Cinco masacres en apenas 10 días del año: ya van 18 víctimas de homicidios múltiples en 2026
Según informes de Indepaz, la última masacre se registró el sábado 10 de enero. La presencia de grupos armados en los territorios donde ocurren es el común denominador.
Comunicadora social con énfasis en Periodismo y Audiovisual de la Javeriana. Ha trabajado para El Tiempo, Portafolio, Directo Bogotá y ahora en EL COLOMBIANO. Apasionada por temas de cultura, género y derechos humanos.
Aunque para muchos el inicio de un nuevo año es la oportunidad para efectuar cambios, hay algo que miles de familias siguen enfrentando en Colombia: la violencia. Han pasado 13 días desde que inició 2026, la última masacre registrada por Indepaz fue hace tres días y el número de víctimas es desalentador: 18 personas asesinadas en cinco masacres.
Como siempre, no son solo cifras: detrás de cada número hay una persona, un nombre y un dolor colectivo. La primera masacre del año ocurrió el 3 de enero de 2026. En Santander de Quilichao, Cauca, fueron asesinadas tres mujeres. La primera víctima fue Irma Yulie Erazo Reina, la administradora de un local comercial del municipio.
Allí, mientras trabajaba, fue atacada por hombres armados. Horas después, en su velorio, otro grupo de hombres armados asesinó a Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53 años. Ambas mujeres fueron perseguidas hasta que lograron quitarles la vida.
El 6 de enero de 2026, la violencia cobró otras siete vidas. La segunda masacre del año ocurrió en la trocha que comunica el sector de Cormoranes con el Anillo Vial Occidental, en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander. En esta ocasión, hombres armados atacaron indiscriminadamente a otros 3 hombres que estaban en aquella vía.
Ese mismo día, pero en Amalfi y Remedios, en el departamento de Antioquia, fueron asesinadas 4 personas. Según informes, los perpetradores del delito habrían sido miembros del Clan del Golfo. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en distintos municipios, pero tres de ellas eran de la misma familia.
En Remedios, corregimiento Santa Isabel, encontraron a Yefer Arley Madrigal Castañeda; en Vegachí, corregimiento El Tigre, estaba Juan Carlos Madrigal Ruiz y otra persona aún por identificar; y en Amalfi, vereda Montebello, Jorge Andrés Madrigal Ruiz.
La cuarta masacre del año ocurrió el 9 de enero en el barrio Altos de Parrantal del municipio de Maicao, La Guajira, hombres armados que se movilizaron en una camioneta de alta gama descendieron del vehículo y dispararon de manera indiscriminada contra un grupo de personas, causando la muerte de cinco de ellas.
Según informes de Indepaz y autoridades regionales, las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel Jurado Maza, de 32 años; Eider Enrique Cantillo, de 33 años; Alex Alfonso Mendoza Ávila, de 25 años; Jean Carlos Meza, de 27 años; y Janer Luis Bustamante, de 23 años. Otras dos personas quedaron heridas y fueron trasladadas a la clínica.
El fin de semana que pasó guarda la masacre más reciente. El sábado 10 de enero, Antioquia volvió a ser un territorio azotado por este tipo de violencia. Los hechos ocurrieron en la vereda Los Rastrojos, zona rural del municipio de Abejorral. Allí, tres cuerpos baleados fueron encontrados por residentes. Las víctimas no han sido identificadas.
Sin embargo, este hecho puso en evidencia algo que también sucede en varios territorios: según la comunidad, ya habían alertado a las autoridades, años atrás, sobre disputas territoriales y la existencia de corredores estratégicos que propician este tipo de hechos de violencia en el municipio. A pesar de que las autoridades aseguraron que investigarían, nada sucedió.
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Por el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre los hechos. Sin embargo, desde la Defensoría han emitido varias alertas, asegurando que no se trata de hechos aislados.
Y es que la violencia registrada se inscribe en un contexto más amplio de control territorial ejercido por grupos armados ilegales, quienes imponen normas y formas de gobernanza paralelas sobre la población.
Según la entidad, esta dinámica constituye un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos y afecta de manera directa la vida, la seguridad y la libertad de las comunidades, especialmente en zonas donde confluyen disputas armadas y economías ilegales.
La Defensoría señala que este control se expresa a través de amenazas, homicidios selectivos, prácticas de “limpieza social”, restricciones a la movilidad, extorsiones y, en algunos territorios, el reclutamiento de menores.
Por último, agregó que la confrontación entre distintos grupos armados ilegales incrementa de forma significativa el riesgo de nuevos hechos violentos, desplazamientos forzados y otras vulneraciones graves contra la población civil.
Desde las comunidades, organizaciones de derechos humanos y entidades de veedurías hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que le ponga atención a la problemática que el año pasado (2025) cobró la vida de 256 personas.