Académicos exigen al Gobierno cambios en decreto que permite excarcelaciones

Un grupo de docentes e investigadores del área penal, la criminología, la justicia y la política criminal de distintas universidades del país, suscribieron en la mañana de este lunes un manifiesto exigiéndole al Gobierno nacional un trato digno con la población carcelaria del país afectada por la pandemia del coronavirus.

Así mismo, los profesores e investigadores le exigen al presidente Iván Duque y a su gabinete ministerial que “se modifique a la mayor brevedad el Decreto 546 de 2020 para derogar todas las barreras que impiden el acceso efectivo a la reclusión domiciliaria y se garanticen de forma real y efectiva la salud y la vida tanto de la población carcelaria como de los trabajadores del sector penitenciario”.

El profesor de la Universidad de Antioquia, Juan Esteban Jaramillo, dijo a EL COLOMBIANO que con el manifiesto lo que hacen es un planteamiento para señalar que la situación que se está viviendo en las cárceles y centros penitenciarios es bastante dramática, no solo por el confinamiento y hacinamiento, sino por la expansión del coronavirus, lo que pone en riesgo la salud y la vida de la población carcelaria del país, además de las personas que trabajan y están vinculadas al sector”.

Jaramillo precisa que es necesario el cambio en el decreto, pero de manera urgente, debido a que establece tantas excepciones, que en sí mismo se presenta ineficaz.

En el manifiesto, los académicos y expertos envian el mensaje al Gobierno de adoptar “protocolos y medidas urgentes, reales y serias, concertados con todas las partes involucradas (en especial reclusos y personal penitenciario) encaminados a introducir herramientas que –de verdad– sirvan para garantizar la vida de quienes deban permanecer en reclusión, incluidos todos sus custodios”.

Las fallas detectadas

El análisis hechos por los docentes e investigadores de las universidades de Antioquia, Eafit, del Norte, San Buenaventura, UAC de Popayán, y otros abogados penalistas, arrojó como resultado que el mismo decreto reconoce la gravedad de la situación en los centros de reclusión del país al identificarlos como uno de los canales más efectivos para la propagación del coronavirus.

Puede leer: La Picota, otra cárcel del país con coronavirus

Bajo ese contexto, el manifiesto señala que “las circunstancias ameritan la sustitución de la pena y la detención –que es también sustancialmente una pena anticipada– intramurales, por la privación de la libertad en el domicilio, están plenamente justificadas –enfermedades preexistentes, discapacidades, y mujeres en embarazo o de parto reciente–; y, además que el número de las personas recluidas no puede sobrepasar conforme al espacio disponible en donde están privados de la libertad, al número que recomiendan en espacios cerrados las medidas sanitarias, por cuanto corresponden a los casos de riesgo real de muerte en el evento de contraer coronavirus”.

Con el panorama actual, los docentes e investigadores precisaron que todas esas barreras impuestas a la medida extramural son ilegítimas, porque los derechos a la vida y a la salud no puedan ser afectados ni puestos en peligro por el Estado.

El ministerio de Justicia ha informado que en la cárcel de Villavicencio es donde hay más casos de coronavirus, con 20 personas contagiadas: 13 privadas de la libertad y 7 personas que son personal de guardia y custodia. En la tarde del domingo se confirmó más contagios en La Picota, con dos casos.