3 focos de violencia que Gobierno no pudo controlar para elecciones
Un enfrentamiento dejó decenas de muertos en Guaviare, un atentado en La Guajira lesionó a 12 militares y en la U. Nacional hubo un acto de proselitismo insurgente.
Periodista especializado en temas de crimen organizado, terrorismo y conflicto armado. Creador del podcast Revelaciones del Bajo Mundo. También soy escritor y dramaturgo, autor de las obras teatrales “La Trilogía del Mal” y “Estallido”.
Comunicador social de la Universidad Santo Tomás. He ejercido desde 2016 en medios como Citytv, Cablenoticias, W Radio, La Liga Contra el Silencio y El Espectador. Llegué a El Colombiano en 2022 para cubrir temas de salud y educación. Me he centrado en el manejo del sistema de salud y la reforma impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, así como en temas de género. Futbolero e hincha de Atlético Nacional.
Periodista y productor de archivo. Egresado del programa de comunicación social de la Universidad Santiago de Cali y actual estudiante de la Maestría en Producción de Narrativas Históricas de la Universidad Externado. Ha trabajado en medios como El País Cali, Séptimo Día de Caracol Televisión y Vorágine. Co-investigador en la serie documental “Garavito: la bestia serial”, de Discovery. Caleño amante de la salsa y el pandebono sin bocadillo.
Los actos de terrorismo, desorden público y proselitismo armado ocurridos esta semana en Guaviare, La Guajira y la Universidad Nacional, los cuales involucran a facciones insurgentes, despiertan dudas sobre el supuesto blindaje que el Gobierno y las Fuerzas Militares les prometieron a los colombianos de cara a las elecciones presidenciales.
El caso más preocupante sucedió en la vereda La Siberia del municipio de San José del Guaviare, donde se presentó un enfrentamiento entre grupos armados desde la noche del pasado lunes, el cual dejó decenas de muertos, según información de Inteligencia Militar.
Los bandos en conflicto fueron el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), bajo el comando de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), y el Estado Mayor Central (EMC), de Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”).
Lo último que se ha sabido del hecho es que el Ejército todavía no lograr llegar al sitio exacto y consolidar un anillo de seguridad para la extracción de los cuerpos.
En consecuencia, durante una reunión de seguridad extraordinaria entre las autoridades de la región, se acordó gestionar con los pobladores de la vereda “una ruta social comunitaria” para que saquen los cadáveres hasta un lugar intermedio, que se mantiene en reserva, donde los forenses podrán hacer las debidas inspecciones y conducirlos a la morgue del pueblo.
En dicho sitio habrá acompañamiento de delegados de la Defensoría del Pueblo, la MAPP OEA, la Alcaldía y la Gobernación.
Aunque la cifra exacta de víctimas no se conoce, los datos que maneja el Ejército apuntan a 48 o 50 muertos de los grupos criminales, incluyendo menores de edad; por lo pronto se desconoce también si hay civiles fallecidos.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, contó que el motivo de la disputa es la pugna por el control de corredores de movilidad y economías ilícitas.
“El Ejército y la Armada han desplegado tropas sobre los sectores de Charras, Puerto Alvira y Tomachipán, con el fin de garantizar la protección de la población civil y apoyar la labor humanitaria para la extracción de los cuerpos”, dijo López a la salida de la reunión.
Añadió que “revisamos el dispositivo electoral en esta región del país, y encontramos que no están comprometidas las cabeceras municipales, donde se encuentran los puestos de votación”.
Las tropas reforzaron su presencia en las veredas La Siberia, Caño Cubarro, Cañada Alta y Buenos Aires, “para garantizar que los civiles de esos sectores puedan desplazarse a las cabeceras municipales y ejercer su derecho al voto”, acotó el comandante.
En Guaviare hay 47 puestos de votación que, según las autoridades, no están en riesgo.
Preocupación en La Guajira
Tras el atentado atribuido al ELN contra el Batallón Cartagena, en Riohacha, que dejó 12 militares heridos, el secretario de Gobierno departamental, Misael Velázquez, afirmó que la política de “paz total” no ha generado los resultados esperados en materia de seguridad.
En conversación con EL COLOMBIANO, lanzó una dura crítica contra el Gobierno Nacional: “Tiene que mostrar una voluntad real. La política de paz total no ha sido lo que esperábamos para garantizar tranquilidad, convivencia y desarrollo en La Guajira”.
Velázquez reveló que, tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $200 millones de pesos para identificar y capturar a los responsables del ataque, atribuido al ELN.
Según el reporte del Ejército, los atacantes lanzaron 12 artefactos explosivos contra las instalaciones del batallón, de los cuales 3 detonaron dentro o en inmediaciones de la unidad militar y los 9 artefactos restantes fueron ubicados posteriormente y destruidos de manera controlada.
El secretario anunció un robusto dispositivo de seguridad para las elecciones, con cerca de 4.000 uniformados de la Policía y el Ejército desplegados en los 218 puestos de votación del departamento.
“Contarán con el acompañamiento del Comité de Transparencia, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. También se garantizará el control migratorio, teniendo en cuenta que Migración anunció el cierre de la frontera a partir del sábado a las seis de la mañana hasta el lunes a la misma hora”, indicó.
Velázquez expresó su preocupación por la expansión de grupos armados ilegales en zonas indígenas y corredores fronterizos de La Guajira, donde operan estructuras del ELN, disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
Reconoció que ha habido cuatro paros armados en Riohacha, en especial por orden de alias Naín o “el Bendito Menor”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
“Él tiene orden de captura reactivada e incluso el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa por él”, expresó el secretario Velásquez.
”Aquí tenemos disidencia de las FARC, el Clan del Golfo, Los Conquistadores de la Sierra. Son varios grupos, indiscutiblemente requerimos mayor inteligencia, disposición tecnológica para la atención, y también lo que todos reclamamos: pie de fuerza en el departamento”, afirmó.
Y alertó por el incremento de delitos como la extorsión, homicidios y reclutamiento de menores en Riohacha, Maicao, Uribia, Manaure, San Juan y Fonseca. “Esta es una frontera porosa. Aquí se disputa la ruta del narcotráfico y necesitamos más inteligencia, tecnología y pie de fuerza”.
Desde La Defensoría del Pueblo se mantiene una vigilancia especial en la situación en La Guajira. En marzo pasado ese organismo advirtió que “los Pachencas”, que se autodenominan los “Conquistadores de la Sierra”, se habían expandido territorialmente.
Esto se dio en un contexto de los hechos ocurridos tras un operativo de la Fuerza Pública en zona rural de Uribia. En Riohacha hubo disparos contra locales comerciales.
“Solicitamos al Gobierno Nacional abordar este asunto en el espacio sociojurídico que se adelanta con ‘los Pachencas’ e implementar acciones que permitan fortalecer compromisos y garantizar su monitoreo para proteger a la población civil”, informó la Defensoría.
Crisis en el claustro
Momentos de tensión se vivieron en la Universidad Nacional por cuenta de un grupo de personas que llegó al campus de Bogotá a “conmemorar” lo que llamaron “un año más de combate” de las disidencias de las Farc. Amenazaron con activar artefactos explosivos, pero fueron retirados tras la intervención valiente de profesores y estudiantes.
El rector de la institución, José Ismael Peña, resaltó a esas personas que enfrentaron esos hechos que incitan a la violencia y que romantizan a extintos criminales.
Un par de fotografías tomadas en el lugar —compartidas por el concejal de Bogotá, Julián Espinosa— muestran a al menos ocho personas vestidas con overoles azules, capuchas cubriendo sus rostros y gorras.
También se observa una bandera de Colombia con el logotipo de las antiguas Farc–EP y una pancarta que tiene la silueta de la cara del extinto comandante guerrillero “Alfonso Cano”.
Esa bandera tenía escritas las siglas de la guerrilla pintadas con los colores de la bandera nacional, la frase “bloque cdte Jorge Suárez Briceño” en letras rojas, decía “62 años” en letras verdes y la consigna principal decía en su última línea: “pa’ Bogotá. ¡Allá nos pillamos!”.
Según un comunicado de la Vicerrectora de la Sede Bogotá de la Universidad, los encapuchados también pintaron grafitis que los identificaban como integrantes de la “Unión Clandestina Popular” y del “Movimiento Bolivariano FARC-EP”.
Esas personas, señaló el comunicado, le exigieron a los estudiantes, profesores y administrativos que salieran del edificio de Ciencias Humanas porque “armarían y activarían allí artefactos explosivos”.
Ante esto, un grupo de alumnos y docentes los abordó, rodeó y pidió que se fueran del sitio, de manera pacífica, “argumentando que ellos eran los responsables del asesinato reciente del estudiante de la Sede Medellín, Mateo Pérez”.
Las disidencias al mando de alias Calarcá son señalados de ser los autores materiales del asesinato de Pérez, quien también ejercía como periodista con el medio El Confidente. Ese grupo ilegal, cobijado bajo el nombre de Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), negó que el asesinato hubiera sido autorizado por su dirección.
La Vicerrectoría declaró la alerta naranja y tomó acciones para controlar la situación que podía poner en riesgo la seguridad de la comunidad académica. En ese sentido, la institución rechazó esta situación, y la calificó de “sembrar el miedo en nuestra comunidad y adelantar acciones violentas irrumpiendo en las actividades cotidianas”.
El concejal Espinosa expresó que esos acontecimientos significan “la presencia abierta de estructuras criminales ligadas a las disidencias de las FARC, específicamente de la Columna Jorge Briceño (Mono Jojoy), haciendo apología y ocupando espacios dentro de una universidad pública en Bogotá”.
“Exigimos intervención inmediata de la Policía, Fiscalía y Gobierno Nacional. La universidad no puede convertirse en santuario de grupos armados ilegales ni en plataforma de intimidación y propaganda criminal”, agregó.
Por su parte, el rector José Ismael Peña manifestó que “en la Nacional tienen cabida todas las formas de expresión, pero no toleraremos aquellas que inviten a la violencia y pongan riesgo a miembros de nuestra comunidad” e hizo un reconocimiento “a los profesores y estudiantes que, de forma pacífica, defendieron su derecho de habitar un campus sin violencia”.
El Plan Democracia
Según el reporte del Ministerio de Defensa, “408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados en todo el territorio nacional para proteger a los colombianos, prevenir el delito y garantizar la seguridad en cada región durante la jornada electoral”.
Hay “67 municipios priorizados por riesgos asociados a violencia y delitos electorales” y “se han realizado 21 reuniones de coordinación y se ha brindado acompañamiento a más de 600 eventos de campaña, sin afectaciones contra candidatos ni sus equipos”, informó la cartera que lidera el ministro Pedro Sánchez.
Pese al despliegue, los focos de violencia continúan atemorizando a las comunidades rurales, lo que deja abierta la duda de si Colombia podrá sufragar en paz.