Gobierno reconoció al Clan del Golfo como grupo armado, ¿esto implica que les reconocen beligerancia política?
El 5 de septiembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó una resolución con ejecución inmediata que cambia el clima político de las negociaciones de paz que se adelantan en Catar. ¿Qué tiene de diferente esta resolución si el Clan del Golfo ya había sido reconocido como grupo armado en 2017?
Comunicadora social con énfasis en Periodismo y Audiovisual de la Javeriana. Ha trabajado para El Tiempo, Portafolio, Directo Bogotá y ahora en EL COLOMBIANO. Apasionada por temas de cultura, género y derechos humanos.
El Gobierno Nacional expidió la Resolución 294 de 2025 mediante la cual reconoce al Clan del Golfo —que insiste en autodenominarse Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— como Grupo Armado Organizado (GAO).
El documento, firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, fundamenta la decisión en la Ley 1908 de 2018, que define los criterios para clasificar a una organización con esa categoría: mando responsable, control territorial y capacidad de realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.
Aunque el Clan del Golfo ya había sido reconocido como GAO en 2017, el Gobierno ajustó el nombre de la organización en el marco de las conversaciones que sostiene con esa estructura en Catar.
Mauricio Montoya, investigador y analista en temas de conflicto armado (y autor de Cien preguntas y respuestas para entender el conflicto colombiano), aseguró: “La nueva rectificación de su nombre por parte del Gobierno en medio de los diálogos en Catar es una forma de generar confianza”.
El experto añade que la resolución no dota de carácter político al Clan del Golfo, y tampoco lo cataloga como grupo insurgente con ideología, sino que establece que las negociaciones de paz “se van a regir bajo los protocolos del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos”.
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El reconocimiento tampoco implica la suspensión de operaciones militares ni el otorgamiento de estatus político, pero la aplicación de reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) abre espacio a acuerdos humanitarios y verificaciones internacionales.
En ese sentido, Jorge Mantilla, Politólogo, doctorando en Criminología, Derecho y Justicia de UIC Chicago (y consultor internacional en temas de conflicto armado), le explicó a EL COLOMBIANO que el DIH le entrega 3 elementos al Clan del Golfo.
“El primero, la capacidad de desarrollar oposiciones ofensivas contra el Estado de manera sostenida; el segundo, la organización y la estructura jerárquica que posee un grupo armado organizado a la luz del DIH; y en tercer lugar, el control territorial”, aseguró.
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En ese orden de ideas, Mantilla aseguró que el Gobierno y el GAO, podrán pactar ceses al fuego, intercambios de prisioneros, corredores humanitarios, dinámicas de desescalamiento del conflicto y, además, “le otorga a los actores humanitarios la posibilidad de desarrollar asistencia humanitaria con, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja”, dijo el experto, añadiendo que a partir de ahora el Clan del Golfo también estará obligado a respetar actores civiles.
Con cerca de 13.000 miembros y presencia en más de 300 municipios para 2023, el Clan del Golfo es considerado la mayor amenaza a la seguridad del país. Desde su origen en los años 2000, tras la desmovilización paramilitar, ha operado bajo distintos nombres: Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
En su intento por proyectarse con ideología política, adoptó el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia, el cual el Ejecutivo aceptará a partir de ahora en documentos oficiales.
Mantilla explicó que, aunque la resolución no lo dice de manera explícita que el Estado reconoce al Clan del Golfo como una organización con ideología política, es clave entender que en el marco de la Ley de Paz Total (2272 de 2022) existen dos rutas.
Una corresponde a las organizaciones criminales de alto impacto, con las que se llevan a cabo conversaciones de tipo sociojurídico —allí se encontraba el Clan del Golfo junto con las oficinas de Medellín y los combos de Buenaventura—.
La otra ruta es la de los grupos armados organizados, como las disidencias de las FARC y el ELN, con quienes se adelantan procesos de paz que implican transformaciones territoriales, negociaciones sobre el poder local y acuerdos en materia de justicia transicional.
“La resolución abre la puerta para que el Clan del Golfo como grupo armado organizado eventualmente pueda transitar por ese segundo carril (...) a mi juicio, el Gobierno está calculando que el proyecto de ley que presentó recientemente sobre marco jurídico de sometimiento no está prosperando en el Congreso y, por tanto, las negociaciones con Clan del Golfo se quedarían sin piso jurídico, para lo cual la única manera de poder salvar esa conversación es justamente otorgándole este reconocimiento”.
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Mientras tanto, el Gobierno reanudó los diálogos con esa organización armada ilegal en Doha, Catar, bajo la figura de un “espacio de conversación socio-jurídico”. El jefe negociador, Álvaro Jiménez, explicó que el propósito es reducir la violencia y avanzar en un proceso de desescalamiento durante los 12 meses que le restan al Gobierno Petro.
“Esto no termina con la firma de un documento, la idea es transitar hacia la ciudadanía plena del grupo armado y transformar las regiones donde tienen impacto”, señaló Jiménez, quien aclaró que los encuentros se realizan fuera de Colombia principalmente por razones de seguridad, debido a la ofensiva militar e internacional contra el Clan.
Catar fue elegido como sede por su experiencia en procesos de mediación, pues en ese país se han firmado acuerdos de paz entre Estados Unidos y los talibanes (2020), y se han facilitado diálogos en Sudán, Líbano y Gaza.
El Gobierno reiteró que el reconocimiento del Clan del Golfo como GAO no significa una tregua automática: las operaciones militares y procesos judiciales seguirán en curso. Sin embargo, al ser tratado bajo el marco del DIH, se abre la posibilidad de pactar acuerdos para proteger a la población civil y avanzar en compromisos verificables en el marco de la política de “paz total”.