortalecerá los mecanismos de denuncia y seguimiento en casos relacionados con amenazas.
Comunicadora social con énfasis en Periodismo y Audiovisual de la Javeriana. Ha trabajado para El Tiempo, Portafolio, Directo Bogotá y ahora en EL COLOMBIANO. Apasionada por temas de cultura, género y derechos humanos.
En medio de la preocupación por la seguridad de periodistas en distintas regiones del país y de la incertidumbre (y versiones encontradas) que rodea el caso del comunicador Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, la Fiscalía General de la Nación anunció una nueva directriz para fortalecer las investigaciones relacionadas con agresiones contra la prensa.
La entidad expidió la Resolución 00119 de 2026, un documento que fija criterios específicos para abordar amenazas, ataques y crímenes cometidos contra periodistas, comunicadores y demás trabajadores de medios de comunicación.
Según explicó el ente investigador, la norma establece “lineamientos para orientar la investigación de los crímenes y amenazas cometidos contra” los actores mencionados.
La Fiscalía sostiene que la nueva resolución busca reforzar la capacidad institucional para responder a este tipo de casos, incorporando herramientas más estrictas y oportunas “en reconocimiento del papel esencial que cumple el periodismo en la sociedad”.
El documento parte de la idea de que los ataques contra la prensa trascienden a las víctimas directas y tienen implicaciones sobre derechos fundamentales. Por eso, la Fiscalía advierte que estas agresiones “impactan directamente el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público”.
¿Cómo se investigarán los ataques a la prensa en Colombia?
Uno de los cambios centrales es la forma en que deberán analizarse los casos. Las investigaciones tendrán que contemplar no solo el hecho violento en sí mismo, sino también el contexto en el que trabajaba el periodista afectado.
En específico, la resolución “dispone que las investigaciones deben desarrollarse con una comprensión amplia del contexto, considerando tanto la agresión sufrida por el periodista como los hechos que este venía denunciando o verificando en ejercicio de su labor, con el fin de identificar posibles móviles relacionados con censura o retaliación por poner en evidencia intereses ilícitos”.
Además, la Fiscalía estableció nuevas exigencias para los fiscales encargados de estos expedientes. Entre ellas, actuar “con celeridad, de manera exhaustiva y con rigor técnico, evitando dilaciones injustificadas y garantizando la recolección, preservación y análisis integral de las pruebas”.
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Las medidas también incluyen protocolos especiales para situaciones de riesgo urgente. Según el documento, cuando exista un “riesgo actual o inminente para la vida, la integridad o el ejercicio periodístico”, las autoridades deberán priorizar la protección de la víctima y activar mecanismos de prevención y seguridad.
Otro de los aspectos relevantes es el reconocimiento de nuevas formas de ejercicio periodístico.
La resolución incorpora un enfoque diferencial “que permite reconocer la condición de periodista a partir del ejercicio real de la labor informativa, sin exigir acreditaciones formales, incluyendo a quienes desarrollan su trabajo en entornos digitales”.
Con esto, la Fiscalía busca que cada investigación contemple posibles efectos de intimidación o autocensura derivados de las agresiones, así como su impacto sobre la circulación de información de interés público.
¿Qué cambios habrá en la Fiscalía?
En el plano operativo, el ente investigador anunció ajustes en los procesos de recepción y trámite de denuncias para facilitar la identificación de casos relacionados con el ejercicio periodístico. También aseguró que habrá mayor coordinación entre dependencias especializadas para evitar investigaciones fragmentadas.
La estrategia incluye, además, un canal permanente de comunicación con organizaciones defensoras de la libertad de prensa, lo que permitirá —según la entidad— “fortalecer la prevención, el acompañamiento a las víctimas y la obtención de información relevante para las investigaciones”.
Para complementar el plan administrativo y judicial, la Fiscalía indicó que impulsará procesos de capacitación dirigidos a investigadores y funcionarios encargados de recibir este tipo de denuncias, con el objetivo de mejorar la atención y el manejo de los casos relacionados con violencia contra periodistas.