Petrismo demandará decreto de la protesta, mientras el Gobierno dice que no tolerará bloqueos

Con movilizaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades, este miércoles se desarrolló una jornada de protestas en el país. Docentes, estudiantes, centrales obreras y sectores de oposición salieron a las calles para expresar su rechazo a distintas decisiones del Ejecutivo, en medio del debate por la nueva regulación jurídica de la protesta social.

Antes de que la gente saliera a las calles, varios congresistas de la oposición anunciaron demandas para frenar el decreto que cambió las reglas para la atención de las protestas.

En la Casa de Nariño, el presidente Abelardo de la Espriella estuvo haciéndole seguimiento a las manifestaciones en el PMU (puesto de mando unificado) que se instaló desde el martes en la tarde, cuando también se firmó el Decreto 1525 de 2026, que regula el uso de la Fuerza Pública durante las manifestaciones.

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Según lo que contempla, los gestores de convivencia y los equipos de diálogo pueden mantener su labor mientras las autoridades actúan contra quienes cometan agresiones.

En Bogotá, la marcha comenzó hacia las 10:30 de la mañana en el Parque Nacional y avanzó hacia el centro de la capital. Reunió a cientos de personas en la Plaza de Bolívar, a donde llegó el expresidente Gustavo Petro justo cuando empezó a llover con granizo.

En la tarima participaron líderes del Pacto Histórico, como el senador Iván Cepeda y el exgobernador Camilo Romero. En diálogo con EL COLOMBIANO, Romero calificó la jornada de “contundente” y resaltó que fuera pacífica, aunque Transmilenio dejó un balance de tres estaciones vandalizadas y unas 470.000 personas afectadas en su movilidad, al cierre de esta edición.

La jornada estuvo acompañada de arengas de rechazo al proyecto de Estatuto Antiterrorista — que aún no se ha radicado en el Congreso y busca endurecer las penas contra las organizaciones criminales —, al nuevo decreto sobre la protesta y a otras reformas que impulsa el Gobierno Nacional.

Este medio conoció que durante la movilización en Bogotá, en varios momentos, entre los asistentes se planteó la posibilidad de convocar a un paro nacional en noviembre, algo de lo que todavía no se tiene información oficial.

No todo fue tranquilo. En Ibagué, la UNDMO de la Policía Metropolitana mantuvo una intervención en el centro de la ciudad que generó confrontación con manifestantes en la Plaza Murillo Toro. Allí fueron capturadas cuatro personas que portaban armas cortopunzantes, según la Alcaldía.

También se registraron desmanes al final de las protestas en Medellín y Popayán.

En la capital, la presencia de uniformados con fusil al hombro que vigilaban la manifestación desde el techo del Congreso generó controversia.

Sin embargo, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó que los efectivos hacían parte del esquema de seguridad de Petro y no de un dispositivo del actual Gobierno para reprimir la protesta.

¿Qué buscan las demandas?

Sectores de la oposición coinciden en que la norma podría ser inconstitucional y representar un retroceso en los derechos de quienes protestan.

La senadora Jennifer Pedraza dijo que el Gobierno no podía modificar las reglas de la protesta por esta vía, pues cualquier reglamentación de este derecho debe tramitarse mediante una ley estatutaria en el Congreso.

También cuestionó la forma del cambio: dijo que solo se dieron siete días para comentarios al decreto y que no se convocó la Mesa Nacional de Garantías.

Otro reparo que presentó fue que supuestamente el diálogo previo a la intervención de la Fuerza Pública pasaría a ser una opción para las autoridades, y no un paso obligatorio que deban agotar.

Además, cuestionó que el Gobierno use los bloqueos como justificación: recordó que bloquear una vía no constituye automáticamente un delito y citó la Sentencia C-742 de 2012 de la Corte Constitucional.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió el nuevo decreto y aseguró que el propósito no es limitar el derecho a manifestarse. “Es un decreto garantista y democrático (...). El presidente ha sido claro, se respeta la protesta social, pero no se toleran los bloqueos”, dijo.

Días atrás, Lara había explicado que los trancones, el ruido y las incomodidades no constituyen violencia, mientras que las agresiones, el porte de armas, la retención de personas y los obstáculos al paso de ambulancias sí justifican la intervención de las autoridades.

Desde el Pacto Histórico, también tres congresistas hablaron de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, argumentó que el Ejecutivo se habría excedido en sus facultades reglamentarias al introducir nuevas restricciones a la protesta.

Otro de sus cuestionamientos es que las afectaciones económicas o de movilidad puedan servir para justificar el despliegue de la Fuerza Pública sin agotar antes las instancias de mediación. Y dijo que las autoridades deben actuar frente a los hechos individuales de violencia sin afectar a quienes se manifiestan pacíficamente.

Se sumaron Laura Daniela Beltrán y Daniel Monroy, quienes, además de la demanda de nulidad, anunciaron una tutela y una solicitud de suspensión cautelar para frenar la puesta en práctica del decreto.

El procurador Gregorio Eljach recordó que la Constitución protege la protesta, pero advirtió que no es un derecho absoluto y que el presidente tiene facultades para restablecer el orden público.

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¿Qué cambió el nuevo decreto?

El decreto permite la acción de la Fuerza Pública incluso antes de que se agote la etapa de diálogo si se trata de un contexto violento. Uno de los puntos clave es la verificación de las causales para dar por agotada la etapa de mediación: entre ellas están impedir el paso de ambulancias, afectar los servicios hospitalarios, portar armas y destruir infraestructura. Esa evaluación le corresponde al Puesto de Mando Unificado (PMU), que debe dejar constancia de su decisión en un acta.

El texto aclara que el agotamiento del diálogo no autoriza el uso generalizado de la fuerza y que los bloqueos, por sí solos, no eliminan el carácter pacífico de una protesta. Además, dentro de las 72 horas siguientes a una jornada con afectaciones, las autoridades deberán publicar un balance de heridos, daños y denuncias.

Bloque de preguntas frecuentes

¿Qué es el Decreto 1525 de 2026 y qué regula en Colombia?

Es la norma firmada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para regular la intervención de la Fuerza Pública durante protestas sociales, fijando límites frente a bloqueos, vandalismo y alteración de servicios esenciales.

¿Por qué sectores de la oposición demandaron el Decreto 1525 de 2026?

Congresistas argumentan que el Gobierno se excedió en sus facultades al regular un derecho fundamental por decreto y no por ley estatutaria, advirtiendo un posible retroceso en las garantías para los manifestantes.

¿Cuándo puede intervenir la Fuerza Pública según el nuevo decreto de protesta?

La Fuerza Pública puede intervenir antes de agotar la mediación en contextos de violencia, tales como bloqueo a ambulancias, afectación a hospitales, uso de armas o destrucción de infraestructura, según constancia del PMU.