Nueva EPS: afiliados en el limbo y dos años sin mostrar sus cuentas, ¿hasta cuándo?

La última escena que refleja el momento que vive la Nueva EPS en el país la vio esta semana en Antioquia. En una rueda de prensa, el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, rompió en llanto al explicar la situación por la falta de plata para sostener el funcionamiento del centro médico.

“Les soy honesto: para mí fue muy duro este diciembre —perdón— ver que mis funcionarios llegaban llorando, (diciendo) ‘no tengo con qué comer, no tengo con qué pagar arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo’ y decirles: ‘No tengo con qué pagarles porque Nueva EPS desde agosto no nos paga, no hace concertación de facturas para poder gestionar los pagos”, aseguró.

El gerente tuvo que salir a dar estas explicaciones ante la crisis que, literalmente, los está desbordando. Según dijo, solo la Nueva EPS les debe cerca de $8.750 millones y no hace pagos regulares desde agosto de 2025, lo que ha hecho imposible cubrir obligaciones básicas, como los salarios de 460 funcionarios del personal médico y asistencial.

Ese centro actualmente está funcionando con una ocupación en urgencias que supera el 200%, lo cual lo llevó a tener a algunos pacientes en sillas plásticas por la falta de camillas. Esto, según el gerente, ha generado que hasta los tilden de inhumanos por atender en esas condiciones.

“Le dije a una señora ‘¿qué es más inconsciente, sentarla en una silla Rimax y quitarle el dolor, porque tengo el 200% de ocupación en urgencias, o devolverla pa’ la casa?’”, relató Arroyave. Estas imágenes frescas en la retina de los colombianos son el producto de la crisis que expertos califican de no tener precedentes, del sistema de salud y, puntualmente, de la Nueva EPS, sobre la cual no hay certezas sobre los números que muestren su realidad económica.

Empezando porque desde septiembre de 2023 no han publicado sus estados financieros. Estos últimos son los informes que resumen la situación fiscal de una empresa en un período específico y reflejan una visión detallada de su salud financiera para tomar decisiones.

Y la situación se repite en otras ciudades. Desde la semana pasada, decenas de usuarios en capitales como Tunja, Medellín, Ibagué y Bogotá han levantado la voz y hasta protestado por la falta de acceso oportuno y completo a medicamentos. “No hay”, “no responden” y “no hay sistema”, son algunas de las frases que más escuchan de parte de la aseguradora. Como Hernando Quinchía, quien tiene que sacar $200.000 para adquirir los medicamentos que necesita para la tiroides, la presión y la artrosis que no le han dado en los dispensarios.

Incluso, el presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa), Gustavo Campillo, dijo en el mismo espacio con el gerente Luis Fernando Arroyave que Nueva EPS se ha hecho la ciega y sordomuda con este panorama. “La comunicación con la Nueva EPS es imposible, o sea, no hay ningún espacio de escucha”, aseveró. “Los pacientes siguen falleciendo y la evidencia está ahí, que duele.

Incluso, el Presidente de la República salió a refutarla cuando ahí están las historias clínicas, cuando ahí están las familias, cuando ahí están las víctimas de estas inacciones del sistema de salud”, agregó Campillo, quien en diálogo con EL COLOMBIANO no dudó en nombrar esas escenas como una “crisis humanitaria”.

Los últimos estados financieros que publicó Nueva EPS datan de septiembre de 2023. Desde entonces, el sistema está a ciegas con esa entidad. Siete meses después, la superintendencia del sector la intervino argumentando que “se robaron la salud” y que había sido “usada como negocio de unos pocos”. Con ese verso prometieron que iban a “poner fin a los abusos, recuperar la confianza y garantizar que la salud deje de ser un negocio privado y vuelva a ser un derecho”.

Sin embargo, a siete meses de terminar el gobierno Petro, nada de eso cambió y el diagnóstico son esas historias de los pacientes, sus protestas y, de alguna manera, las palabras de Arroyave y de Campillo.

Le puede interesar: Ministerio de Educación ya notificó al rector de la UdeA de su remoción: ¿qué recursos puede presentar?

Los últimos estados financieros de Nueva EPS muestran que, a corte del 30 de septiembre de 2023, sus resultados integrales (ingresos versus gastos) fueron de $54.127 millones (ver gráfico de abajo), mientras que sus pasivos (deudas y obligaciones pendientes de pago) fueron de $6,6 billones.

Eso es, resumidamente, lo último que se sabe de la salud financiera de la EPS más grande del país, con 11,5 millones de afiliados. Lo más cercano a eso que ha conocido el país fue por cuenta de un informe de la Contraloría, que advirtió que esa entidad tenía cuentas por pagar —con corte a marzo de 2025— por un valor acumulado de $21,37 billones. Una cifra que pone en evidencia que en menos de un año de intervención las deudas se incrementaron casi cuatro veces.

Lea también: Crisis económica en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado por $141.000 millones en deudas de EPS

¿Cómo afecta a los usuarios?

Parte del equilibrio que había tenido el sistema de salud colombiano en 30 años se debía a la confianza entre los actores del sector. Principalmente en el tema de pagos: si había demoras en saldar deudas entre las EPS y prestadores de servicios de salud (IPS), gestores farmacéuticos, laboratorios y otros proveedores, la garantía de cancelarlas estaba porque generalmente había suficiente flujo de recursos.

Ahora, con la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC, o sea el dinero para el sistema de salud), reconocida por la Corte Constitucional, la plata se queda corta y las aseguradoras empiezan a incumplir los pagos con toda la cadena de clientes mencionada en el párrafo anterior. Esto genera efectos, como la crisis en hospitales y clínicas (como el San Rafael de Itagüí) o como las demoras en la dispensación de medicamentos.

“La confianza es un bien público que permite aceitar la operación del sistema de salud. Cuando sus actores tienen confianza, así paguen más tarde, hay la seguridad de que luego se les va a pagar”, explicó a este diario el investigador Johnattan García.

Lea más: Golpe en la UdeA: Gobierno Nacional removió al rector John Jairo Arboleda, ¿se la quieren tomar?

El lío con Nueva EPS es que esa confianza es difícil que no se rompa si no se sabe cómo está su bolsillo. Es como prestarle plata a un conocido del que no se conoce si tiene trabajo o si le pagan bien. Como lo expuso García, “en esa situación, los proveedores entran en situaciones de riesgo: se aumenta la cartera, tienen que cerrar servicios o despedir personal. Así, el sistema pierde capacidad de atención porque es difícil asumir nuevos contratos sin que se sepa si van a pagar o no y también debilita los que ya existen”.

Visto así, con cada hospital que aqueja deudas, con cada gestor que suspende la entrega de medicamentos a sus afiliados y con cada paciente que tiene que recurrir a redes sociales y medios de comunicación para que lo atiendan, es claro que se hará difícil que otros proveedores se animen a hacer convenios o contratos con Nueva EPS.

“Los estados financieros son como los exámenes médicos de un paciente para hacer un diagnóstico. Sin estos es imposible saber qué tanto puede cumplir con sus obligaciones y eso a los prestadores les genera desconfianza”, puntualiza Johnattan García.

¿Y la intervención qué?

Cuando el Gobierno decidió intervenir esta aseguradora, tanto la superintendencia como el ministerio hablaron de que habían “escondido” 12 millones de facturas, “desviado” recursos, “maquillado” cuentas para mostrar un patrimonio positivo y “adeudado” de más de $5 billones a IPS.

Hoy, a pesar de la promesa de “recuperar la confianza”, lo que se ve es que una de las empresas más grandes del país —no solo del sector salud— y que maneja mensualmente decenas de billones de pesos no muestra (¿no sabe?) su realidad financiera. Algo que, además de minar la confianza y dificultar la gestión de cualquier decisión externa o interna, refleja desorden.

Lea más: “Petro es un gran usurpador que busca vulnerar la autonomía”: gobernador de Antioquia

En ese sentido, el consultor independiente en salud Ramón Abel Castaño le aseguró a este diario que “el Gobierno la intervino para resolver los problemas y no nos puede decir si los resolvió o si está en vías de hacerlo; entonces lo único que miramos son a los pacientes con barreras de acceso, que muestran que no hay mejora y lo que nos dicen esos síntomas es que la cosa está empeorando”. “El Gobierno quiere ocultar una realidad y es que tal vez su intención no era resolver los problemas de los pacientes, sino tener la chequera de casi $50 billones para sus fines electorales”, añadió.

EL COLOMBIANO consultó a Nueva EPS sobre las razones por las cuales la entidad lleva ese tiempo sin presentar estados financieros. La respuesta fue que la entidad ya adelantó su postulación ante la ADRES para gestionar giros por más de $1,5 billones, que “se verán reflejados” en este enero.

Le puede interesar: Salas de urgencias de 27 hospitales de Antioquia superaron el 100% de ocupación

Por ahora, el país sigue esperando esas cifras. Sobre las cuales, dicho sea de paso, la Supersalud dijo que entregaría “a fines del mes de julio”. Han pasado seis meses y lo que más se acercó a eso fue el anuncio del entonces agente interventor Bernardo Camacho (hoy superintendente del ramo) de que para esa época habían logrado revisar, validar y procesar más de 12 millones de facturas radicadas por prestadores en febrero de 2024.

Sin esa información, la veracidad de las cifras que denunciaron sobre presuntos desvíos y fraudes quedan en el limbo. En noviembre pasado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que habían llegado a un acuerdo con las cajas de compensación accionarias (Comfandi, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle, Compensar, Camfam y Colsubsidio) para que el Gobierno quede como propietario del 51% de la participación.