El fin del Ministerio de la Igualdad: el proyecto que buscaba salvarlo no se va a poder discutir en el Congreso
Aunque en teoría queda una semana para debatir el proyecto que podría salvarlo, desde sectores del Gobierno reconocen que no hay voluntad política. Esto pasará con los trabajadores y las iniciativas que estaban en el Ministerio Público.
Comunicadora social con énfasis en Periodismo y Audiovisual de la Javeriana. Ha trabajado para El Tiempo, Portafolio, Directo Bogotá y ahora en EL COLOMBIANO. Apasionada por temas de cultura, género y derechos humanos.
A menos de dos semanas de la fecha fijada por la Corte Constitucional para delimitar su funcionamiento y existencia, el Ministerio de la Igualdad comenzó a ejecutar las primeras acciones para cerrar sus puertas antes de si quiera haber podido ejecutar sus programas y propuestas.
Una circular enviada a los funcionarios estableció un cronograma para la entrega de información, equipos y responsabilidades, en un escenario en el que dentro de la propia entidad ya se asume que el Congreso no alcanzará a salvar su continuidad.
El futuro del ministerio depende de que el Legislativo apruebe antes del 20 de junio una iniciativa que corrija los problemas identificados por la Corte en la ley que le dio origen.
Sin embargo, la falta de consenso político, de voluntad política y el poco tiempo que queda en la actual legislatura han reducido considerablemente las posibilidades de que el proyecto avance.
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La preparación para el cierre se aceleró luego de que el presidente Gustavo Petro emitiera una directiva ordenando a varias entidades del Gobierno organizar el proceso de desmontaje.
En ese documento, el mandatario señaló que la continuidad del ministerio se vio comprometida por la imposibilidad de culminar oportunamente el trámite legislativo requerido para subsanar las observaciones hechas por el alto tribunal.
La desaparición de la cartera se deriva de la Sentencia C-161 de 2024, mediante la cual la Corte Constitucional dejó sin efectos la ley que creó el Ministerio de la Igualdad. El fallo concluyó que la norma fue aprobada sin contar con el respaldo fiscal exigido para este tipo de iniciativas.
Según las instrucciones internas conocidas por los funcionarios, las dependencias deberán finalizar sus actividades y entregar informes de gestión antes del 17 de junio.
Un día después se adelantará la organización administrativa de cada área y el 19 de junio se realizará la devolución de equipos, mobiliario y demás elementos asignados a los trabajadores.
También se ordenó consolidar información sobre el cumplimiento de compromisos relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo y la implementación del Acuerdo de Paz, documentación que servirá para el eventual proceso de liquidación.
¿Qué pasará con los trabajadores?
Pese a estos preparativos, entre los empleados persisten las dudas sobre lo que ocurrirá con sus cargos.
El sindicato SintraIgualdad ha advertido que aún no existe un decreto formal que ordene la liquidación de la entidad y asegura que cerca de 580 trabajadores, incluidos funcionarios en las regiones, desconocen cuál será su situación laboral una vez se concrete el cierre.
En otra comunicación reciente, el sindicato pidió hablar con el presidente, pues aseguraron que tienen una: “firme decisión de defender la continuidad del Ministerio. La mayoría de nosotros provenimos de territorios donde las desigualdades e inequidades son críticas; nuestra labor es vital para cerrar esas brechas”.
Desde la organización sindical cuestionan que tampoco haya sido designado un agente liquidador ni se hayan entregado lineamientos claros sobre la reubicación o desvinculación del personal.
Incluso, afirman que áreas clave como Talento Humano no cuentan con respuestas definitivas para orientar a los servidores públicos sobre los pasos que seguirán en las próximas semanas.
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”Denunciamos que no se ha tenido en cuenta a la organización sindical en la toma de decisiones ni en la realización de acuerdos. Asimismo, se vienen negando los permisos sindicales, lo cual constituye una práctica que impide el ejercicio legítimo de nuestras actividades y derechos laborales”, añadieron.
¿Qué pasará con los programas que estaba ejecutando el ministerio?
La directiva presidencial establece que los programas dirigidos a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos priorizados deberán continuar operando bajo la responsabilidad de otras entidades del Estado.
Para ello, los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, junto con Función Pública y Prosperidad Social, deberán diseñar los decretos necesarios para redistribuir funciones y evaluar alternativas para conservar parte de la planta de personal.
Asimismo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado acompañará el proceso con el propósito de reducir eventuales litigios derivados de la supresión de la entidad, especialmente aquellos relacionados con reclamaciones laborales.
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