Gobierno pidió renuncia a Comisión Asesora para la Política Criminal, ¿qué es y qué implica?

El Gobierno Nacional pidió la renuncia de los diez miembros de la Comisión Asesora para la Política Criminal, que está integrada por 10 académicos con experiencia en materia de política criminal, criminología, derecho constitucional, derecho penal y ciencias afines.

Los miembros a los que se le pidió dar un paso al costado venían del gobierno de Gustavo Petro. Según reveló El Tiempo, el Ministerio de Justicia les avisó en una carta, sin dar muchos detalles.

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Las claves de la nueva política de sometimiento a la justicia planteada por Iván Cancino

La notificación se conoce un par de días después de que el ministro de Justicia Iván Cancino diera pistas sobre la política que prepara el Ejecutivo para el sometimiento de grupos armados. En eso dejó claro que habrá una diferencia fundamental frente a un proceso de negociación.

“Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar”, afirmó Cancino. Según explicó, quienes entren al mecanismo no podrán sentarse con el Gobierno a negociar las condiciones de su sometimiento.

“Lo único que van a poder decir es ‘me someto’ (...) Por supuesto que entendemos que tiene que haber un trato diferenciado, pero ese jamás podrá ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación de nada”, señaló el ministro.

Cancino también explicó que el Gobierno contempla medidas para quienes, una vez sometidos, quieran incorporarse nuevamente a la legalidad. En ese sentido, anunció que se preparan proyectos sociales dirigidos a estas personas, los cuales, según dijo, serán socializados “en los próximos días”.

Análisis: ¿Por qué el Ejecutivo cambia sus asesores en política criminal?

Ahora bien, para explicar el impacto de pedir la renuncia a los diez miembros de la Comisión Asesora para la Política Criminal, EL COLOMBIANO habló con Óscar Santamaría Puerta, abogado penalista y docente.

Santamaría explicó que, como en otras entidades, la petición viene de que los gobiernos —más aún en el caso de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella— cambian de enfoque con respecto a las políticas que plantean. Según eso buscan a sus asesores.

“Ellos venían del gobierno Petro. Con un nuevo gobierno y un nuevo ministro, se les solicita a esas personas que renuncien y quien llega nombra a otras personas que entienden de derecho penal, política criminal y derechos humanos para asesorar al Ejecutivo. Esto, en temas penitenciarios y en combate del crimen en el territorio nacional”, dijo el experto.

El giro ideológico en la lucha contra el crimen y el impacto en procesos judiciales

En ese sentido, agregó que ese tipo de renuncias son habituales. “Es normal que pidan las renuncias, porque llega un nuevo gobierno. Cada uno, dependiendo de su ideología, tiene su forma de cómo combatir el crimen”.

Luego, se refirió concretamente a la línea de pensamiento del presidente. “Es de derecha; el doctor Abelardo de la Espriella llegó con una nueva visión de cómo combatir el crimen y por eso pidió la renuncia. A raíz de eso nombra a otros expertos que sigan esa formación en criminología, victimología, derecho penal y derechos humanos. Sobre todo, que entiendan qué es la política criminal y cómo reducir y combatir el crimen”, sostuvo.

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Finalmente, en cuanto a si algún proceso judicial se ve afectado con la decisión, Santamaría dejó claro que no, ya que la Comisión es asesora del Ejecutivo. “Los procesos no se ven afectados porque ellos son asesores solo en política criminal: cómo minimizar y combatir el crimen por parte de Presidencia y sus ministerios”.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Qué función cumple la Comisión Asesora para la Política Criminal en Colombia?

Es un órgano consultivo del Ejecutivo integrado por expertos y académicos que orientan las estrategias del Estado en materia penal, penitenciaria, prevención del delito y combate al crimen organizado.

¿La renuncia de la Comisión Asesora afecta los juicios o procesos penales en curso?

No. Al ser un ente de carácter estrictamente consultivo para la Presidencia y sus ministerios, sus cambios de integrantes no inciden en las decisiones ni en los tiempos del poder judicial.

¿Cómo funcionará la nueva política de sometimiento a la justicia?

Según el Ministerio de Justicia, las bandas o grupos armados que se acojan no tendrán margen para negociar condiciones. Únicamente se someterán a la ley, aunque se contemplan proyectos de reinserción social.