Colombia

Oposición denuncia persecución judicial del Gobierno Petro ante la Corte Suprema

El representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) advirtió que la UNP lo denunció por calumnia, injuria y otros delitos. Previamente, su copartidario Andrés Forero también había alertado sobre una acción similar en su contra por parte del ministro de Salud.

hace 9 minutos

Tal como lo hizo 24 horas antes el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, este miércoles el congresista de oposición Hernán Cadavid llamó la atención por lo que calificó como un “ataque judicial” y un hecho de persecución por parte del Gobierno de Gustavo Petro. Lo anterior, tras conocerse que la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia.

Según la denuncia, presentada ante la Sala Penal de Instrucción, Cadavid sería responsable de los delitos de calumnia, injuria, tráfico de influencias, revelación de secreto, actos de discriminación, hostigamiento e instigación a delinquir.

En el recurso, que data del pasado 17 de julio, se reclama que el congresista uribista ha realizado varios pronunciamientos en contra de la entidad y de su director, Augusto Rodríguez, cuestionando los esquemas de protección y los sistemas para ofrecer garantías a congresistas y precandidatos. Lo anterior, en el marco del magnicidio contra el fallecido senador Miguel Uribe Turbay.

El Centro Democrático señaló que Cadavid ha denunciado de manera pública cómo los esquemas de protección del Estado están siendo entregados discrecionalmente a personas cercanas al Gobierno. “Así mismo, ha expuesto que de forma irregular, la UNP ha entregado más de 36 esquemas de seguridad sin estudios de riesgo, asignando 96 escoltas y 28 vehículos blindados al servicio de aliados políticos del actual Gobierno, sin control ni transparencia alguna.”

“La UNP, en cabeza del señor Augusto Rodríguez, exmilitante del M-19, ha emprendido una persecución judicial en mi contra. No contentos con la desprotección a los miembros de la oposición como Miguel Uribe, quien solicitó en 20 ocasiones o más el reforzamiento de su equipo, o el representante a la Cámara Julio César Triana, quien le solicitó en más de tres ocasiones, han desatendido sus obligaciones naturales para emprender una persecución contra quienes ejercemos el control político”, reclamó Cadavid.

De acuerdo con el representante, en lugar de ocuparse por brindarle las garantías a la oposición, la UNP ha presentado una denuncia en la Corte Suprema en su contra. “Para el exmilitante del M-19 casi soy responsable de todo el Código Penal. Enfrentaremos también esta persecución que ha emprendido el Gobierno”, agregó.

Cadavid señaló que “mientras los peores criminales” en Colombia son protegidos por el Ejecutivo con camionetas, escoltas o subsidio al combustible, líderes de la oposición son asesinados y otros son perseguidos judicialmente. “No nos van a amilanar y no tenemos miedo”, precisó.

Previamente, el representante, Andrés Forero, también del Centro Democrático, denunció que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, busca “silenciarlo” a través de una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, en respuesta al ejercicio de control político que ha hecho el representante, “pasando por alto el artículo 185 que habla de la inviolabilidad parlamentaria”.

“La denuncia la radicó el ministro tres días después del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, el día 10 de junio de 2025”, alegó Forero.

Además, denunció que el secretario General Encargado y director Jurídico (Jorge Enrique Salas) acompañó al ministro a la diligencia ante la Corte Suprema y un contratista del Ministerio, Kristhian Fabián Lozano, funge como apoderado del ministro Jaramillo. “Este contratista gana alrededor de 15 millones de pesos mensuales”, señaló.

El Centro Democrático alertó a la ciudadanía y a la comunidad internacional “sobre esta persecución judicial y política, que no solo pone en riesgo la vida de los miembros de la oposición, sino que además evidencia un uso indebido de los recursos públicos destinados a la seguridad de quienes realmente lo necesitan”.