Archivos de ‘Calarcá’: ¿Por qué la Fiscalía no hizo nada durante un año?
El país exige respuestas tras conocerse que la Fiscalía guarda desde hace un año evidencias que comprometen a altos funcionarios con las disidencias de alias Calarcá.
Apenas horas después de que Noticias Caracol revelara explosivas evidencias sobre la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en organismos del Estado, el país entró en torbellino político y judicial. Las revelaciones no solo sacudieron al Gobierno y al alto mando militar, sino que desataron una avalancha de cuestionamientos que hoy apuntan directamente a la fiscal general Luz Adriana Camargo. ¿Cómo es posible, se preguntan analistas, opositores y críticos, que la Fiscalía lleve más de un año guardando silencio frente a unas pruebas de semejante gravedad?
Los documentos, chats y celulares incautados a las disidencias de alias Calarcá contienen algo más que conversaciones internas de un grupo insurgente. Relatan un entramado de presunto apoyo estatal que involucra a dos altos funcionarios, el general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército, y Wilmar Mejía, directivo de la DNI, como puentes directos con la guerrilla.
La investigación reconstruyó el contenido de esos archivos y entrevistó a un mando de las disidencias que habló de reuniones, intercambio de información sensible y hasta el uso de camionetas oficiales para sacar a miembros del grupo criminal de zonas bajo presión militar.
Se reveló, además, la existencia de planes para crear empresas de seguridad fachada, un esquema que evoca a las antiguas convivir, y la visita de un empresario chino a campamentos guerrilleros en el Catatumbo para pactar negocios de armas y oro ilegal.
Toda esta información está en poder de la Fiscalía desde julio de 2024 cuando una caravana con siete jefes de las disidencias que era custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección fue detenida en un retén del ejército en Anorí, Antioquia. La caravana transportaba armas, dinero y un menor de edad. Sin embargo, no ha habido un solo acto procesal.
La ausencia de acción es tema de debate nacional. El silencio institucional contrasta con la magnitud de lo revelado y alimenta un sentimiento de desconfianza sobre la capacidad, o la voluntad, de la Fiscalía para iniciar este tipo de investigaciones.
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“Pedir la renuncia del Presidente y de la Fiscal General no es un ejercicio retórico, es un primer paso necesario para: permitir que se investigue sin interferencias políticas; enviar un mensaje claro a la Fuerza Pública: no habrá protección para quien traicione el uniforme; demostrar a la comunidad internacional que Colombia no está dispuesta a normalizar la co–administración del Estado con el narco–terrorismo”, se lee en las redes sociales.
Justamente, la fiscal Camargo, que venía cargando críticas por la llamada “operación tortuga” en varios expedientes sensibles, ahora queda en el centro de la polémica. Su permanencia en el cargo ya es tema de discusión pública y en algunos sectores se pide abiertamente su renuncia.
Pero mientras la presión política crece, la Fiscalía mantiene la misma postura de silencio absoluto.
El escándalo reavivó una discusión que gobernadores y analistas vienen planteando sobre el presunto trato benigno del Gobierno nacional hacia las disidencias de alias Calarcá.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, insistió en que estas revelaciones respaldan lo que ha denunciado desde su administración: una “sospechosa benevolencia” hacia esa estructura.
La combinación de silencio institucional, gravedad probatoria y posibles conexiones entre estructuras ilegales y altos funcionarios ha convertido este caso en uno de los mayores desafíos para la Fiscalía en años recientes.
Con la divulgación del escándalo, crecen los cuestionamientos hacia la fiscal Luz Adriana por no actuar ante un caso con infiltración armada, espionaje, corrupción interna y posibles vínculos con financiación política.
Llama la atención que, pese a la avalancha de revelaciones y al material en poder de la Fiscalía, no ha habido ningún pronunciamiento oficial del ente investigador. Ni sobre el contenido de las pruebas, ni sobre el estado del proceso, ni sobre los funcionarios mencionados.
La ausencia de acción no solo profundiza la desconfianza, sino que podría terminar validando lo que las propias pruebas sugieren sobre un entramado institucional demasiado laxo con las disidencias de alias Calarcá, cuya operación criminal estaría más entrelazada con sectores del Estado de lo que el país imaginaba.