Datos omitidos y plazos vencidos: las jugadas tras intervención de Nueva EPS

Al sector salud del Gobierno no le cabe un cuestionamiento o traspié más. El ministro Guillermo Jaramillo pasó al banquillo por presuntamente desacatar las órdenes de la Corte Constitucional sobre los recursos para las entidades promotoras de salud (EPS).

El exalcalde Daniel Quintero, imputado por presunto peculado (robar recursos públicos) y prevaricato (emitir decisiones ilegales), llegó a la Superintendencia de Salud a manejar un presupuesto de más de $562.734 millones y el destino de 22,8 millones de afiliados de aseguradoras intervenidas.

Y un Tribunal suspendió la intervención a Coosalud por considerar que esa medida no la había mejorado, y siete altos funcionarios denunciaron que la intervención a la Nueva EPS por otro año fue ilegal. Todo eso en una sola semana (la pasada).

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Y aún le quedan cuatro meses de gobierno al presidente Gustavo Petro (y la posibilidad real de tener a un heredero de su proyecto político como sucesor) para insistir en su cruzada de cambiar, por las buenas o por las malas, el sistema de salud.

Ese último hecho referente a la EPS más grande del país, con 11,5 millones de afiliados, resulta ser el más delicado. No solo por tratarse de una de las empresas más importantes y con más presupuesto de Colombia, sino por los presuntos vicios legales que tuvo la resolución de la Supersalud que ordenó la intervención forzosa por otro año de esa aseguradora.

Denuncias sobre irregularidades en la intervención

Según reveló Caracol Radio, la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud denunció ante la Procuraduría que el Gobierno Nacional se habría saltado los protocolos estipulados en la ley y en el reglamento interno para volver a intervenirla.

Los hechos involucran a la superintendente ad hoc para la Nueva EPS, Luz María Múnera, quien habría tomado la decisión de intervenirla sin cumplir ninguno de los cuatro pasos requeridos, entre otros, como no presentar el informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, o hasta mencionar que Nueva EPS no cumplió con recomendaciones que la Supersalud no hizo en ningún momento.

Así mismo, la denuncia sostiene que Múnera consignó en la resolución una versión de los hechos que no corresponde con lo que realmente ocurrió en la reunión del Comité de Medidas Especiales.

Según se lee en la parte motiva de la resolución, en ese espacio supuestamente recomendaron iniciar la toma de posesión de bienes y negocios de Nueva EPS.

No obstante, la denuncia de la Delegada ante la Procuraduría advierte que ocurrió lo contrario: aconsejaron por unanimidad no adoptar una nueva intervención.

En consonancia con todo lo anterior, EL COLOMBIANO conoció por una fuente de la superintendencia otras perlas que muestran, por demás, las posibles irregularidades que rodearon esa resolución.

Según la norma para las intervenciones de EPS, esa medida la puede tomar la superintendencia del ramo por primera vez y prorrogarla en una oportunidad. Ambas son de un plazo de un año.

A modo de ejemplo: si se interviene una hoy 20 de abril de 2026, puede extenderla el 20 de abril de 2027 por otro año; pero cuando ese nuevo plazo se cumpla, en abril de 2028, la potestad para extenderla deja de ser de la Supersalud y pasa a serlo del ministerio, o de la Presidencia.

Nueva EPS fue intervenida el 3 de abril de 2024. Esa misma fecha en 2025 la prorrogaron por otro año, de manera que el mismo día de este 2026 debió haber salido la resolución firmada por el ministro Jaramillo o el presidente Petro. Pero eso no pasó. La resolución firmada por la superintendente ad hoc, Luz María Múnera, tiene fecha del pasado 10 de abril.

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¿Qué dicen los expertos del sector salud?

Como le explicó a EL COLOMBIANO el exsuperintendente Fabio Aristizábal, “la segunda prórroga tiene que ser ejecutiva y lo que hace la Supersalud es entregar la información, los análisis y los informes de auditoría y financieros para justificar la medida”.

Incluso, en el Registro Único Empresarial y Social (Rues) la última fecha de actualización de su matrícula data del martes 14 de abril.

Esta fechas no son un detalle menor, pues se trataría de una nueva toma de posesión en los bienes y haberes de la aseguradora y no de una prórroga: la Supersalud no estaba facultada para hacerlo después de dos años.

La fuente asegura que se trata de una jugada legal, pero oscura, ya que lo que indica el procedimiento interno es que debió evaluarse la medida y prorrogarla con continuidad.

Pero así como quedó, lo califica como darse un tiro en el pie. Frente a esto, otra persona del sector salud dijo que “si había un espacio entre normas (que ordenaban la intervención), la anterior junta directiva retomaría el poder de la EPS”.

“Lo que pasó fue que dejaron vencer la medida y quedó como si hubieran hecho una nueva toma. Si no la prorrogaron, debían devolver la EPS a sus dueños originales u ordenar su liquidación. Ahí en la entidad se angustiaron y mandaron la denuncia a la Procuraduría porque ellos son corresponsables de lo que pase”, añadió Aristizábal.

Por otro lado, llaman la atención los datos que usaron para los apartados de los indicadores de capital mínimo, de patrimonio adecuado y de inversión de la reserva técnica (las causales). No hay datos de 2025 ni de 2026. Solo los que corresponden a 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

El más reciente es de febrero de 2024, que mostró que para entonces Nueva EPS tuvo un superávit (ingresos por encima de los gastos) de –$1,25 billones que le impedía cumplir el requisito de capital mínimo; que tuvo un déficit de –$2,43 billones y por eso no cumplía con el patrimonio adecuado, y tampoco cumplía con el régimen de inversión de la reserva técnica.