Gobierno extiende por otro año la intervención de EPS Emssanar, con casi 1.7 millones de pacientes
La EPS lleva intervenida desde julio de 2022. La medida busca mantener el control administrativo de la entidad, que es la que menos ha cumplido con tutelas entre las intervenidas.
El Gobierno Nacional extendió hasta mayo de 2027 la intervención de la EPS Emssanar. La medida lleva vigente desde mayo de 2022, es decir, a pocos meses de que terminara la administración de Iván Duque.
En la resolución, firmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se argumenta que la EPS no ha superado las problemáticas que llevaron a ser intervenida en un principio.
Entre ellas, como en otras EPS, hay temas relacionados con indicadores financieros y de funcionamiento. La entidad tiene presencia importante en el Valle del Cauca —principalmente en Cali y Buenaventura—, Nariño y Putumayo, y cuenta con alrededor de 1.673.000 afiliados.
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El documento dice que la extensión pretende garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y proteger los recursos destinados al sistema de seguridad social en salud.
A su vez, la normativa señala que el Estado es responsable de vigilar y controlar a las diferentes entidades que administran los recursos para evitar riesgos que afecten la atención de los afiliados.
A mediados de mayo, la Asociación Unitaria de Trabajadores de la entidad envió una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro Jaramillo y al superintendente de Salud Daniel Quintero, solicitando detener alguna decisión que implicase la liquidación de la EPS.
Desde allí se reiteró, en ese momento, que la situación financiera de la entidad debe analizarse teniendo en cuenta las complejas condiciones sociales y geográficas de la población que atiende.
Y explicaron que la concentración de afiliados en áreas rurales dispersas y con altos índices de pobreza incrementa los costos médicos y la demanda de atención especializada.
Según un informe de la Contraloría, ninguna de las ocho EPS intervenidas —Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Capresoca— alcanza el 100 % de cumplimiento de fallos de tutela para garantizar el derecho fundamental a la salud.
El caso más grave es, precisamente, el de Emssanar, que apenas registra un cumplimiento del 4,48 % de las decisiones judiciales emitidas para proteger a los pacientes.
¿Cuándo surgió Emssanar?
Emssanar surgió en 1994, en medio de la implementación de la Ley 100 de 1993. Según la Asociación mencionada, lo hizo como una iniciativa ligada a organizaciones comunitarias encargadas de garantizar cobertura médica a población de bajos recursos.
Otras EPS intervenidas
A mediados de mayo, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, consideró un fracaso la intervención del gobierno de Gustavo Petro a varias EPS del país, ya que no se ha logrado solucionar la crisis financiera del sistema de salud.
Vesga se basó en el informe de la Contraloría General de la República, en el que se advirtió que las EPS intervenidas atraviesan un “deterioro crítico y sostenido”. De hecho, en una entrevista radial expresó que “el remedio resultó peor que la enfermedad”.
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Según el organismo de control, las intervenciones no han cumplido su objetivo de estabilizar el sistema y, por el contrario, han profundizado los riesgos financieros que amenazan la atención de millones de colombianos.
“Se advirtió hace varios meses que la fragilidad de estas entidades históricamente nunca se ha corregido a través de las intervenciones. No conocemos el primer caso”, expresó la presidenta de Acemi.
También habló sobre los retos que tendrá el próximo presidente de Colombia, pues se encontrará con 19,8 millones de personas afiliadas a EPS que presentan una fragilidad “administrativa y financiera severa”.
“Durante 2025, 700 mil usuarios se trasladaron desde esas EPS, en donde no están recibiendo atención, hacia EPS no intervenidas, generando también una presión sobre ellas”, dijo Vesga a Caracol Radio.
Entre otros casos preocupantes para entes como la Contraloría está el de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11,6 millones de afiliados.
Según la Contraloría, la entidad no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados correspondientes a 2024 y 2025, situación que impide verificar la veracidad de su información contable. Además, se detectó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y otros $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.