El pacto de “los congelados”: ¿gabelas al Clan del Golfo lo hicieron crecer en el país?

Despedir a los oficiales de Inteligencia que los investigaban, suspender los bombardeos en su contra y frenar los pedidos de extradición para sus cabecillas, conformaron el paquete de promesas con el que el gobierno de Gustavo Petro se acercó al cartel narcotraficante Clan del Golfo para integrarlo a las conversaciones de la “paz total”.

Así quedó expuesto en una revelación periodística de Noticias Caracol, que este miércoles presentó las grabaciones de una conversación entre el entonces alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y el vocero político del grupo criminal, Luis Armando Pérez Castañeda (“Bruno” o “Jerónimo”), registrada el 2 de septiembre de 2022, un mes después de la llegada al poder de Petro.

Para ganarse la confianza del interlocutor, Rueda le dijo a “Bruno” que con otros grupos habían obtenido preacuerdos, como prueba de que el proceso era serio.

“¿En otra región qué logramos? Usted controla hasta acá, juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”.

“Incluido el Ejército y la Policía”, complementó “Bruno”.

“Congelados. Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Entonces juguemos a los congelados”, recalcó el comisionado. “Bruno” le pidió al Gobierno, como gesto de paz, que sacara a los grupos especiales infiltrados en su área de operaciones. “En eso se está trabajando”, le contestó Rueda.

Acto seguido, dijo: “Le doy dos mensajes: uno, cese de bombardeos; dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial. La depuración es compleja, pero se está haciendo”. Rueda detalló que “nosotros sabíamos que había operaciones con bombardeos, yo supe y hablamos con el ministro (de Defensa, Iván Velásquez), y se dieron órdenes, a ustedes y otros grupos. Porque las operaciones estaban en curso de tiempo atrás, eso no es de este gobierno”.

Frente a los oficiales de la Fuerza Pública que “pudieran rebotarse (sic) y desobedecer” la suspensión de ataques al Clan, Rueda le dijo a “Bruno” que le pasara esa información “y yo hablo con el ministro para aclarar y tomar decisiones”.

Para enfatizar en el hecho de que el Gobierno sí podía expulsar a los oficiales problemáticos, le recordó que ya estaban en una “fase de depuración policial, militar y también de los organismos de inteligencia. Porque sabemos que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad”.

Se refería al llamado a calificar servicios de 35 altos oficiales, la barrida de generales más grande de los últimos tiempos, la cual fue ordenada por Petro a tan solo cinco días de llegar a la Casa de Nariño.

Rueda mencionó que, además de ese grupo, “se vetaron tres que tenían la misión de sabotear todo”.

Al parecer se refería a tres coroneles de la Policía, que habían pasado por la Dipol, Dijín, Interpol, Gaula y Antinarcóticos, donde coordinaron golpes contra el Clan del Golfo y otras facciones involucradas en los acercamientos de “paz total”.

Se presume que ellos son los coroneles John Arbey Alzate Duque, Juan Miguel Thiriat Tovar y Zaid Eduardo Pabón Ortega, los cuales habían recibido asignaciones de importancia en el nuevo gobierno, pero “se recibió información” contra ellos, según Rueda, y los llamaron al retiro en menos de un mes.

Por si esto fuera poco, el comisionado se comprometió a gestionar el levantamiento de órdenes de captura, el desescalamiento de operaciones militares y la suspensión de pedidos de extradición. “Todo eso se hace”, afirmó.

Danilo Rueda fue comisionado de paz hasta noviembre de 2023, y aunque en ese tiempo no se concretó una mesa de paz con el Clan del Golfo, sí fue cierto que no hubo bombardeos y que las operaciones en contra se redujeron, tal cual le confirmaron a este diario oficiales y fiscales que investigaron a esa organización.

Esto permitió un incremento inusitado en sus filas, así como su expansión territorial.

Negó su responsabilidad

Tras el escándalo suscitado en la prensa, el excomisionado Rueda concedió una entrevista radial, en la cual adujo que “nunca hubo ninguna decisión del presidente de la República que significara que no seguían las operaciones militares contra el grupo”.

En aparente contradicción con la conversación grabada, dijo que “a mí no me pasaron nombres de policías que tenían que salir de la Fuerza Pública por abusos o por extralimitación de funciones, yo no hice eso, no escuché ni recibí nombres”.

Frente a la salida de los tres coroneles, alegó que fueron decisiones del Gobierno en las cuales él no tuvo que ver.

El exministro de Defensa de aquel momento y hoy embajador en el Vaticano, Iván Velásquez, también trató de desmarcarse del asunto con un comunicado.

“La evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realicé desde dos semanas antes de asumir el cargo de ministro de Defensa, fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones (...). Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, de manera que no es cierto que hubiera incidido en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno”.

Según él, desconocía a qué acuerdos había llegado Rueda con el Clan del Golfo, y aseguró que la suspensión de bombardeos fue exclusivamente para los casos en los que se supiera que habría menores de edad en riesgo.

“Las afirmaciones hechas por Danilo Rueda solo lo comprometen a él y es él quien deberá dar las explicaciones correspondientes”, concluyó.

No es la primera vez que se acusa al Gobierno Petro de entregarle gabelas a criminales que realmente son grupos que no tienen carácter político, sino que actúan desde el control mafioso en distintos frentes.

Cabe cuestionar, tras lo denunciado por ese noticiero, qué responsabilidad penal o disciplinaria, al menos, le cabe al presidente de la República y a sus funcionarios ante estos hechos.

¿Cumplirán con la zona de ubicación?

Para este jueves 25 de junio está programada la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para un contingente inicial de 400 integrantes del Clan del Golfo, justo a menos de dos meses de que finalice el periodo de mandato del presidente Gustavo Petro.

Las negociaciones entre ese grupo y los delegados de la Casa de Nariño están activas desde finales de 2025, cuando se pactó en Doha, Catar, que habrían tres ZUT ubicadas en áreas rurales de Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó).

De manera preliminar se había fijado la fecha del 1° de marzo de 2026 para concretar el desplazamiento de la tropa, pero fue aplazada por varias razones, entre ellas que la Fuerza Pública estaba concentrada en el dispositivo del Plan Democracia para las elecciones legislativas, lo que cual complicaba su atención a ese procedimiento.

La nueva fecha quedó establecida para después de la segunda vuelta presidencial, y fuentes cercanas al proceso señalaron que la primera ZUT en ser ocupada será la de Tierralta.

Al respecto, el asesor jurídico del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, relató en una entrevista radial hace un par de semanas que “esto viene a ser un programa piloto de qué tiene el Estado de oferta institucional para los combatientes y las comunidades donde ellos tienen presencia (...). Es una fórmula de tránsito hacia la legalidad del combatiente”.

De momento no se ha conocido por parte del Gobierno Nacional el decreto que suspenda las operaciones policiales y militares contra ese cartel, tal cual sucedió la semana pasada con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la cual movilizó 100 combatientes para una ZUT en Valle del Guamuez, Putumayo.

La víspera de la movilización también se ha visto empañada por la revelación periodística sobre las conversaciones de 2022 entre Danilo Rueda y el comandante “Bruno” (ver la nota central).

Otra polémica alrededor de este plan sucedió hace dos meses, cuando la Fiscalía le negó a la Presidencia de la República una solicitud para suspender las órdenes de captura de 29 miembros de la organización ilegal, con miras a facilitar su tránsito a las ZUT.

El ente acusador rechazó la petición dos veces, alegando falta de información sobre los solicitantes y respeto por los acuerdos internacionales, dado que 13 de los implicados son requeridos por los tribunales de Estados Unidos. Dicha decisión fue respaldada por la Corte Suprema.

Todavía no existe un marco legal que permita la desmovilización colectiva de grupos armados de origen no político (bandas y carteles), lo que deja al proceso en un limbo jurídico.

Y a esto se suma el próximo relevo presidencial del 7 de agosto, cuando asumirá la jefatura del Estado el abogado Abelardo de la Espriella, quien dijo en campaña que acabaría con las negociaciones de la “paz total”.

Estas circunstancias adversas han puesto en duda la cristalización de ese proceso con el Clan del Golfo.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, el Clan incrementó sus filas de 4.500 a cerca de 10.000 integrantes, convirtiéndose en la organización criminal más grande de Colombia, en medio de una política de “paz total” que fue laxa en el combate al crimen organizado.

El cartel se benefició del repliegue que la Fuerza Pública implementó en varias regiones, como parte de los ceses el fuego y pactos de no agresión promovidos por la Casa de Nariño contra varios grupos criminales.

Eso le permitió expandir sus fronteras y, gracias a la bonanza del narcotráfico y la minería ilegal, tener el dinero suficiente para incrementar su nómina.

Entre 2022 y 2025, su presencia territorial pasó de 165 a 338 municipios, según datos de Inteligencia. Las redes se expanden por 23 departamentos, a través de una estructura de cuatro bloques y 25 frentes armados, incluyendo células activas de narcotráfico en España, Ecuador, Panamá y Venezuela.

Solo en Antioquia, su crecimiento fue del 60%, según la Gobernación.

POLÉMICA REUNIÓN DEL JEFE DE LA DNI CON UN CONFESO NARCO

En una reunión entre los directivos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un exnarcotraficante y un exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la congresista María José Pizarro, quedó expuesta una polémica maniobra para reactivar los acercamientos con el cartel narcotraficante Clan del Golfo e impulsar un proyecto de ley del Gobierno en el Congreso.

La cita fue el 19 de agosto de 2025 en Bogotá y quedó grabada en video, de acuerdo con la revelación periodística de Noticias Caracol. Los anfitriones de la reunión fueron Jorge Lemus, quien en ese entonces era el director de la DNI, y Ricardo Rey Rosanía, su director de ContraInteligencia; y los invitados, Eduard Ferney Rincón, conocido en el bajo mundo como “Boyaco Sinaloa”; Javier Grajales, un exmiembro de la UTL de la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, y un abogado particular.

Según la grabación, Lemus le pidió a “Boyaco Sinaloa” que intercediera ante “sus amigos del Congreso” para que avanzara en esa Institución un proyecto de ley que había presentado por segunda vez el Gobierno Nacional, para impulsar una ley de sometimiento de bandas criminales, clave para la política de “paz total”.

El funcionario también le solicitó el favor de interceder ante la organización criminal Clan del Golfo, en especial para establecer un contacto directo entre la DNI y el máximo cabecilla, Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), quien según Lemus estaba siendo esquivo a conversar con la agencia.

De hecho, los jefes de la DNI indicaron que ya le habían mandado una razón con otro narco, Jorge Iván González Ramírez, más conocido como “Jota Firma”. Incluso, Lemus le solicitó información para interceptar líneas telefónicas.

“A ver si aparece una liniecita y le hacemos”, afirmó. “Boyaco Sinaloa” se mostró dispuesto a colaborar. “En lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto”, dijo, y añadió que para hacer el enlace con el Clan del Golfo él podría ir a la zona de influencia de ese grupo, siempre y cuando “ustedes me den una autorización, porque eso está infiltrado por todas partes”.

Frente a sus antecedentes, Rincón explicó que fue narcotraficante y trabajó en México con los carteles de esepaís, que era investigado por las agencias de seguridad de Estados Unidos, pero que negoció con ellas y entregó 18 millones de dólares a la justicia, con lo que evitó una extradición.

También contó que en 2019 había sobornado a una fiscal colombiana para que le instauraran una denuncia falsa por nexos con el Clan del Golfo, que le permitiera establecer una negociación con los estadounidenses; una treta que al parecer que le funcionó. El denunciante fue un veterinario llamado Orlando Mestra, quien fue asesinado ese año en Montería.

Después de eso, “Boyaco Sinaloa” se retiró del negocio del narcotráfico, según él, para continuar con sus inversiones en la minería de esmeraldas. Grajales al parecer se conocía con Lemus desde antes, a juzgar por el saludo, y durante la conversación se jactó de haber participado en la entrega de información a la DEA que sirvió para extraditar entre 2019 y 2020 a varios narcos y esmeralderos que estaban en guerra hace unos años; entre ellos se cuentan Pedro Nel Rincón (“Pedro Orejas”) y Horacio Triana. Cuando los reporteros de Noticias Caracol le pregunta

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