¿Sentencias sin plata? La JEP reclama una millonada para que se puedan cumplir fallos contra las Farc
El Ministerio de Hacienda ha destinado 20.000 millones de pesos, es decir menos de una quinta parte de lo que se necesita.
Comunicadora social y periodista de la Universidad del Quindío, con más de 13 años de experiencia en cubrimientos judiciales y de orden público. Trabajó en Colmundo Radio, Colprensa y Caracol Radio Bogotá, cubriendo la Procuraduría, Altas Cortes, juzgados y la Defensoría, entre otros temas. También trabajó en Caracol Radio Medellín y como coordinadora de comunicaciones en la Alcaldía de Medellín (2021-2023). Actualmente hace parte del equipo de periodistas en la sección de actualidad de El Colombiano.
Hace apenas unos días el país discutía las primeras decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz, que condenaron al antiguo Secretariado de las FARC por secuestros y a un grupo de militares por los llamados falsos positivos. En ese momento el debate giraba en torno a si existía incumplimiento al Acuerdo de Paz o si los excombatientes buscaban beneficios de inmunidad. Ahora el panorama cambia, pues la JEP reveló que no hay dinero suficiente para hacer efectivas esas condenas.
La Secretaría Ejecutiva de la jurisdicción advirtió que se requieren 121.858 millones de pesos para poner en marcha los proyectos de reparación ordenados en las sentencias. Sin esos recursos, las sanciones propias, como obras comunitarias, memoriales y programas de sanación con pueblos indígenas, no podrán cumplirse.
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“El cumplimiento de las sanciones impuestas a los máximos responsables de los más graves crímenes relacionados con los macrocaso 01 (Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP) y en e macrocaso 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado), depende constitucional y legalmente de la asignación y efectiva disposición de recurso financieros por parte del gobierno nacional por medio de los correspondientes rubros específicos incorporados en el Presupuesto General de la Nación”, se lee en la carta.
El oficio con la advertencia fue enviado el 23 de septiembre al presidente Gustavo Petro, a varios ministros y a los presidentes del Senado y la Cámara. Allí se insiste en que el Gobierno debe garantizar el presupuesto para el cumplimiento de las decisiones judiciales, tal como lo ordena la Constitución.
Por ahora, el Ministerio de Hacienda ha destinado 20.000 millones de pesos, es decir, menos de una quinta parte de lo que se necesita. La JEP reconoció este avance, pero lo calificó como insuficiente frente a la magnitud de los proyectos.
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“Resulta entonces indispensable asegurar la apropiación presupuestal suficiente para estos proyectos, a los que se sumarán otros derivados de sentencias posteriores y de autos que establezcan medidas de contribución a la reparación”, añade la comunicación.
Entre las iniciativas pendientes figuran memoriales en la Costa Caribe, un mausoleo con 700 osarios para víctimas de desaparición forzada, centros de armonización para comunidades indígenas y casas culturales en Valledupar, Magdalena y La Guajira. También están incluidos programas de búsqueda de desaparecidos y de desminado humanitario.
La JEP pidió al Congreso que en el proyecto de Presupuesto General de 2026 se incluyan artículos que obliguen al Gobierno a priorizar estos recursos. La justicia transicional no puede quedarse en el papel y, como lo advirtió la jurisdicción, sin dinero no habrá reparación ni verdad efectiva para las víctimas.