La ruta de los chats que alertaban sobre el magnicidio de Miguel Uribe: así se conectaba con congresistas

Un mensaje que habría circulado en abril de 2025 advertía de un posible atentado contra Miguel Uribe Turbay y Paloma Valencia, señalaba a ‘Marcos Calarcá’, nombre de guerra de Luis Alberto Albán en las Farc, y aseguraba que la orden había salido del Senado mientras se desempeñaba como congresista de Comunes, el partido político de los exguerrilleros tras firmar la paz en 2016.

“Ese malparido (SIC) de Marcos Calarcá está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado”, decía uno de los mensajes que leyó Tarazona al aire.

Tarazona entregó los archivos a la Fiscalía y cuestionó que no hubiera respuestas sobre el informante de Caquetá. Sin embargo, fuentes del organismo confirmaron que ya se adelantan verificaciones para establecer el origen y la autenticidad de las comunicaciones.

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La advertencia habría llegado antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025.

Según los mensajes que María Claudia Tarazona leyó este jueves en entrevista con Mañanas Blu, un informante habría alertado sobre los preparativos de un ataque contra el entonces senador y precandidato presidencial, o contra Paloma Valencia.

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En esa comunicación también se afirmaba que la orden provenía del Senado de la República y que había dinero procedente de Venezuela para financiar la operación.

La revelación abrió nuevas preguntas sobre la posible existencia de información previa al atentado, la identidad de quienes habrían intervenido en la cadena de comunicaciones y la actuación de las autoridades ante esa advertencia.

El mensaje menciona directamente a ‘Marcos Calarcá’, nombre con el que se conoce a Luis Alberto Albán durante su paso guerrillero por las FARC y hoy exrepresentante a la Cámara por el partido Comunes, que recientemente perdió la personería jurídica.

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Durante la entrevista con Blu Radio, María Claudia Tarazona aseguró que la información no correspondía a un rumor anónimo y que los archivos entregados incluían nombres, fotografías y datos que, a su juicio, permitían identificar a las personas relacionadas con la alerta.

También sostuvo que la Fiscalía, hasta el momento, no le había informado sobre avances tras lo denunciado, como una entrevista al informante ubicado en Caquetá ni sobre los resultados de otros dos interrogatorios que considera relevantes para identificar a los determinadores del crimen.

No obstante, horas después de las primeras revelaciones, Caracol Radio informó que fuentes de la Fiscalía confirmaron la existencia de actuaciones ordenadas para establecer la autenticidad y procedencia de los mensajes.

La diferencia entre lo denunciado por Tarazona y las verificaciones reportadas por ese medio es central: una cosa es que se hayan dispuesto actividades investigativas y otra, todavía por establecer, que la información haya dado lugar a una línea formal sobre los posibles determinadores políticos del magnicidio.

La primera fecha: abril de 2025

El primer punto de la trazabilidad se remonta a abril de 2025, aproximadamente dos meses antes del atentado en el que Miguel Uribe fue baleado en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Según la reconstrucción que presentó Tarazona, la información provenía del Caquetá. La persona señalada como fuente en esa región, afirmó, tendría nombre y apellido, una fotografía y vínculos con una organización ilegal.

La viuda del senador del Centro Democrático aseguró que no se trataba de un informante anónimo y que la documentación suministrada a los investigadores permitía ubicarlo.

El mensaje leído en Blu Radio decía: “Ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados Comandos para ir a hacer el atentado”.

A continuación, el remitente aseguraba que una fuente cercana a esas personas le había entregado la información y que confiaba plenamente en ella.

El texto incluía otra afirmación: “Me dice que la orden salió del Senado”. Su autor decía que había intentado comunicarse con el destinatario sin conseguirlo y le pedía extremar las medidas de seguridad de Miguel Uribe y Paloma Valencia.

La comunicación es relevante por la fecha que le atribuye Tarazona: si se confirma que el mensaje circuló efectivamente antes del atentado y que su contenido corresponde a información obtenida con anterioridad a los hechos, los investigadores tendrían que determinar quién lo recibió, quién lo transmitió y qué conocimiento tenía cada una de las personas mencionadas.

Por ahora, esas preguntas no están resueltas públicamente. Tampoco se conoce una verificación independiente del momento exacto en que se redactó o envió el mensaje. Establecer cuándo fue creado, si hubo modificaciones posteriores y a través de qué dispositivos circuló forma parte de las comprobaciones necesarias para determinar su valor como evidencia.

El contenido del chat y los nombres que aparecen

La comunicación leída por Tarazona identifica a ‘Marcos Calarcá’ como la persona que, presuntamente, estaría organizando un atentado con ocho hombres denominados en el texto como “Comandos”.

También atribuye a una fuente supuestamente ubicada dentro del Senado el conocimiento de la orden. En la entrevista, Tarazona identificó a ‘Marcos Calarcá’ como Luis Alberto Albán, antiguo representante a la Cámara por Comunes.

Los señalamientos que leyó en Blu Radio, sin embargo, no demuestran que Albán haya ordenado o coordinado el magnicidio. Esa eventual participación corresponde a una hipótesis que tendría que ser contrastada por las autoridades con evidencia independiente.

Tarazona también advirtió sobre una diferencia que considera importante: ‘Marcos Calarcá’ no sería la misma persona que el hombre conocido con el alias de Calarcá dentro de las disidencias de las Farc.

La distinción resulta relevante para evitar que las referencias del mensaje se atribuyan automáticamente a un mando armado por una coincidencia de nombres.

El chat menciona, además, a una fuente que supuestamente se encontraba “metida allá adentro” y que habría informado sobre lo que iba a ocurrir.

No queda completamente reconstruido en público si esa referencia corresponde a una persona distinta del informante ubicado en Caquetá ni cómo se comunicaban los distintos eslabones.

La identidad de los intermediarios, sus relaciones entre sí y el recorrido original de la alerta son aspectos que la investigación debe esclarecer antes de establecer conclusiones sobre la veracidad de las afirmaciones.

La cadena, de acuerdo con lo leído por Tarazona, no terminó con la advertencia previa. Después del ataque del 7 de junio de 2025, habría llegado otra comunicación que cuestionaba la seguridad del senador.

“¿Dónde putas estaba el esquema de Miguel? Se los dije que lo iban a matar”, decía ese segundo mensaje.

Tarazona considera que la combinación de ambos textos refuerza la necesidad de investigar quién conocía los planes antes del atentado y qué ocurrió con la advertencia.

La conexión con el contacto “escolta senador”

Eso conecta directamente con el expediente por el magnicidio del senador y precandidato Uribe Turbay, que contiene un hallazgo que pone bajo la lupa el esquema de seguridad que lo protegía.

Documentos e informes periciales conocidos por EL COLOMBIANO, revelados el 30 de agosto pasado, muestran que un mes y medio después del atentado del 7 de junio de 2025 la Fiscalía ya sabía de primera mano sobre una presunta fuga de información desde el círculo de protección del dirigente político, para facilitar el magnicidio.

La pista surgió de la declaración judicial de quien ese ese momento era menor de edad y cuya identidad revela por primera vez este diario: Eduardo Jesús Moreno Medina, conocido como alias Churco, oriundo de Falcom, Venezuela, y quien el pasado 12 de mayo cumplió los 18 años.

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La diligencia comenzó el 23 de julio de 2025 a las 3:35 p.m. en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y fue suspendida a las 5:50 p.m. de ese mismo día tras advertirse una presunta autoincriminación del menor, con el fin de garantizar sus derechos y asignarle un defensor.

Pues bien, la ampliación de entrevista siguió al otro día, 24 de julio, a las 8:00 a.m. En esa misma fecha se registró formalmente su entrega voluntaria ante las autoridades, manteniéndose bajo custodia hasta el 25 de julio, cuando logró evadirse de los funcionarios y fugarse ante los ojos de los policías que estaban en la estación más custodiada de Bogotá.

Su declaración fue explosiva. “Churco” señaló que Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o “El Costeño”, condenado a 26 años y 3 meses de prisión por su participación en el magnicidio, no necesitaba depender únicamente de vigilancias externas: decía tener información que provenía de personas que estaban con el senador y que le permitía conocer con precisión sus movimientos.

Según “Churco”, la organización conocía la residencia de Miguel Uribe, el Toyota TXL blanco y gris en el que se transportaba y las rutas que utilizaba.

Pero el dato que convirtió esa versión en una de las líneas más sensibles de la investigación fue otro: el menor aseguró que “Chipi” decía tener a varios escoltas “de su parte”.

Uno de esos supuestos contactos aparecía guardado en el teléfono del cabecilla como “Escolta del senador” o “Escolta senador”. “Churco” relató que, a finales de mayo de 2025, mientras se encontraba con “Chipi” en un taller de motocicletas en Engativá, presenció una llamada por WhatsApp a ese número.

La conversación duró menos de tres segundos. Una voz masculina respondió: “hay manifestaciones” y colgó. Para el menor, no se trataba de una conversación casual. Según su declaración, aquella llamada era una muestra de que la organización recibía información en tiempo real sobre las actividades del senador.

La precisión del dato —una alerta sobre la presencia de manifestaciones— es particularmente uno de los elementos que ahora interesa establecer si pudo provenir de alguien con acceso directo a la agenda y al esquema de protección de Miguel Uribe. El supuesto informante, además, no habría entregado información gratuitamente.

“Churco” aseguró que recibía de manera periódica transferencias a cambio de esos reportes. Según el menor, los pagos eran coordinados por Simeón Pérez Marroquín, alias “La Firma” o “El Viejo”, condenado a 22 años y 4 meses de prisión y señalado como uno de los principales enlaces financieros de la estructura.

La investigación encontró otro elemento que apunta a que la organización seguía de cerca al senador. En el teléfono entregado por “Churco” fue recuperada una fotografía de Miguel Uribe tomada durante un evento público.

El archivo aparece fechado el 29 de mayo de 2025 y estaba almacenado en las carpetas de WhatsApp del dispositivo. La imagen demuestra que, al menos, integrantes de la estructura tenían material fotográfico del senador días antes del atentado.

Los seguimientos, sin embargo, se remontaban aún más atrás. El 30 de marzo de 2025, Miguel Uribe participó en una actividad en el salón comunal de la calle 65 Sur #81F-06, en Bosa.

Una segunda línea telefónica también registró conexiones en esa misma celda y con diferencias de apenas segundos respecto al teléfono atribuido a “El Viejo”.

Para los investigadores, esos datos, sumados a la fotografía hallada en el celular de “Churco”, permiten reconstruir una labor de seguimiento previa al crimen.

Y, sobre todo, ayudan a dimensionar por qué resulta relevante determinar si la información que recibía la estructura provenía de personas ubicadas dentro del círculo de protección.

La versión del menor también explica cómo esa información habría sido utilizada para planear distintos escenarios de ataque. Según “Churco”, la organización conocía incluso la existencia de un camino, callejón o pasillo estrecho cerca de la vivienda del senador por el que este debía transitar a pie después de algunas actividades.

La estructura contemplaba utilizar ese punto si no lograba atacarlo durante alguno de sus eventos públicos. La infiltración, de acuerdo con esa hipótesis, no se habría limitado a conocer la ubicación de la víctima. También habría permitido saber cuándo y dónde era posible encontrar una ventana de vulnerabilidad en su esquema de seguridad.

De los mensajes a María Claudia Tarazona

La ruta de los documentos tiene otro momento fundamental: su llegada a Tarazona y la posterior entrega a la Fiscalía. En Blu Radio, la viuda del senador dijo este jueves que recibió la información aproximadamente dos meses antes de la entrevista.

Explicó que, después de conocerla, habló con sus abogados y dedicó unos diez días a tomar precauciones para proteger a la persona que se la había suministrado, antes de entregarla a las autoridades.

Su decisión, según explicó, consistió en poner el material en manos de los investigadores sin asumir por cuenta propia la tarea de determinar su veracidad.

Sostuvo que correspondía a la Fiscalía identificar a las personas mencionadas, comprobar los datos y establecer si el contenido justificaba una nueva línea dentro del expediente.

Hay que recordar que Caracol Radio informó este mismo jueves que fuentes de la Fiscalía confirmaron que Tarazona había enviado un correo electrónico el 3 de septiembre de 2026 con información que le habría suministrado otra persona.

De acuerdo con ese reporte, en el correo se adjuntaron varios chats que habían llegado a Paloma Valencia. El mismo medio señaló que Tarazona entregó físicamente la información a la Fiscalía durante la semana anterior a la publicación.

A partir de esa entrega, se ordenaron actividades de policía judicial para establecer el origen y la autenticidad del correo electrónico, los mensajes y su contenido.

Esta secuencia permite distinguir al menos tres momentos documentales: la circulación original de la presunta alerta en abril de 2025; el envío de los archivos a la Fiscalía por correo electrónico el 3 de septiembre de 2026; y la entrega física posterior, seguida de la divulgación pública de los mensajes en octubre.

No obstante, todavía falta reconstruir por completo el trayecto entre el emisor original, la persona que habría recibido la advertencia, quienes la transmitieron y los archivos que llegaron a Tarazona.

Tampoco se ha divulgado públicamente una cadena de custodia completa que permita seguir, paso a paso, cada uno de esos movimientos.

La diferencia entre la versión de Tarazona y lo que conoce la Fiscalía Tarazona, insistió durante la entrevista, es que la información no era anónima.

Aseguró que tenía datos para identificar a las personas de la cadena y cuestionó que, después de haber entregado los documentos, no le hubieran informado sobre avances concretos.

Sin embargo, el reporte de Caracol Radio introdujo una diferencia que debe quedar clara. Aunque Tarazona sostiene que la información suministrada cuenta con nombres, fotografías y elementos para ubicar a sus fuentes, las fuentes de la Fiscalía citadas por ese medio señalaron que la identidad de la persona que habría proporcionado la información a la viuda todavía se desconocía para las autoridades.

Las dos afirmaciones no necesariamente se refieren al mismo eslabón de la cadena. Que Tarazona conozca la identidad de quien le entregó los documentos no significa que los investigadores hayan identificado y verificado a todas las personas mencionadas en ellos.

Precisamente por eso se requiere reconstruir la procedencia de los archivos y contrastar las identidades aportadas. Las verificaciones están a cargo de los investigadores del Grupo de Tareas Especiales creado por orden de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tras el atentado.

El objetivo inicial reportado es establecer la autenticidad del correo, los chats y la información contenida en ellos. Hasta el momento de las publicaciones consultadas, no se habían divulgado los resultados de esas actividades ni una conclusión pública sobre la eventual existencia de una nueva línea formal de investigación relacionada con los nombres que aparecen en los mensajes.

El informante de Caquetá: una de las preguntas centrales

Uno de los reclamos más enfáticos de Tarazona es que, según ella, la persona ubicada en Caquetá no había sido entrevistada por los investigadores.

Durante el diálogo en Blu Radio afirmó que no sabía si el grupo de policía judicial se había desplazado hasta ese departamento para localizarla.

La viuda de Migue Uribe sostuvo que la persona podía ser identificada mediante los datos que había entregado y que pertenecía a una organización ilegal.

También dijo que no podía divulgar su nombre públicamente por razones de seguridad. La diligencia sería importante para establecer qué sabía esa persona, cómo obtuvo la información, cuándo la recibió y si tuvo contacto con integrantes de la estructura criminal que habría participado en el atentado.

También permitiría precisar a quién se refería el mensaje cuando hablaba de una fuente que supuestamente tenía acceso a información dentro del Senado.

La existencia de una fotografía o de un nombre dentro de un archivo no resuelve, por sí sola, la identidad ni la credibilidad del informante. Se requiere verificar que se trate de la persona indicada, establecer su relación con los hechos y contrastar su eventual testimonio con otras pruebas.

Tarazona manifestó que su mayor preocupación es que la alerta hubiera circulado antes del atentado sin que, según su versión, se adoptaran medidas que evitaran el ataque.

Aclaró que no pretendía atribuir una intención deliberada a quien habría recibido la información, pues consideraba posible que esa persona la hubiera desestimado.

El nombre de ese supuesto destinatario no fue divulgado durante la entrevista. Tarazona dijo que era un funcionario público, pero se abstuvo de ofrecer más detalles para no poner en riesgo a las personas relacionadas con el caso.

Los interrogatorios a alias Araña y alias Águila

La viuda también reclamó información sobre dos interrogatorios practicados por la Fiscalía antes de la extradición de sus protagonistas a Estados Unidos.

El primero corresponde a alias Araña, señalado por Tarazona como integrante y dirigente de Comandos de Frontera. Según explicó, el interrogatorio buscaba información sobre la planeación, coordinación y financiación del magnicidio.

Para ella, su eventual conocimiento de las dinámicas criminales en la frontera entre Colombia y Venezuela convierte su declaración en una pista que debe ser examinada.

El segundo es alias Águila, a quien Tarazona describió como una persona cercana a alias Zarco Aldinever, señalado dentro de la investigación como uno de los mandos relacionados con la Segunda Marquetalia.

Según la viuda, este hombre también habría sido interrogado sobre la coordinación y financiación del asesinato antes de su extradición. Tarazona manifestó que no conocía el contenido de esas diligencias y reclamó que la Fiscalía le informara qué habían revelado ambos interrogatorios.

¿Qué se sabe de la investigación por el magnicidio? La hipótesis de una posible intervención política se suma a una investigación que ya ha producido condenas y señalamientos contra integrantes de la estructura criminal que ejecutó el ataque.

Según el balance del caso, la Fiscalía ha vinculado formalmente a 16 personas al proceso: ocho habían sido condenadas y un adolescente señalado de disparar contra el senador había recibido una sanción.

También seguían vigentes órdenes de captura contra jefes de la Segunda Marquetalia. En una diligencia de interrogatorio anterior, alias El Viejo, Simeón Pérez Marroquín, señaló que la Segunda Marquetalia había ordenado y financiado el magnicidio y atribuyó la orden a alias Zarco Aldinever. Pérez Marroquín, condenado tras reconocer su papel como intermediario entre los determinadores y el grupo encargado de ejecutar el ataque, constituye una de las fuentes centrales de la investigación conocida públicamente. Esos antecedentes explican la insistencia de Tarazona en distinguir entre los responsables materiales y quienes eventualmente habrían impartido la orden. Su planteamiento es que la investigación no debería detenerse en la identificación de los integrantes de la estructura criminal que ejecutó el atentado, sino establecer si existieron otros participantes y cuál fue su papel. La presunta procedencia de dinero desde Venezuela también forma parte de los señalamientos que ella pide verificar. En Blu Radio afirmó que esa información coincide con lo que, según su lectura del expediente, se habría establecido durante la investigación. El alcance de esa coincidencia y el origen concreto de los recursos deben sustentarse en las pruebas recaudadas por las autoridades. ## La respuesta de Comunes y el llamado a investigar Las declaraciones de Tarazona provocaron una reacción del partido Comunes el 14 de octubre. La colectividad negó tener relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, cuestionó los señalamientos y sostuvo que sus integrantes han sido objeto de ataques, desinformación y estigmatización. En su comunicado, miembros de esa organización afirmaron que estaban dispuestos a atender los requerimientos de las autoridades y defendieron que sus actuaciones se habían desarrollado dentro del marco constitucional y legal. Entre los firmantes se encontraba Luis Alberto Albán. Por su parte, el presidente del Senado, Honorio Enríquez, pidió a la fiscal general adelantar una investigación rigurosa y prioritaria que permita establecer la veracidad de las afirmaciones y esclarecer cualquier eventual participación de personas vinculadas al Congreso, según informó *El País*. Ninguno de esos pronunciamientos resuelve la autenticidad del chat ni establece la responsabilidad de las personas mencionadas. Esa determinación depende de la investigación judicial y de las pruebas que puedan ser obtenidas y controvertidas. ## Las respuestas que todavía faltan La trazabilidad de las comunicaciones deja varias preguntas pendientes: quién redactó y envió la primera alerta; cuándo y a quién llegó originalmente; quién era la fuente que supuestamente tenía información dentro del Senado; cómo se relacionaba con el informante de Caquetá; qué funcionario habría recibido la advertencia; y si las autoridades que tuvieron conocimiento de ella antes del atentado adoptaron alguna medida. También falta establecer la autenticidad técnica de los mensajes, la fecha original de creación y envío, la continuidad entre el chat previo y la comunicación posterior al ataque, y la relación entre los nombres mencionados y las personas vinculadas al proceso penal. A esas preguntas se suman los resultados del trabajo de policía judicial reportado por Caracol Radio, la eventual entrevista al informante de Caquetá y el contenido de los interrogatorios a alias Araña y alias Águila. Tarazona afirmó que continuará exigiendo respuestas para establecer quién ordenó matar a su esposo. La Fiscalía, entre tanto, tiene que determinar qué valor probatorio tienen los documentos entregados y si estos permiten avanzar hacia nuevas hipótesis sobre los determinadores del magnicidio. La diferencia entre una alerta, un indicio y una prueba judicial es decisiva en este caso. Los mensajes describen una advertencia que, de confirmarse su fecha y contenido, podría resultar relevante para reconstruir el antes y el después del atentado. Pero solo la verificación de su procedencia, el contraste con otras evidencias y las diligencias sobre las personas identificadas permitirán establecer si esa advertencia anticipó realmente el crimen y si conduce a nuevos responsables.m Noticia en desarrollo...