JEP le negó tutela al último secretariado de las Farc con la que buscaban “poner freno” a la inminente sentencia por secuestro
Los firmantes de paz ya reconocieron sus responsabilidades en delitos de secuestro, pero estaban reacios en aceptar.
El último secretariado de la extinta guerrilla de las Farc perdió la última batalla jurídica con la que pretendía hacerle el quite al inminente juicio en su contra por los delitos de secuestro. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) les rechazó una acción de tutela en la que los firmantes de paz pedían frenar el macrocaso 01.
La Sección de Revisión de la JEP rechazó el recurso y lo consideró como “improcedente”. Con esta decisión queda en firme el juicio por los delitos de secuestro cometidos durante el conflicto y, en unos 20 días, se conocerá el monto de la sentencia.
El pasado 24 de julio, los 7 miembros del último Secretariado acudieron a la Sección de Revisión con la intención de ponerle freno al macrocaso de secuestro, ¿la razón? No estaban dispuestos a reconocer la imputación por esclavitud.
La tutela fue radicada por Rodrigo Londoño Echeverri, último jefe de esa organización armada y ahora líder del partido Comunes. Y también por Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra.
Los firmantes de paz pedían respeto al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica y a los principios de legalidad.
Ocurre que los 7 firmantes de paz ya han reconocido su responsabilidad y participación en los delitos de secuestro. Pero también se han mostrado reacios a aceptar que los rehenes fueron esclavizados.
En los contextos de conflicto es “común” que se cometan retenciones ilegales de rehenes, sin embargo, la esclavitud y la tortura son tan execrables que hasta el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma le dan un tratamiento diferencial a este delito.
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Una sentencia en contra por esclavitud –así la sanción sea en el escenario restaurativo– es un riesgo reputacional frente a la comunidad internacional y ante los militantes que logró consolidar desde que los exFarc se convirtieron en el partido político Comunes. Hasta ahora no se ha conocido una respuesta a la acción de tutela.
La JEP señaló que los exFarc todavía tienen otros medios de defensa judicial y que, en caso de no estar de acuerdo con la sentencia que se aproxima, tienen la posibilidad de interponer un recurso de apelación.
“La Sección de Apelación, que se encargaría de resolverla, en caso de que sea presentada, puede revisar el procedimiento en su totalidad. La Sala de Reconocimiento de Verdad ya había advertido que, cuando se conozca la sanción, tendrán plenas garantías para acudir a una segunda instancia”, explicó la JEP en un comunicado.
La Sección de Revisión concluyó que la JEP ha garantizado los derechos fundamentales de los excomandantes de las Farc
“Ha preservado el debido proceso y la seguridad jurídica, principios esenciales para que este modelo de justicia que investiga, juzga y sanciona los crímenes más atroces perpetrados durante el conflicto armado”, concluyó la JEP.
El macrocaso de secuestro
En unos 20 días hábiles se conocerá la sentencia y las penas que deberán pagar los procesados en este macrocaso 01, que investiga y juzga los crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con secuestro. De momento, la JEP evalúa si se cumplen con las condiciones jurídicas y restaurativas para imponer las sanciones a los comparecientes.
La Sala de Reconocimiento advirtió que las Farc, desde 1993, empezaron a incluir la política criminal de secuestro: exigían a cada frente financiarse a través de las retenciones extorsivas. Las víctimas no distinguían. Eran civiles, policías y militares. Muchos de ellos estuvieron secuestrados durante años en condiciones extremas. Muchas de las víctimas fueron desaparecidas forzosamente.
Los relatos de las víctimas indican que, durante el cautiverio, fueron sometidos a encadenamientos, amarres, marchas forzosas sin considerar la salud o edad, golpes, gritos, burlas, encierros prolongados, negligencia médica y hasta violencia sexual. Todas esas prácticas señaladas como vulneración al Derecho Internacional Humanitario. Hay 4.100 víctimas acreditadas.