Militares admitieron ante la JEP que ayudaron a paramilitares a cometer una masacre en Barrancabermeja en 1998
En sus confesiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tres militares aseguraron que sabían que las autodefensas cometerían una masacre, pero recibieron la orden de no actuar. Como resultado, murieron 25 personas, de las cuales 15 siguen desaparecidas.
Comunicadora social con énfasis en Periodismo y Audiovisual de la Javeriana. Ha trabajado para El Tiempo, Portafolio, Directo Bogotá y ahora en EL COLOMBIANO. Apasionada por temas de cultura, género y derechos humanos.
Veintisiete años después de la masacre ocurrida en la comuna 7 de Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998, varios oficiales del Ejército reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que hubo coordinación directa entre integrantes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares para permitir la incursión que dejó muertos, secuestrados y desaparecidos.
Las confesiones, reveladas por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, desnudan una alianza criminal que durante décadas permaneció oculta bajo un pacto de silencio.
¿Qué sucedió en Barrancabermeja?
Aquel día de mayo, un escuadrón de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC), al mando de alias “Camilo Morantes”, ingresó a la Comuna 7 de Barrancabermeja en medio de un bazar comunitario.
El resultado fue devastador: siete personas asesinadas y 25 secuestradas, de las cuales 15 siguen desaparecidas. Aunque desde entonces las víctimas y organizaciones de derechos humanos denunciaron complicidad estatal, solo ahora antiguos mandos militares admiten que el Ejército conocía y facilitó la operación.
Uno de los testimonios centrales es el del mayor (r) Oswaldo Prada Escobar, exjefe de inteligencia del Batallón Nueva Granada. Ante los magistrados, reconoció que sabía con antelación que los paramilitares entrarían al municipio y que la institución no solo no lo impidió, sino que creó las condiciones para que el ataque se ejecutara sin obstáculos.
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Prada relató que dos días antes de la masacre participó en una reunión con altos oficiales del batallón y con miembros de las AUSAC, en la que se habló del ingreso de hombres encapuchados a la Comuna 7 y del “levantamiento” de personas señaladas falsamente como guerrilleras.
Según su versión, la noche de la masacre la Fuerza Pública se retiró deliberadamente de la zona con el pretexto de una reunión militar inexistente.
Durante cerca de 40 minutos, el grupo armado actuó sin ninguna intervención estatal. Prada también aseguró que, después de los hechos, algunos oficiales intentaron emitir órdenes de operaciones “de papel” para aparentar que el Ejército había reaccionado, aunque dichas órdenes nunca se firmaron.
Las confesiones no se limitan a Prada. El capitán (r) Álvaro Enrique Daza Camargo, quien estaba a cargo de una base militar en Barrancabermeja, admitió que recibió la instrucción expresa de permanecer inmóvil en su puesto la noche del ataque.
Daza relató ante la JEP que fue advertido un día antes de que los paramilitares entrarían “en total libertad” a la Comuna 7 y que debía “no hacer nada”, aun sabiendo que la población civil estaba en riesgo. Su testimonio, marcado por momentos de llanto, incluyó una disculpa pública a las víctimas por haber guardado silencio durante años y por obedecer una orden que facilitó la tragedia.
Ambos exoficiales coincidieron en señalar al mayor Carlos Ávila Avendaño, entonces jefe de operaciones del Batallón Nueva Granada, como uno de los responsables de impartir órdenes para levantar retenes y permitir la salida de los paramilitares con los secuestrados rumbo a San Rafael de Lebrija.
También afirmaron que existieron presiones posteriores para mantener el encubrimiento y no involucrar a los mandos superiores.
A este bloque de confesiones se suma la declaración del capitán (r) Jorge Eduardo González, exsubjefe de seguridad de Ecopetrol en Barrancabermeja, quien aceptó haber sido enlace entre la inteligencia militar y los paramilitares.
González reconoció que participó en la planeación de la incursión y que el objetivo inicial era capturar a supuestos guerrilleros y consolidar el control paramilitar de la zona. “Ninguno esperábamos que fueran 25 los secuestrados y 7 los muertos”, dijo ante la JEP, al admitir su responsabilidad en los hechos.
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Las versiones de estos militares coinciden con antiguos testimonios de los propios paramilitares, como los rendidos por alias “Panadero” ante Justicia y Paz, donde se describió cómo la Fuerza Pública permitió el ingreso, la permanencia y la salida del escuadrón armado sin ningún tipo de resistencia.
Consultada por Caracol Radio, la Fiscalía confirmó que el proceso conocido como “La Masacre de Barranca” sigue en investigación y que varios de los oficiales mencionados han rendido declaraciones juradas. Sin embargo, hasta ahora, solo el mayor Prada fue privado de la libertad y luego aceptado en la JEP, mientras que otros altos mandos no han sido judicializados.
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