Padre de Valeria Afanador reclama demoras y fallas en caso por muerte de su hija en Cajicá
A más de dos meses del hallazgo sin vida de Valeria Afanador, su padre y su abogado aseguran que la investigación de la Fiscalía avanza con demoras, pruebas inconclusas y falta de resultados concretos. También denuncian amenazas y desinformación.
La familia de Valeria Afanador, la niña de diez años que desapareció y luego fue hallada sin vida en Cajicá, Cundinamarca, denunció serias fallas en el manejo de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Manuel Afanador, padre de la menor, aseguró que pese a que el caso fue catalogado como prioritario por el ente acusador, “no hay nada, no tenemos resultados palpables”, tras más de setenta días del hecho.
Según explicó, solo mediante una acción de tutela lograron acceder parcialmente al expediente, donde su defensa —encabezada por el abogado Julián Quintana— encontró un trabajo “pobre y sin resultados concretos”. El padre denunció negligencias en la práctica de pruebas esenciales, como los análisis de ADN de terceros y la reconstrucción de los hechos, que no han sido completados o presentan graves retrasos.
Fallas en pruebas y contradicciones
De acuerdo con el padre y su equipo jurídico, la Fiscalía habría cometido errores en la solicitud de triangulación de llamadas, limitando el análisis a un rango de tres horas. “El mismo analista le dijo que con tres horas no se podía hacer nada. Eso hasta hoy no ha sido subsanado”, explicó Afanador, señalando que esa omisión impide esclarecer los movimientos clave del día de la desaparición.
También cuestionó la veracidad de algunos testimonios de funcionarios del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba la niña, pues —según él— presentan contradicciones que podrían verificarse con cámaras de seguridad sin que la Fiscalía haya actuado al respecto.
El abogado Julián Quintana manifestó su preocupación tras una reunión reciente con la Fiscalía. “Insistimos en las dos hipótesis: la posible participación de un tercero, pues hay informes del CTI que muestran la sombra de una persona detrás de unas rejas, y la eventual responsabilidad de los empleados del colegio, en cabeza de la rectora y los profesores que tenían el cuidado de Valeria”, señaló.
“Esperamos pronto resultados, pero sí, nos fuimos preocupados de la reunión”, agregó el abogado, al advertir que el caso no avanza con la celeridad esperada.
Amenazas, desinformación y reclamo de justicia
Manuel Afanador también denunció haber sido víctima de amenazas y campañas de desinformación en redes sociales, donde lo señalan falsamente como responsable del crimen. “Me acusan de haberlo hecho para reclamar una póliza. Esa desinformación genera reacciones agresivas; incluso, una persona en la calle me dijo que me tenían que matar porque yo era el responsable”, relató. Por motivos de seguridad, el padre decidió cambiar de residencia.
Afanador cuestionó que el colegio siga operando “con total normalidad”, pese a ostentar “tener la mejor seguridad de la zona”, y lamentó la falta de empatía institucional. “Pareciera que se hubiera muerto un conejo, no una niña con una condición especial que merecía todo el cuidado”, dijo.
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La familia Afanador acudió al Congreso de la República y se articuló con otras familias que denuncian negligencias en casos similares, como el de Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena hace seis meses.
“Lastimosamente, los funcionarios que han tomado nuestros casos son negligentes o corruptos. En mi caso, la fiscal de desapariciones es la que nos tiene hoy sin nada. Si no hay avances, acudiremos a instancias internacionales”, concluyó Afanador.