Exclusivo | Petro entregará planta física de un hospital en La Guajira a días de elecciones, pero sin dotación, ¿por ayudarle a Cepeda?

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermo Jaramillo entregarán este viernes la planta física del Hospital de Nazareth en La Guajira, intervenido por el Gobierno. Pero según dijeron varias fuentes del territorio, que tienen que ver con ese centro de salud, la van a entregar sin la dotación debida.

¿Para qué hacer todo un acto de entrega de un edificio que se entrega sin dotación? Sería, prácticamente, un acto de campaña por Iván Cepeda, como dijeron fuentes EL COLOMBIANO y como coincide con la revelación de hace unos días de equipos básicos de salud desplegados para hacerle campaña al candidato del Pacto.

La visita llega, además, en medio de cuestionamientos al Gobierno por incumplir las promesas de la Universidad Wayúu y un nuevo aeropuerto en la zona de Alta Guajira.

En un comunicado de la E.S.E. Hospital de Nazareth, se invita a participar y acompañar este acto, que denominan “la importante visita presidencial”. Y la describen como “una oportunidad histórica para visibilizar las necesidades, fortalezas y avances de nuestras comunidades”. El comunicado no menciona la entrega de la planta física.

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El millonario contrato a dedo y el perfil del interventor Larry Laza

El contrato de dotación sería de 11 mil millones de pesos. Como el hospital está intervenido, el Gobierno no debe licitarlo, es decir que se entrega a dedo, lo que genera más cuestionamientos. Por ahora, más de la mitad de la dotación se habría ingresado a almacén.

Pero, ¿quién es el interventor? Se trata de Larry Laza, quien estuvo metido en un escándalo por la compra de dos ambulancias marítimas y su dotación completa, con un costo que asciende a los $1.680 millones, aprobados por el ministro Jaramillo. El mismo interventor maneja otro hospital en otro municipio, el de Maico, que cubre la mayoría de la población de esa zona.

Desde hace tres años se le conoce a Laza como “el zar de la contratación directa” y la W Radio reveló en 2024 que siendo agente interventor del Hospital de Maicao firmó un convenio interadministrativo por $15.000 millones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El modelo resultó un fracaso y fue calificado como “fantasma” sin que a la fecha haya trazabilidad sobre el dinero destinado para combatir el hambre de los niños y niñas que mueren, literalmente, por desnutrición. Solo sabe que terminaron subcontratando a Confaguajira para materializar el programa, pero nunca ocurrió.

“El hospital de Maicao se convirtió en el ‘contratadero’ más grande del Caribe. Hoy el poder de Laza es más amplio dado que llega a los 6.000 km2 de desierto que contempla el radio de acción del hospital de Nazaret”, explica otra fuente bajo reserva. Ese centro de salud cubre una población de más de 120.000 habitantes.

Denuncias de presunta participación en política con recursos públicos

Ese es el contexto que rodea a los funcionarios de las brigadas de salud, al mando del interventor Laza, ficha de Jaramillo y cercana a la senadora Martha Peralta, que está salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que nació en La Guajira. Ahora esas brigadas están haciendo campaña en todo el departamento por Cepeda, pagados con recursos públicos.

Como también reveló EL COLOMBIANO, funcionarios identificados con chalecos y gorras del Hospital de Nazareth a cargo de Laza, visitaron las rancherías en zonas rurales para hacerle campaña a Cepeda abiertamente. Esto fue antes de la primera vuelta.

Este diario reveló en ese entonces videos e imágenes que muestran cómo reunieron a los pobladores, con tarjetón en mano y publicidad del Pacto Histórico, para hacer pedagogía de cómo votar por el candidato petrista.

También se vio a un funcionario con una especie de talonario en las manos donde hay tarjetones, pero también la publicidad de Cepeda y Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial que pertenece a la comunidad nasa del Cauca.

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“En vez de estar atendiendo a la gente que se muere en La Guajira, los equipos básicos llevan semanas haciéndole campaña a Cepeda con plata pública”, le dijo a este diario una fuente de ese departamento que visita con frecuencia las rancherías.

Esta estrategia en la Alta Guajira le funcionó al Gobierno para la primera vuelta del os comicios del 31 de mayo Alta Guajira. Cepeda sacó más de cuatro veces más votos que Abelardo de la Espriella en esa zona; 5104 contra 1251.

El costo real de los Equipos Básicos de Salud de Jaramillo

En esos resultados de primera vuelta habrían influido los Equipos Básicos de Salud de Jaramillo, un modelo que viene desde la alcaldía de Petro en Bogotá. Son brigadas pensadas para prevenir enfermedades, pero en la práctica andan a ciegas en cuanto a su ejecución.

Le cuestan al país $4,2 billones; cada uno vale $51’738.430 al mes. Los lineamientos para su organización y operación —consignadas por esa entidad en la Resolución 2788 de 2022— detalla que el costo de las ocho personas que los integran suma $34,4 millones, a lo que se le suma $10,5 millones de transporte y $6,7 millones en gastos de operación (papelería, carnetización, impresos, llamadas y servicios públicos, entre otros). Sin embargo, con el valor del peso actual (actualizado con la inflación de los últimos tres años) costarían realmente $65’832.729.

Estas brigadas de salud están compuestas por ocho profesionales de salud: cuatro auxiliares de enfermería, un líder comunitario, un médico, una enfermera y una persona psicóloga, odontóloga o trabajadora social, según la necesidad del territorio.

El rol de los operadores del ICBF y el clan Wouriyú Valbuena

Y ahí no acaba la cosa; no son los únicos que influyeron en la alta votación de Cepeda en la región. Los operadores del ICBF también lo hicieron. Con esa entidad ha tenido contratos un promotor de la Constituyente de Petro, que a la vez es megacontratista del Gobierno.

“Uno se mueve en Bogotá y el otro ejecuta en La Guajira. Han ido escalando en silencio, pero no son unos indígenas cualquiera”, dicen fuentes sobre los hermanos Armando Custodio y Gustavo Custodio Wouriyú Valbuena, dos líderes indígenas de la ONIC y megacontratistas.

Eran de bajo perfil hasta que uno de ellos se convirtió en el tesorero y vocero de la Constituyente de Petro, por ahora retirada por presión de sectores de centro a la campaña de Cepeda.

Los más de $20.000 millones en contratos de la Asociación Araurayú

Una de las agremiaciones guajiras que rodea a Armando es la que representa legalmente su hermano Gustavo Custodio. Se trata de la Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte Extrema de La Guajira, conocida como Wayúu–Araurayú, organización que entre el 17 de febrero de 2023 y el 16 de febrero de 2026 suscribió contratos con distintas entidades que suman más de $20.038 millones de pesos, según encontró este diario.

Los documentos, con distintos objetos contractuales, han sido firmados con el ICBF, los ministerios de Interior, Educación, Agricultura y Salud, el DANE, pero también con la Alcaldía de Uribia y Riohacha y la Gobernación de La Guajira.

En 2026 han recibido 736 millones de pesos en contratos; en 2025 hubo 650 millones de pesos en convenios; 2024, 17 mil millones de pesos contratados y 2023 poco más de mil millones.

Este año, de acuerdo con información pública en el SECOP, la Asociación Araurayú ha firmado dos contratos con el ICBF y el Ministerio de Educación para el “fortalecimiento educativo en territorios wayuú en la zona norte extrema de La Guajira”, donde tiene injerencia el clan Wouriyú. En cuanto al otro contrato, el objeto es demasiado amplio: “la prestación de servicios integral al pueblo wayúu”.

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La creación de la primera Entidad Territorial Indígena (ETI)

Ahora bien, este 12 de junio, según dijo una fuente a EL COLOMBIANO, Petro entregaría en el territorio un decreto para que Gustavo Wouriyú se convierta en una especie de alcalde del territorio de la Zona Extrema Norte de La Guajira, que controlan los hermanos.

Se trata de la primera Entidad Territorial Indígena (ETI) que se configura en el país desde que entró en vigencia la Constitución de 1991. Según datos del Ministerio del Interior, es una división de esa punta del país que agrupa 54 kilómetros de costa, diversos ecosistemas, 60.000 personas, 320 Jefes Territoriales y 9 corregimientos de Uribia.

Fuentes señalan que esa ETI se armó sin hacer consulta previa y acusan a Armando de “aprovecharse de autoridades tradicionales con poca formación académica para que firmen acuerdos a cambio de dinero o puestos”.

Estas nuevas delimitaciones permiten que el Gobierno les gire directamente dineros sin pasar por la Alcaldía de Uribia ni la Gobernación de La Guajira, por lo que no hay trazabilidad de los recursos que se mueven ni tanto seguimiento a los resultados.

Además, el liderazgo de Gustavo Wuoriyú quedó definido así con la conformación del Consejo Indígena del Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira (Wuinpumüin). Esto, en la resolución 139 de 2025 del Ministerio del Interior. Este territorio abarca los corregimientos de Taroa, Puerto Estrella, Nazareth, Guarerpá, Punta Espada, Puerto López, Castilletes, Siapana y Tawaira.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la Entidad Territorial Indígena (ETI) entregada en La Guajira?

Es la primera división territorial de este tipo en Colombia desde 1991. Agrupa 9 corregimientos de Uribia bajo el liderazgo de Gustavo Wouriyú, lo que permite la asignación directa de recursos nacionales sin la intermediación de alcaldías o gobernaciones.

¿Qué son los Equipos Básicos de Salud (EBS) de MinSalud?

Son brigadas integradas por ocho profesionales médicos encargadas de realizar atención preventiva en territorios vulnerables. Son financiadas con recursos públicos a través de la Adres y el Presupuesto General de la Nación

¿Cuál es la sanción por participación en política de funcionarios públicos?

La legislación colombiana prohíbe de forma estricta que los servidores públicos o particulares contratados con recursos estatales intervengan en campañas. Los implicados enfrentan destituciones disciplinarias de la Procuraduría e investigaciones penales de la Fiscalía.