¿Por qué subió más de un millón el registro de víctimas por el conflicto durante el gobierno Petro?
Las cifras reveladas por la Unidad para las Víctimas revelan que Antioquia está entre las regiones más afectadas. Además, ¿cómo se define una víctima en Colombia?
Durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, el número de víctimas del conflicto armado en Colombia aumentó en un millón, sumándose a los más de 10 millones que ha dejado la guerra durante décadas, según cifras de la Unidad para las Víctimas.
Así se lo reveló la entidad a El Tiempo, quien detalló que en los últimos cuatro años reconocieron a un total de 1.492.003 víctimas. De ese listado, 1.074.190 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) por hechos ocurridos específicamente entre el 7 de agosto de 2022 y el 1.º de junio de 2026.
Se deja la claridad de que el 72 % de esas casi 1.5 millones de víctimas denunció hechos ocurridos entre 2022 y 2024, mientras que más de 400.000 corresponden a crímenes de periodos anteriores.
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Esa última cifra se debe a que muchas personas pueden tardar meses o años en declarar la información, sea por miedo o dificultades de acceso a las autoridades.
Las cifras llegan en medio de cuestionamientos al gobierno Petro por supuestamente haber tomado decisiones que beneficiaron a los grupos armados, como el “pacto de los congelados” entre el ex comisionado de Paz Danilo Rueda y el Clan del Golfo.
En este hubo promesas como despedir a los oficiales de Inteligencia que los investigaban, suspender los bombardeos en su contra y frenar los pedidos de extradición para sus cabecillas.
Definición de víctima en Colombia
En el marco de la Ley 1448 de 2011, modificada por la Ley 2421 de 2024, en Colombia son víctimas las personas que “individual o colectivamente han sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
A su vez, son víctimas “las personas que han sido desplazadas al interior del territorio con ocasión de disturbios y tensiones interiores o violencia generalizada”.
Gobierno Duque
Entre 2018 y 2022, el Estado incluyó en el RUV a 711.916 personas, según datos del Boletín Datos para la Paz del tercer trimestre de 2025.
En su mayoría, corresponden al gobierno de Iván Duque, pero debe aclararse que, como se toman los años completos (1 de enero al 31 de diciembre) y los gobiernos empiezan y terminan el 7 de agosto, estas cifras no incluyen de manera exacta al periodo de gobierno.
Además, en el Boletín se expone que son las personas que se registraron, mas no se hace la claridad de que los hechos hayan ocurrido en esos cuatro años.
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Desplazamientos y amenazas
Aunque el número de víctimas reconocidas ya es alarmante, otras cifras que preocupan en este cuatrienio son las denuncias por hechos victimizantes. Entre ellas, el desplazamiento forzado aparece, por amplia diferencia, como el delito más recurrente.
Según la Unidad para las Víctimas, en los últimos cuatro años se reportaron 1’259.885 casos de ese flagelo. Le siguen las amenazas, con 308.085 denuncias, y el confinamiento, con 171.066 casos reportados. La entidad reportó, a su vez, que recibieron 65.942 casos de homicidios, 15.331 de desaparición forzada, 5.425 de secuestros y 1.318 de tortura.
Departamentos y municipios
Según las cifras, el departamento con mayor reporte de víctimas es Nariño con 178.160, seguido por Norte de Santander con 177.674 y Antioquia es el tercero con 154.952.
En cuanto a municipios, Buenaventura, Valle, reportó 92.878 víctimas, mientras que en Tibú, Norte de Santander, hubo 68.489 casos. En Tumaco, Nariño, se reconocieron 42.020.
Las cifras de la Unidad para las Víctimas se suman a las alertas que han hecho otras entidades con respecto al recrudecimiento de la violencia en el año y la presencia de actores ilegales en los territorios.
Una de esas fue la Universidad de los Andes, que advirtió mediante un estudio que la extorsión aumentó 337%, las amenazas contra la población civil crecieron 70%, el reclutamiento forzado de menores se incrementó 168% durante el gobierno Petro.
Amnistía Internacional también reveló recientemente un informe donde rajaba al gobierno Petro en materia de derechos humanos. Para la ONG, varios de los grupos armados implicados en negociaciones con el Estado siguieron delinquiendo en Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Bolívar y La Guajira.