¿Informes anónimos son la excusa del Gobierno Petro para sacar oficiales?
Expertos advierten que las denuncias anónimas son recurrentes en las instituciones y en FF. MM., pero no son carta blanca para destituciones, especialmente en organismos de inteligencia como la DNI. ¿Qué hay detrás?
Periodista y productor de archivo. Egresado del programa de comunicación social de la Universidad Santiago de Cali y actual estudiante de la Maestría en Producción de Narrativas Históricas de la Universidad Externado. Ha trabajado en medios como El País Cali, Séptimo Día de Caracol Televisión y Vorágine. Co-investigador en la serie documental “Garavito: la bestia serial”, de Discovery. Caleño amante de la salsa y el pandebono sin bocadillo.
La poderosa Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) mantiene bajo escándalos en este Gobierno. Todos los cuestionamientos tienen un patrón común: la ligereza con la que los exM-19 nombrados por Gustavo Petro manejan asuntos de seguridad nacional basados en documentos anónimos o cuestionables por su contenido poco verificado.
El caso más reciente gira en torno a un informe de ese organismo basado en un anónimo, que terminó con la salida del general Edwin Urrego y del teniente coronel Óscar Moreno. Urrego, entonces comandante de la Policía en Barranquilla, fue señalado junto a Moreno de una supuesta conspiración para “plantar droga” y comprometer al presidente Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Urrego cuestionó la solidez del documento: “Frente al informe, me parece escueto, muy básico. Deja entrever cosas que carecen de fundamento”. La controversia aumentó cuando el propio ministro Benedetti y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, hablaron de una posible “desinformación” al presidente a partir de esas versiones.
En medio del debate, este martes la DNI emitió un comunicado en el que defendió la facultad constitucional del jefe de Estado para llamar a calificar servicios a miembros de la Fuerza Pública. La postura reavivó la discusión sobre el alcance de la inteligencia estratégica en decisiones de alto impacto político.
Lo más polémico es que el informe se sustentaba exclusivamente en un correo anónimo enviado a Colombia Humana, en el que se advertía sobre el supuesto plan durante una visita presidencial a Barranquilla. La alerta llegó el 27 de octubre de 2025 a la plataforma de contratación PACO, a través de un buzón sin remitente ni datos de contacto, y fue copiada a la Casa de Nariño. Desde allí, el general (r) Humberto Guatibonza, jefe de seguridad presidencial, trasladó la información a la Fiscalía General de la Nación, y el propio jefe de Estado radicó la denuncia.
Pero no es el único caso. En marzo de 2024, el periodista Daniel Coronell dio a conocer que a Álvaro Leyva, en ese momento canciller, supuestamente lo habían llamado para decirle que Thomas Greg & Sons había sobornado al entonces secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar. A lo que Leyva habría accedido a pagar $30 millones, de gastos reservados de la DNI tomados a través de una funcionaria, por obtener esa información.
El buen nombre y las demandas
Yefrin Garavito, magíster en Investigación Criminal, advierte en diálogo con este diario que el uso de documentos anónimos en organismos de seguridad de alto nivel implica riesgos significativos para la operatividad institucional y la integridad del Estado. Dice que las denuncias anónimas son recurrente en las instituciones y en FF. MM., pero no son carta blanca para destituciones, especialmente en la DNI.
Su análisis aplica a todo el sistema de Inteligencia conformado por cuatro instancias: la DNI; las inteligencias de la Policía y del Ejército; y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), encargada de las alertas sobre lavado de activos. Mientras la DNI y la UIAF dependen directamente del Ejecutivo, es decir, del Presidente, las inteligencias de la Policía y de las Fuerzas Militares están adscritas al Ministerio de Defensa.
Garavito subraya que el debido proceso es un derecho fundamental, reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional, y un pilar de cualquier institución. Retirar a oficiales con base en anónimos, sin una investigación previa ni vinculación formal a un proceso penal o disciplinario, no solo vulnera esa garantía, sino que también afecta el buen nombre de quienes han servido al Estado, al exponerlos ante la opinión pública sin pruebas materiales claras.
“Esto incentiva que subalternos inconformes con las decisiones de sus superiores recurran a denuncias anónimas, al percibir que pueden provocar destituciones sin debido proceso. Una práctica así podría traer serias consecuencias institucionales”, señala.
Añade que la gravedad es mayor cuando se trata de la DNI, cuya misión es comparable a la de la CIA en EE. UU. En ese contexto, sostiene que confiar más en un supuesto anónimo que en los propios mecanismos formales de investigación genera incertidumbre interna, deteriora la moral de los mandos y debilita el respaldo institucional necesario para ejercer autoridad.
¿Instrumentalización?
Incluso, el experto sostiene que para estructuras criminales resulta relativamente sencillo promover un anónimo contra un comandante que esté adelantando operaciones eficaces en su contra, buscando que el propio Estado lo aparte del cargo.
Decisiones sustentadas en ese tipo de documentos, agrega, pueden vulnerar garantías legales y abrir la puerta a demandas administrativas contra la Nación. Ello no solo implicaría eventuales indemnizaciones millonarias, sino también la posible reincorporación de los oficiales.
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