Nueva EPS, una de las más grandes del país con más de 11 millones de afiliados, duró dos años bajo el control del Gobierno Nacional. Según registros, la deuda creció más del 24% a pesar de que, supuestamente, en manos del Ejecutivo aquel hueco se saldaría. Sin embargo, eso ya no es lo único preocupante.
Según una denuncia de la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud ante la Procuraduría, el Gobierno se habría saltado todos los protocolos estipulados en la ley y en el reglamento de la entidad para iniciar una intervención.
La denuncia, revelada por Caracol Radio, la Superintendencia señaló que la superintendente nacional de Salud ad hoc, Luz María Múnera, ignoró cuatro vitales pasos que estipulaban los conductos regulares antes de iniciar una intervención.
1. No habría contado, ni realizado, ni presentado el informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud.
2. No solicitó el concepto técnico de adopción y seguimiento.
3. No incluyó información complementaria a los dos documentos previamente mencionados en el punto 1 y 2.
4. En la resolución, Múnera habría presentado un informe con inconsistencias relacionadas con el debido proceso y habría afirmado que la Nueva EPS no cumplió con recomendaciones que, según la denuncia de la Superintendencia, ni siquiera le habría dado previamente a la entidad.
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Los funcionarios de la Superintendencia también alegaron que hubo una tergiversación de las recomendaciones del Comité de Medidas Especiales ya que, la resolución de intervención a la Nueva EPS afirma que el Comité recomendó la toma de posesión inmediata de la entidad.
Sin embargo, la denuncia señala que en la sesión del 10 de abril ocurrió lo contrario: los miembros del Comité recomendaron por unanimidad no adoptar una nueva medida de intervención forzosa, por lo que se alega que la resolución consignó una versión falsa de los hechos para justificar la decisión.
Lo que habría empezado mal también habría terminado mal. Según la Superintendencia, a inicios de marzo (específicamente el 6) de 2026, le solicitó al Ministerio de Salud que la intervención del Gobierno se prolongara durante otro año más.
La medida pedida no es cualquier cosa: el 3 de abril se vencía el decreto que estableció la prórroga de la intervención del Gobierno, completando dos años frente a la entidad. Aunque el Ministerio debía responder antes del 6 de abril, nunca lo hizo.
Aquel silencio administrativo fue acompañado por una preocupación nacional: si el Gobierno no está a cargo, ¿entonces quién? La respuesta a esa pregunta llegó apenas el 13 de abril. Es decir, 11 millones de usuarios quedaron en un limbo jurídico y administrativo por más de una semana.
Según la denuncia de la Superintendencia, aquella irregularidad habría sido suficiente para que Nueva EPS volviera a quedar en manos de sus dueños.
Sin embargo, el Gobierno publicó una carta en la que, ignorando la cláusula mencionada en la denuncia, nombró a Jorge Iván Ospina (exalcalde de Cali) como nuevo interventor. Además, prorrogó la figura por otro año más.
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Aquel punto tendría otra irregularidad: la Superintendencia asegura que Ospina no cumpliría los requisitos para estar al frente de la Nueva EPS.
Denuncian que Jorge Iván Ospina no cumplía con los requisitos para ser interventor de Nueva EPS
Los funcionarios firmantes alegan que el agente especial interventor designado, Jorge Iván Ospina Gómez, no cumpliría con el perfil exigido por la normativa.
En el documento conocido por el medio mencionado destacan que Ospina Gómez no acredita los tres años mínimos de experiencia en niveles directivos o asesores en el sector salud, ni los dos años de experiencia adicional requerida en dichas áreas.
La denuncia también resalta dos puntos en contra del interventor:
1. En la verificación en listas vinculantes y restrictivas, habría sido clasificado con un nivel de riesgo alto, al alcanzar una puntuación de 32 puntos.
2. Aunque Ospina es médico cirujano, este título no es suficiente para cumplir con el manual de funciones del cargo.
La crisis en Nueva EPS, ¿qué está pasando?
Para marzo, había más de 120.000 tutelas contra la entidad que ni siquiera se habían abierto desde la Nueva EPS. Estas hacen parte de las más de 518.000 quejas presentadas en 2025.
En Antioquia, la Secretaría de Salud alertó que en menos de un año los indicadores de cumplimiento (que miden las garantías y el acceso efectivo de sus afiliados a los servicios de salud) de Nueva EPS se desplomaron.
Mientras en 2024, año de la intervención, el cumplimiento estaba en 60%, dicho indicador cayó al 20% el año pasado. Esto quiere decir que, de cada 10 pacientes en el departamento, mientras hace dos años seis lograban acceder a los servicios de salud, el año pasado solamente dos gozaban de ese acceso.
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