Keralty pide al Gobierno reparar daños a EPS Sanitas tras fallo de la Corte que declaró ilegal su intervención
La carta sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional, expone los impactos que, según Keralty, dejó la administración estatal; como fallas en la atención y el deterioro de la red de prestadores, entre otros.
Keralty, grupo al que pertenece la EPS Sanitas, reaccionó al fallo de la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención estatal a la entidad. En un comunicado difundido este lunes, la compañía aseguró que la decisión “no solo reconoce la ilegalidad de la intervención, sino que desenmascara una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”.
El texto sostiene que la intervención “no fue un error administrativo”, sino un ataque directo contra los derechos fundamentales. Según la carta, los meses bajo control estatal dejaron pacientes sin atención, escasez de medicamentos y una red de servicios debilitada hasta sus bases.
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La empresa española atribuyó estas consecuencias a una “supuesta transformación improvisada, carente de planificación y desprovista de humanidad”.
La compañía exigió al Ejecutivo cumplir sin excusas el fallo de la Corte y advirtió que desconocerlo sería “un nuevo atentado contra el Estado de derecho”. Entre los reclamos centrales están la “reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado”, el pago de las deudas pendientes y el fin de las “campañas de desinformación que aún persisten” en la opinión pública.
También pidió que se establezcan garantías institucionales “robustas y vinculantes” para impedir que una medida de este tipo vuelva a repetirse.
El escrito resalta un pronunciamiento hacia afiliados y trabajadores: “¡Estamos de vuelta! Con la misma pasión por la salud, la ciencia y el espíritu de comunidad que nos define, iniciamos la ardua tarea de reconstrucción. Pero debemos ser francos: el daño causado por la intervención ilegal, como lo ha sentenciado la Corte Constitucional, y por la actuación irresponsable del Gobierno (...) es devastador”.
Además, subraya que Keralty no busca venganza, “pero sí justicia”, y sostiene que quienes orquestaron o respaldaron la intervención “deben rendir cuentas”.
En ese sentido, reclamó que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante los tribunales correspondientes, con la advertencia de que “la sociedad colombiana no olvidará, y la historia los juzgará”.
El origen de la intervención
La intervención de Sanitas comenzó el 2 de abril de 2024, cuando la Superintendencia Nacional de Salud asumió el control administrativo de la segunda EPS más grande del país, con 5,7 millones de afiliados.
La decisión se produjo en medio de la crisis política generada por la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, cuyo propósito central era eliminar la intermediación de las EPS en el manejo de los recursos públicos.
En su momento, la Superintendencia argumentó que existían incumplimientos financieros y fallas en la prestación de servicios, razones que justificaban la medida de control. La toma de posesión implicó el relevo del gerente y de la junta directiva designados por los accionistas, y la llegada de un interventor para administrar la entidad por un periodo de un año.
Para el 2 de abril de 2025, la intervención fue prorrogada por otro año. Según la autoridad de control, persistían las mismas condiciones que motivaron la medida inicial: riesgos financieros y dificultades para garantizar la atención oportuna a los afiliados.
Esto mantuvo la administración estatal sobre una EPS que, además, enfrentaba deudas significativas con clínicas y hospitales, situación que generó mayor tensión en la red de prestadores.
El debate alrededor de Sanitas permaneció en el centro de la política nacional. Mientras el Ejecutivo defendía la intervención como una acción necesaria para “salvar el sistema de salud” en un contexto de crisis, sectores de oposición y defensores del modelo mixto advertían que se trataba de un intento de desmontar las EPS por la vía administrativa.
Con la decisión de la Corte Constitucional, Sanitas retoma su administración bajo el control de Keralty. En adelante, la entidad deberá reestablecer su red de servicios, normalizar relaciones con prestadores, responder por los compromisos financieros pendientes y garantizar la atención de sus 5,7 millones de afiliados dentro del sistema de salud colombiano.
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