Pelea entre Idárraga y Rodríguez remueve al Gobierno y salpica a la Fiscalía

l intento de la Fiscalía por imputarle cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y su posterior choque frontal con el ministro de Justicia, Andrés Idárraga —a quien señaló de estar detrás del intento de ser llevado ante un juez en el caso Miguel Uribe— no solo agitó el tablero político del Gobierno Petro; sino que reabrió una cadena de episodios en los que Rodríguez y otros exintegrantes del M-19 han protagonizado enfrentamientos internos con altos funcionarios del mismo gabinete.

En ese clima de confrontación interna, este martes se conoció la renuncia de Andrea del Pilar Verdugo, esposa de Idárraga, quien se desempeñaba como directora de asuntos jurídicos de la Fiscalía. Su salida se produjo después de que Rodríguez la señalara directamente, sin mostrar pruebas, de ser influenciada por su pareja en el marco del proceso que buscaba llevarlo a imputación de cargos, un señalamiento que elevó aún más la temperatura de una disputa que ya venía escalando dentro del gabinete. En varias entrevistas a medios, el también secretario de Transparencia había dicho que Rodríguez “se ha dedicado, como todos estos años lo ha hecho, a hablar mal de todas las personas cercanas al presidente”.

Aunque el ente acusador echó para atrás la imputación de manera improvisada, el episodio abrió un nuevo frente de controversia dentro de la Fiscalía. Todo ocurrió en cuestión de horas. Primero, el ente acusador informó que imputaría a Rodríguez el delito de prevaricato por omisión, una decisión que sacudió el caso por la gravedad del señalamiento. Antes de su asesinato, Miguel Uribe en al menos en 23 oportunidades solicitó a la Unidad de Protección que reforzara su esquema de seguridad. Por eso, consideraron que había argumentos suficientes para imputarlo.

Frente al detalle de las solicitudes sin atender, Rodríguez aclaró que estas no constituían pedidos formales de ampliación del esquema de seguridad, sino solicitudes logísticas para desplazamientos que la UNP no podía cubrir por falta de contrato. “Lo que había eran solicitudes de apoyo en viajes, no refuerzos del esquema”, argumentó, y añadió que esas peticiones debían tramitarse con la Policía Nacional o la unidad administrativa del Congreso.

Supuestamente, la fiscal que había radicado la solicitud no tenía competencia para hacerlo. El error obligó a frenar el trámite y a dejar sin efecto, al menos por ahora, la imputación anunciada. El choque abierto entre Augusto Rodríguez y Andrés Idárraga se inscribe en una secuencia más amplia de enfrentamientos internos protagonizados por el director de la UNP y otros exintegrantes del M-19 con altos funcionarios del Gobierno Petro.

El propio Idárraga también se enfrentó con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acusándolo de haber permitido que un subalterno suyo chuzara su celular con el software Pegasus. El pasado 13 de enero, Idárraga presentó un informe forense internacional que confirmaría que su teléfono celular fue infectado con Pegasus entre agosto y noviembre de 2025.

El funcionario radicó una denuncia formal ante la Fiscalía y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según Idárraga, se detectaron más de 8.700 infiltraciones, activaciones remotas de micrófono y cámara, y la extracción de 2.3 GB de información confidencial, incluyendo diálogos con el presidente Petro. El ministro encargado afirmó que la orden de espionaje provino de estructuras de inteligencia y contrainteligencia del Ministerio de Defensa, presuntamente utilizando gastos reservados para perseguir a funcionarios que investigan corrupción militar. El general (r) Sánchez negó las acusaciones, pero, según fuentes, cayó muy mal en Palacio el episodio que se hizo público.

Hay quienes dicen que Idárraga es cercano a Benedetti y que están armando un bando contra Rodríguez y el combo de los exM-19, que han tenido episodios de pelea, incluso, con la propia Verónica Alcocer y Laura Sarabia, dos personas muy cercanas en su momento al jefe de Estado.

Augusto vs. Benedetti

Otra de las confrontaciones internas más sonadas de Rodríguez fue, precisamente, con Armando Benedetti. La disputa pública entre ambos se remonta al 4 de febrero de 2025 durante un Consejo de Ministros televisado. En esa reunión, Rodríguez acusó directamente a Benedetti de servir de canal para un intento de infiltración de dineros ilegales del contrabandista Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, en la campaña presidencial de 2022.

“El tema del señor ‘Pitufo’ comenzó con él y no sé dónde van a terminar... y lo puedo sostener”, lanzó Rodríguez en presencia de todo el gabinete que estaba acompañando al presidente Petro. La reacción de Benedetti fue inmediata: anunció una denuncia penal contra Rodríguez por injuria, calumnia agravada y abuso de autoridad (por supuesta omisión de denuncia).

Este choque expuso divisiones profundas en el Gobierno, pues ocurrió el mismo día en que la Corte Suprema llamó a juicio a Benedetti por un caso de corrupción ajeno (Fonade). Lejos de retractarse, Rodríguez redobló sus señalamientos en días posteriores: filtró a la prensa una fotografía de Benedetti con el empresario español Xavier Vendrell (vinculado al episodio) y divulgó una carta pública donde, de forma inusual, aseguró gozar de buena salud mental y advirtió que no tenía tendencias suicidas. El clima laboral se terminó de complicar cuando varios ministros manifestaron su preocupación por las acusaciones provenientes en el seno del propio Ejecutivo.

Augusto vs. Alcocer y Sarabia

La relación entre la primera dama Verónica Alcocer y Laura Sarabia, con el hoy director de la UNP, quedó resentida al buscar desligarse ante sospechas de una campaña de desprestigio orquestada desde es entidad contra ellas y otros funcionarios, involucrando supuestas interceptaciones ilegales (chuzadas) y acusaciones de corrupción, aunque Rodríguez negó estas afirmaciones y las catalogó como “absurdas”.

Debido a esas diferencias con una de las fichas de confianza de Petro, ambas solicitaron cambios en sus esquemas de seguridad para depender más del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que llegó a tener a cargo Laura Sarabia, y que no dependieran de la UNP. Además de esas tensiones, Alcocer llegó incluso a denunciar hostigamientos por parte de funcionarios de alto nivel del gobierno Petro, entre ellos Augusto Rodríguez.

Ante ese cruce de señalamientos, Rodríguez acusó a Sarabia de presunta corrupción, a lo que ella siempre respondía que eran campañas de desprestigio en su contra junto a la prensa. En febrero de 2025, el director de la UNP mencionó que Sarabia estaba al tanto de acuerdos políticos para ciertos nombramientos, como el de Jhon Mauricio Marín en Fiduprevisora.

La única distancia que Petro ha tenido con Augusto fue, de hecho, en el famoso Consejo de Ministros, cuando dijo que no podía ser sectario al criticar a Benedetti. El episodio, al final, lo siguió ganando el poderoso director de la UNP, quien es realmente una de las sombras más estables de este Gobierno. Al punto, dicen las fuentes, que como todas las sombras, guardan secretos.

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