Gobierno estalla contra la Fiscalía por negarse a suspender órdenes de capturas al Clan del Golfo
El ente acusador comunicó que se hará una verificación individual de cada uno de los solicitados, revisando identidad, situación jurídica y pertenencia real al grupo armado.
Periodista y productor de archivo. Egresado del programa de comunicación social de la Universidad Santiago de Cali y actual estudiante de la Maestría en Producción de Narrativas Históricas de la Universidad Externado. Ha trabajado en medios como El País Cali, Séptimo Día de Caracol Televisión y Vorágine. Co-investigador en la serie documental “Garavito: la bestia serial”, de Discovery. Caleño amante de la salsa y el pandebono sin bocadillo.
La mesa de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, que para fines de ganar reconocimiento político cambió el nombre a Ejército Gaitanista de Colombia, atraviesa su momento más crítico tras un abierto choque entre la Casa de Nariño y la Fiscalía.
La controversia estalló por la solicitud del Ejecutivo de suspender 29 órdenes de captura contra cabecillas de esa estructura armada para facilitar su ingreso a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), previstas para comenzar el 25 de junio de 2026. Entre los beneficiados figura alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan con orden de extradición a Estados Unidos.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, respondió este martes con un documento fuerte en el que rechazó suspender de manera automática e inmediata las órdenes de captura.
Su despacho, por resolución, advirtió que hará una verificación individual de cada uno de los solicitados, revisando identidad, situación jurídica y pertenencia real al grupo armado.
“Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”, señaló la entidad al respecto.
Además, condicionó cualquier avance a hechos verificables como la desarticulación de sus estructuras armadas, la suspensión de conductas contrarias al derecho internacional humanitario (DIH) o al derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, la entrega de armas, la cesación de hostilidades contra la población civil, el desminado cuando corresponda, la transición de economías ilegales a proyectos productivos lícitos, entre otros.
El ente acusador también dejó claro que las ZUT no implican una suspensión de las investigaciones penales ni una autorización general de movilidad para los integrantes del grupo. Uno de los puntos más sensibles fue la inclusión de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego (‘Chiquito Malo’), máximo jefe del Clan del Golfo, quien tiene solicitud de extradición con concepto favorable de la Corte Suprema desde diciembre de 2025.
La Fiscalía insistió en que Colombia debe respetar sus compromisos de cooperación judicial internacional.
A las alertas de la Fiscalía se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien advirtió que suspender las capturas podría generar “incentivos perversos” y afectar las garantías democráticas en regiones bajo influencia del grupo armado.
Petro respondió
Luego de lo comunicado por la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro intervino en X para reafirmar que la conducción de la política de paz corresponde exclusivamente al jefe de Estado. Petro defendió su facultad constitucional para determinar cuándo un proceso entra en fase avanzada, pero al mismo tiempo desautorizó a la Comisión de Paz por haber incluido en la lista a cabecillas con procesos de extradición sin consultarle previamente.
El mandatario aclaró que no ha suspendido la extradición de alias “Chiquito Malo” y ordenó rehacer de inmediato el listado de cerca de 400 integrantes que serían trasladados a las ZUT en el sur de Córdoba, excluyendo a cualquier integrante solicitado en extradición, en este caso alias Chiquito Malo. Según Petro, ese beneficio solo podrá evaluarse en “etapas posteriores y condicionado al cumplimiento integral de los acuerdos”.
Sin embargo, mientras el Presidente calmaba las aguas con la fiscal, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, escaló la tensión mediante un comunicado público divulgado este martes.
Patiño sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura no depende de una valoración discrecional de la Fiscalía, sino que opera automáticamente por “mandato de la Ley 2272 de 2022 durante el desplazamiento y permanencia de los integrantes en las ZUT”.
“Preocupa que ahora, mediante la Resolución No. 0-142 de 2026, se introduzca una interpretación contraria que termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador”, agregó el comisionado Patiño.
El comisionado también cuestionó el cambio de postura de la fiscal Camargo, recordándole que en enero pasado “había reconocido que la suspensión de capturas operaba de pleno derecho y no por autorización del ente investigador”.
Según Patiño, corresponde únicamente al Presidente evaluar si un proceso de paz se encuentra en “estado avanzado”, condición que —aseguró— ya fue reconocida por el Gobierno mediante la creación oficial de tres ZUT para el Clan del Golfo desde diciembre de 2025.
“Toda actuación en mi calidad de Comisionado de Paz y de la Consejería que dirijo, se ha desarrollado en estricto cumplimiento de la Constitución y de la ley. En ningún momento se ha pretendido sustituir las competencias constitucionales ni legales de la Fiscalía General de la Nación, siempre se ha actuado en respeto de la autonomía de las ramas del poder público, sin interferir en el ejercicio de la acción penal”, precisó el comisionado de Paz.