¿De la Espriella puede meter a la cárcel a Rodrigo Londoño alias Timochenko?

Mientras el país se prepara para conmemorar los diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha lanzado en los últimos días una batería de anuncios que apuntan en una dirección: introducir cambios en las entidades responsables de ejecutar ese acuerdo y sentar posición sobre esa “paz”. No es la primera vez que habla del tema; lo hizo en campaña también, y con esto estaría cumpliendo una de sus banderas ahora que en pocos días ocupará la Casa de Nariño.

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Los anuncios los hizo bajo el marco de una reforma administrativa. De la Espriella aseguró que la Presidencia se convertirá en “un centro de coordinación ejecutiva”. Según explicó, busca eliminar cerca de 229 cargos para ahorrar unos 10.000 millones de pesos.

Dijo que una de estas reestructuraciones implica cambiar el Alto Comisionado para la Paz por una Consejería de Seguridad. Su propuesta rompe con una figura que ha acompañado a todos los gobiernos desde mediados de los años noventa, desde Carlos Holmes Trujillo con Ernesto Samper hasta Otty Patiño con Gustavo Petro. Junto con el Comisionado desaparecerían también la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas funciones se repartirían entre los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.

“Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad”, dijo el mandatario electo en su anuncio.

Sin embargo, Laura Bonilla, directora de la Fundación Pares, advierte que sustituir la consejería de paz por una de seguridad más allá de cerrar la puerta a negociaciones, podría no solo duplicar funciones con el MinDefensa sino comprometer el cumplimiento de obligaciones del Estado ya adquiridas ante las víctimas, implicados y ante toda la comunidad internacional con el Acuerdo de 2016.

La “paz con legalidad” en Duque o la “paz total” de Petro, con grandísimas diferencias, se han centrado en combinar el uso legítimo de la fuerza con procesos de negociación (así no fueran nuevos); esto es un aprendizaje acumulado que, dice la experta, arrojó sus mejores resultados en seguridad entre 2018 y 2019.

¿Y puede Abelardo eliminar esas consejerías apenas llegue a la Presidencia? La respuesta tiene matices. El artículo 189 de la Constitución sí le da al presidente la facultad de suprimir o fusionar entidades administrativas nacionales y de modificar la estructura de ministerios. Bajo esa lógica, De la Espriella sí tiene margen para trasladar funciones de las consejerías.

Sin embargo esa facultad no es absoluta. “Tiene anclaje en la ley y en la Constitución e implica un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz que es una obligación del Estado con rango constitucional”, dijo el excandidato Roy Barreras. Es decir, reorganizar es una cosa, pero desconocer la obligación de fondo del Estado es otra muy distinta, y esa línea divisoria será, probablemente, la que termine definiendo.

¿Timochenko puede ir a la cárcel?

El anuncio del mandatario llegó, además, acompañado de sus reiteradas críticas contra Rodrigo Londoño, alias Timochenko, presidente del partido Comunes y último jefe del otrora secretariado de las Farc, a quien insiste en que debería estar en prisión. De hecho, en su X, “el Tigre” puso una imagen con fotos de algunos miembros de las extintas Farc que hoy están en la vida civil con el mensaje: “No hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas”.

Además, dijo: “Ese bandido de Timochenko debe estar preso de por vida y voy a trabajar en ello”, sin aterrizar cómo lo haría, por ahora.

En medio de esta tormenta política, Rodrigo Londoño, quien se paseó por Europa unos días, regresó al país ayer en la mañana; se presentó en la sede principal de la JEP y aseguró, a través de su cuenta de X, que está en Colombia “para cumplir y contribuir con la verdad, la reparación y la reconciliación”.

Si bien los viajes de exmiembros de las Farc al exterior se han dado a propósito de permisos especiales, lo cierto es que han generado controversia sobre todo luego de la condena a los miembros del antiguo secretariado, en el Macrocaso 1 por secuestro y otros crímenes atribuidos a las Farc; son sanciones restaurativas sin cárcel que muchos críticos consideran insuficientes frente a los más de 21.000 secuestros documentados.

Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, pidió a la Fiscalía investigar al mandatario electo por sus señalamientos contra Londoño, y solicitó a la Corte Constitucional activar los mecanismos de protección del Acuerdo, recordándole que este hace parte del bloque de constitucionalidad.

“Si De la Espriella ya dijo, por ejemplo, que quiere llevar a cabo una política de sometimiento, no le queda bien hablar de llevar a la cárcel a quienes han cumplido los acuerdos. Rompe el orden legal. La paz es un instrumento de la legitimidad del Estado”, explicó a este medio Bonilla.

¿Qué pasa con la JEP?

En este caso cambia el panorama. Y es que si bien el gobierno entrante no ha hablado directamente de eliminar la JEP, la ha llamado “tribunal de venganza”; proponer cárcel para firmantes de paz que se están acogiendo al acuerdo sugiere desconocer este tribunal.

A diferencia de las consejerías, la JEP no es una dependencia de la Presidencia que pueda reorganizarse por decreto administrativo: es un tribunal con blindaje constitucional propio, anclado en el Acto Legislativo 01 de 2017. Como explica el analista Alejandro Chala, eliminarla exigiría necesariamente una reforma constitucional que levante ese blindaje, algo mucho más lento y políticamente costoso que un decreto pues tiene vigencia hasta 2037.

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Preguntas y respuestas

¿Qué anunció Abelardo de la Espriella sobre el Acuerdo de Paz?

El presidente electo anunció una reestructuración de la Presidencia que incluye eliminar la figura del Alto Comisionado para la Paz y reemplazarla por una Consejería de Seguridad. Además, reiteró sus críticas al Acuerdo de Paz y aseguró que buscará que Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, vaya a prisión.

¿Puede el presidente eliminar el Alto Comisionado para la Paz?

Sí tiene facultades para reorganizar dependencias de la Presidencia mediante una reforma administrativa. Sin embargo, expertos advierten que no puede desconocer las obligaciones constitucionales derivadas del Acuerdo de Paz de 2016.

¿Puede el presidente ordenar que “Timochenko” vaya a la cárcel?

No directamente. La situación jurídica de Rodrigo Londoño está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene autonomía constitucional. Cualquier cambio requeriría decisiones judiciales o reformas constitucionales de fondo.