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La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno devolver la EPS Sanitas a sus dueños el 26 de junio de este año, y el presidente Gustavo Petro y su equipo, como se ha vuelto costumbre, no se tomaron en serio el dictado del alto tribunal. Apenas el martes de esta semana, casi 70 días después, el gobierno anunció que iniciaría el proceso de devolución. “Entonces se procede, señor ministro, a hacer la devolución de la entrega a sus importantísimos y extranjeros dueños”, dijo con evidente sarcasmo el superintendente de Salud, Giovanny Rubiano.
El fallo de la Corte trató de ponerle tatequieto a los abusos que se están cometiendo con estas entidades. Pero el gobierno parece seguir en su empeño de acabarlas. La historia de la intervención a Sanitas, una de las EPS más sólidas y de mayor cobertura en el país, se ha convertido en una radiografía dolorosa de cómo el Estado puede, con decisiones apresuradas y sin sustento técnico, destruir un sistema de salud que tardó décadas en construirse.
Lo ocurrido bajo la gestión del gobierno Petro no solo dejó en evidencia una estrategia política disfrazada de “rescate” al sistema, sino que terminó afectando de manera directa a millones de usuarios que confiaban en un servicio que, con todas sus falencias, se destacaba por niveles de atención y cobertura. La encuesta de hogares del DANE lo ratificaba: más del 85% de la población del país en 2022 le daba una buena calificación a la atención en salud.
El proceso comenzó con la narrativa oficial que señalaba a Sanitas de ser financieramente inviable. El Ministerio de Salud insistió en que la EPS no garantizaba la continuidad del servicio, pese a que sus propios estados financieros mostraban que, con una adecuada actualización en las tarifas y un manejo transparente de los giros, la entidad podía sostenerse. Sin embargo, en lugar de buscar correctivos razonables, el Gobierno optó por el camino más fácil y más dañino: la intervención administrativa.
Lo que siguió fue un desmantelamiento progresivo. La llegada de la Superintendencia de Salud en abril de 2024 significó el desplazamiento de la gerencia técnica y la imposición de funcionarios sin experiencia en la operación del sistema. Para administrar la salud de casi 6 millones de colombianos el Gobierno puso a quien había sido subgerente de un hospital en Guaviare. Los hospitales y clínicas empezaron a experimentar retrasos en los pagos. Se generó desconfianza.
El resultado: el Gobierno entrega una entidad en peores condiciones en las que la recibió. La Supersalud dice que no entiende la decisión de la Corte de devolver la entidad teniendo en cuenta que Sanitas no tiene capital mínimo ni patrimonio adecuado, ni reservas técnicas y, según el Gobierno, pone en riesgo a los usuarios.
Lo que no dice es que estos indicadores se agravaron de manera dramática con la intervención. Antes de la intervención, Sanitas tenía un patrimonio positivo de 21.000 millones de pesos y un año después el patrimonio negativo fue de 1,1 billones de pesos, una variación negativa del 5.702%.
Solo cuando los dueños retomen su control se conocerá la dimensión del desastre. Eso mismo pasa con las cifras de la Nueva EPS, que tiene 11 millones de afiliados, y que después de ser intervenida nadie da información de su situación financiera.
Y también ocurre con las nueve EPS intervenidas por el gobierno: de $1,3 billones de patrimonio negativo en 2022, aumentaron a $3,3 billones en 2023, a $5,7 billones en 2024 y a $10 billones en 2025. La cartera vencida de las EPS con clínicas, hospitales e IPS ascendió $17,6 billones, solo teniendo en cuenta las nueve EPS intervenidas.
La Nueva EPS no reportó información financiera de los años 2024 y 2025, lo que agravaría las cifras mencionadas. ¿Qué va a pasar con esta entidad? ¿hasta cuándo va a durar su intervención? ¿por qué nadie responde por sus cifras financieras y por la atención a los usuarios?.
El patrón es innegable: bajo el discurso de rescatar el sistema, las intervenciones han sido más un mecanismo de control político que una herramienta de mejora. Cada vez que el Estado reemplaza la gestión técnica por la improvisación ideológica, el resultado es el mismo: desfinanciamiento, deterioro en la atención y pérdida de confianza ciudadana. Sin contar con la multimillonaria demanda que tendrá que atender el Estado.
La ruina de Sanitas no puede verse como un hecho aislado. Es el reflejo de una estrategia que, desde el comienzo del gobierno de Gustavo Petro, ha puesto en riesgo el modelo de salud colombiano en su conjunto. Cuando convierte a las EPS en botines de intervención, son los ciudadanos quienes pagan el precio más alto. Y lo hacen no en cifras abstractas, sino en la vida misma: en la demora de una cirugía, en la falta de un medicamento, en la angustia de no saber si el sistema responderá.