Otra polémica en el Congreso: con proposición buscaron frustrar moción de censura contra el ministro de Salud
Una proposición respaldada por congresistas oficialistas intentó derogar la moción por considerar que el llamado a responder por la crisis en la implementación del nuevo modelo de salud de los maestros sería el presidente de la Fiduprevisora.
Una aguda polémica se presentó este lunes en la Cámara de Representantes, apenas días después de la controvertida aprobación de la reforma pensional. Si bien se tenía previsto que la oposición adelantara una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pasadas las 4:00 de la tarde no había podido arrancar la discusión.
¿La razón? Una proposición del representante Jhon Fredy Núñez, de las curules de paz –respaldada por sectores oficialistas–, en la que se pide derogar la moción de censura contra el ministro por considerarla improcedente.
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Jaramillo fue citado a la plenaria por su responsabilidad en la crisis en el modelo de salud de los maestros por cuenta del cambio implementado el pasado 1 de mayo. El sistema llegó a un caos en las últimas semanas cuando hasta la sede de la Fiduprevisora en la calle 72 en Bogotá y en varias otras regiones llegaron grupos de maestros a protestar porque llevaban días pidiendo sus medicamentos y las autorizaciones para los servicios.
Según argumenta en la controvertida proposición, el titular llamado a responder por la crisis no sería el ministro de Salud, sino el presidente de Fiduprevisora, Mauricio Marín. “La salud de los docentes y sus beneficiarios se encuentra a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de una fiducia estatal o mixta en la cual el Estado tenga más del 90 % de capital, que para la fecha es la Fiduprevisora, por lo que entonces la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio es responsabilidad directa de esta última entidad”.
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Desde la oposición arreciaron las voces que llamaron la atención por este intento de presuntamente sabotear la moción de censura. “El viernes limitaron las funciones legislativas de la Cámara ‘pupitreando’ 95 artículos con una proposición. Hoy quieren anular su función de control político condicionando las mociones de censura a la mayoría. El presidente Gustavo Petro y su bancada adelantan de facto su constituyente”, reclamó el representante Andrés Forero (Centro Democrático).
“El Gobierno y el Pacto Histórico buscan impedir ilegalmente que se haga el debate de moción de censura al ministro de salud por la crisis de servicio a los educadores. Quieren aplicar la mismas jugaditas de la reforma pensional”, sostuvo por su parte el representante Christian Garcés, del Centro Democrático.
Tras más de dos horas de discusión, de escuchar a congresistas de lado y lado, finalmente el presidente de la Corporación, Andrés Calle (liberal con tendencia petrista), resolvió que la proposición no era procedente, por lo que dio vía libre a la moción de censura sobre las 4:10 de la tarde.
El pasado viernes fue aprobada una controvertida proposición que fue acogida por las mayorías de las que goza el gobierno de Gustavo Petro y que permitió que –de manera exprés y sin mayor discusión–, la reforma pensional pasara a sanción presidencial.
Teniendo en cuenta que era el último debate del proyecto, los representantes –tras discutir y aprobar la ponencia que le daba vía libre a la iniciativa– estaban obligados a estudiar, analizar y darle el visto bueno al texto que fue aprobado por el Senado en segundo debate en abril pasado. Lo anterior, con miras a armonizar el texto del Senado con la ponencia de la Cámara.
Sin embargo, cuando apenas se examinaban alrededor de cinco o seis artículos del texto, se sometió a votación una polémica proposición para que se acogiera sin mayor detenimiento lo aprobado en Senado. Lo anterior, al parecer, debido a los apretados tiempos legislativos, teniendo en cuenta que si el proyecto no se aprobaba antes del 20 de junio sería archivado por tiempos.
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En la polémica proposición se argumenta que hubo un debate “riguroso, meditado y democrático” del proyecto, asegurando que se conocía “a profundidad y con antelación” el texto que había sido aprobado por la cámara alta. “Lo pudimos conocer desde el momento de su publicación en la Gaceta del Congreso y debatir (...) además, nos fue entregado de manera física en nuestras curules garantizando el estándar de publicidad exigido por el Reglamento del Congreso y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.