Mientras su minJusticia pide prudencia, Petro redobla ataques contra magistrado por fallo pensional
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se apartó públicamente de esa postura y aseguró que llevar el choque al terreno penal “no es la vía”.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se apartó de la postura del presidente Gustavo Petro frente al pedido de investigar penalmente al magistrado del Consejo de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar, ponente de la decisión que frenó el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.
La controversia comenzó luego de que Petro reaccionara públicamente a la decisión judicial y pidiera abrir un proceso penal contra el magistrado. A través de su cuenta en X, el mandatario cuestionó el fallo y aseguró que iba en contra de los intereses de los trabajadores.
“Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”, escribió el presidente.
El mensaje del mandatario provocó reacciones desde distintos sectores políticos y jurídicos, especialmente por tratarse de una solicitud de investigación penal contra un magistrado de una alta corte en medio de una controversia sobre una decisión judicial.
Desde el propio Gobierno también surgieron reparos frente a la postura presidencial. El ministro de Justicia aseguró que las diferencias con las decisiones de las cortes deben tramitarse por los mecanismos jurídicos establecidos y no por la vía penal.
“Existe el recurso de súplica”, explicó Cuervo al referirse a las herramientas legales con las que cuenta el Gobierno para controvertir la decisión del Consejo de Estado.
El ministro insistió en que judicializar este tipo de discusiones no es el camino adecuado.
“No estaba de acuerdo en que esta situación específica se trasladara a una discusión penal. Me parece que esa no es la vía, no resuelve el problema”, afirmó.
Cuervo también advirtió que este tipo de actuaciones pueden afectar la relación entre las ramas del poder público y dificultar la armonía institucional. “Lo que hace es no generar armonía entre las distintas ramas del poder público”, señaló.
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El jefe de la cartera de Justicia reiteró además que el Gobierno debe mantener una posición de respeto frente a las decisiones de las altas cortes, aunque pueda cuestionarlas jurídicamente.
En esa línea, insistió en que el camino adecuado es presentar recursos legales sólidos ante el propio Consejo de Estado.
“Lo correcto es presentar un recurso de súplica muy duro, muy sólido jurídicamente, con jurisprudencia misma del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional”, sostuvo.
El ministro también reveló que sostuvo conversaciones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, y que intercambió mensajes con otros presidentes de altas cortes y con la fiscal general Luz Adriana Camargo para reiterar la posición de su despacho frente a la necesidad de mantener equilibrio institucional.
“Yo desde el minuto uno he tratado de que haya armonía institucional entre el Gobierno y la rama judicial, las altas cortes”, afirmó el ministro.
Tras la tormenta política y judicial que desató su pedido de investigar al magistrado, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse y defendió su postura.
A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que no persigue jueces y justificó las denuncias contra funcionarios judiciales cuando, según dijo, existen posibles irregularidades.
“Yo no encarcelo jueces, ni les chuzo sus teléfonos y si se ponen denuncias, como es nuestro derecho ciudadano, es porque no queremos impunidades de cuerpo en ninguna rama del poder público”, escribió.
Petro insistió en que el debate alrededor de la decisión judicial tiene relación con el manejo de los recursos pensionales y cuestionó que los fondos privados mantengan esos ahorros mientras el Estado asume el pago de pensiones.
“En el caso de la negativa de banqueros a devolver el ahorro de los cotizantes, estamos ante una aberración delictual del ordenamiento internacional y nacional contra el ahorro público”, afirmó.
El presidente también lanzó cuestionamientos contra opiniones emitidas por algunos jueces alrededor del proceso y aseguró que ciertas posiciones podrían interpretarse como un prejuzgamiento.
“Cualquier opinión de jueces que tiene que ver con este proceso, como llamar derecho desbordado a cumplir la ley que rige y avalar el que los ahorros se queden con el banquero mientras otras entidades públicas con dinero público pagan las pensiones de esos ahorradores/trabajadores es un prejuicio no permitido en las normas de la justicia”, señaló.