“Vine acá a sufrir”: este es el balance de Francia Márquez en MinIgualdad

“Vivía sabroso antes. Vine acá a sufrir, literal. Ha sido una paridera muy berraca”. En estos términos, la vicepresidenta Francia Márquez describió días atrás, en una entrevista con el programa Los Informantes de Caracol Televisión, lo que han sido sus más de tres años en el “Gobierno del Cambio”.

Si bien parece ya haber hecho las paces con el presidente Gustavo Petro, lo cierto es que la relación entre las dos cabezas del Estado se deterioró a tal punto que el jefe de Estado la apartó del Ministerio de la Igualdad –una entidad que Márquez gestó desde ceros– en febrero pasado.

“Desde la campaña hasta hoy he vivido muchos episodios de deslegitimación, sabotaje y exclusión (...) Somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar (...) Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones”, reclamó apenas en julio pasado, días después de la instalación del Congreso a donde Petro y su vicepresidenta llegaron por caminos aparte.

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De fondo, quedó visible un divorcio que llevó a Márquez a alzar la mano y, con corte al 7 de agosto –cuando cumplió sus tres años de gestión–, presentó por su cuenta un voluminoso informe de 116 páginas en el que quiso poner de presente su trabajo desde el Gobierno Nacional.

En el documento, se precisan los esfuerzos de Márquez por “articular e implementar acciones, y políticas de transformación estructural”, focalizando esfuerzos y recursos hacia poblaciones y territorios excluidos y marginados.

“Ya sé cómo funciona el Estado, cómo se mueve la inversión, cómo actúa la oposición. Ha sido un aprendizaje importante (...) Antes de llegar a la Vicepresidencia yo no sabía que había helicópteros, que había aviones, que el Estado tenía todo eso, yo no sabía nada de eso”, destaca la Vicepresidenta en la entrevista.

Según el informe de Márquez, se trazó la misión de coordinar interinstitucional e intersectorialmente políticas que garanticen “el goce efectivo del derecho a la igualdad, el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad. Asimismo, defiende a sujetos de especial protección constitucional y a grupos discriminados o marginados. Siempre con el corazón bien puesto, el objetivo ha sido llevar dignidad a cada rincón del país, abriendo caminos de igualdad y equidad, de justicia étnico-racial, de desarrollo para el Pacífico y de reconexión con África, entre otros”.

Entre otras, Vicepresidencia destaca hitos como la creación del Ministerio de la Igualdad y, de acuerdo con la entidad, hasta febrero se habían aprobado dos políticas públicas, se habían formulado cuatro proyectos de inversión y 24 programas orientados al cierre de brechas de desigualdad e inequidad poblacional y territorial, y se entregaron 10 programas en ejecución.

“A la nueva administración se le entregó una institución operando misionalmente, consolidada y con capacidad técnica y operativa para implementar la respuesta institucional transformadora”, dijo la Vicepresidencia.

Sin embargo, otra parece ser la realidad. Según un informe de la Contraloría General, la ejecución presupuestal del despacho que lideró Márquez y que hoy está en cabeza de Juan Carlos Florián fue de apenas 4,96% durante 2024, sin duda la más baja de los ministerios.

“La baja ejecución presupuestal es especialmente crítica, considerando que se trata de una entidad creada para liderar la agenda de equidad y reducción de brechas estructurales (...) la ineficiencia en la gestión de los recursos asignados impacta directamente el goce efectivo de derechos de poblaciones históricamente excluidas”, concluyó el ente de control.

En su informe, Vicepresidencia destaca además la creación del Sistema Nacional de Cuidado y la Política Nacional de Cuidado, el Sistema de Atención, Registro, Seguimiento y Monitoreo de las violencias basadas de género (SALVIA), inversiones en el Fondo Mujer Libre y Productiva de la Vicepresidencia, y la expedición de la Política Integral para la Garantía de Derechos de la Población LGBTIQ+.

EL COLOMBIANO le puso lupa a la ejecución de algunos de los programas y proyectos que destacó la Vicepresidencia en el informe. Si bien hay avances, muchos de las iniciativas siguen en el papel. Estos son los resultados.

El Ministerio de la Igualdad y las violencias basadas en género

El Estado presentó en 2023 el Sistema de Atención, Registro, Seguimiento y Monitoreo de las violencias basadas en género (VGB) – SALVIA. Su propósito es integrar en una sola plataforma el registro, atención y seguimiento de casos de VBG. Según el informe, entre enero de 2024 y mayo de 2025, con SALVIA, se atendieron 22.760 víctimas de violencias de género o en riesgo de estarlo, y se encuentran en seguimiento 5.102 casos. A pesar de eso, la atención de VBG sigue siendo crítica. La impunidad en este ámbito alcanzó un 98%, y según datos de la Fiscalía, solo el 33% de los feminicidios registrados en la última década llegaron a la etapa de ejecución de pena, mientras que el 67% permanecen sin sentencia. La Defensoría también señaló un aumento del58 % en violencia contra mujeres en 2024 frente a 2023: 10.342 casos reportados en los primeros 10 meses de 2024 vs. 6.532 en el mismo período de 2023.

La Política Integral para la Garantía de Derechos de la Población LGBTIQ+

Fue aprobada en marzo de 2025 en medio de una coyuntura que exigía premura. Según el último informe de Caribe Afirmativo (CAF) cada dos días y cinco horas una persona con orientación sexual o identidad de género diversa fue asesinada durante 2024. Además, para mayo de 2025, iban 43 personas LGBTIQ+ asesinadas. Las denuncias por amenazas y discriminación bajaron frente a 2023 (38% y 41%), pero el informe advierte que no sería por una mejora real, sino por el miedo a represalias y la desconfianza institucional. CAF pidió al Estado reforzar rutas de atención: “Hay deficiencias estructurales: vacíos normativos en la tipificación de estos delitos, falta de investigación y un subregistro persistente de las personas afectadas”. Según la Vicepresidencia, todo esto será prioridad, y se ejecutará entre 2025 y 2035 con presupuesto de $259.000 millones.

El cuidado como derecho humano y deber del estado. ¿De qué se trata el Sistema Nacional de Cuidado y la Política de Cuidado?

En agosto de 2025, la CIDH reconoció que el cuidado es un derecho autónomo. Es decir, los Estados vinculantes deberán implementar medidas que favorezcan a las mujeres y hombres que dedican su vida —o gran parte de ella— a velar por el bienestar de otras personas: sean niños, adultos mayores o personas con enfermedades. Según datos de la vicepresidencia, siete millones de personas se encargan de cuidar a otros a tiempo completo, el 86% son mujeres. Tanto el sistema como la política del cuidado fueron formulados en 2023, pero hasta ahora asignaron un presupuesto de $25 billones a la espera de ser ejecutado (uno de los puntos más criticados de MinIgualdad). En ese sentido, y mirando a futuro, Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos, le explicó a EL COLOMBIANO que el Estado debe comprometerse a “generar actividades comunitarias e instituciones que garanticen el derecho y la remuneración”.

Los $217.000 millones que la vicepresidencia le dio al Fondo Mujer Libre y Productiva

Según informes de Confecámaras y Anif, las mujeres lideran cerca del 46% de las empresas en el país, aunque la mayoría son microempresas (97%) con alta vulnerabilidad y limitado acceso a financiamiento. Además, solo el 27% de mipymes son dirigidas por ellas y persisten brechas estructurales: baja presencia en juntas directivas (25,6%), escasa participación como CEO (13,2%) y diferencias de ingresos de hasta el 37,7% frente a los hombres en ciudades como Cali. En contraste, el presupuesto ejecutado por el Fondo Mujer Libre y Productiva ha fortalecido la autonomía económica de unas 62.000 mujeres mediante créditos, activos productivos y formación, con unas 911 unidades apoyadas. Estas intervenciones, aunque significativas, benefician a una fracción pequeña de las más de 700.000 empresas lideradas por mujeres en el país.

Reparaciones históricas: grandes anuncios, pero pocos avances

Una de las apuestas más ambiciosas desde la Vicepresidencia fue la creación de la Comisión para las Reparaciones Históricas, que se materializó vía decreto en mayo de 2023. Se trata de una instancia creada para “superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo en los pueblos étnicos del país”.

Si bien el decreto establece medidas como estudios, lineamientos normativos, un archivo de memoria histórica, museos y hasta un centro de investigaciones, tras más de dos años la Vicepresidencia aún sigue en la construcción del Plan Nacional de Reparaciones Históricas.

Por ahora, se incluyó a San Basilio de Palenque y San José de Uré en la red de lugares de historia y memoria vinculados a la esclavización y la trata trasatlántica de la UNESCO, así como una inversión de $500 millones en un programa archivos, memoria y reparación histórica con organizaciones afrodescendientes e indígenas.

Jóvenes en Paz: una ambiciosa y controvertida política que fracasó

Si bien en su informe Márquez no hizo un gran despliegue del programa Jóvenes en Paz, lo cierto es que se trata de uno de lados flacos de su gestión. El propio presidente Gustavo Petro reconoció que se trataba de un fracaso, advirtiendo que “habíamos planteado 100.000 jóvenes. 432 es nada”.

La controversia no es menor. Desde el mismo lanzamiento del programa hubo polémica. “Pagar por no matar” fue la consigna de la iniciativa, ideada para darles a jóvenes recursos hasta por $1 millón a cambio de dejar de lado la delincuencia y apostarle a la legalidad a través de programas de formación y educación.

En su informe, Vicepresidencia señala que apenas fueron vinculados 15.818 jóvenes con acuerdos de participación y corresponsabilidad, y se certificaron a 12.000 para las transferencias.

Nueva sede de Univalle en Suárez enfrenta el reto de atraer estudiantes

Otra de las grandes apuestas del despacho de Márquez fue la construcción de la sede de la Universidad del Valle en Suárez (Cauca). Desde la Vicepresidencia se invirtieron $52.000 millones y se ofertaron apenas tres programas.

El proyecto fue entregado en febrero y las clases arrancaron en a finales de marzo. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Según informó la Universidad en un derecho de petición elevado por el medio regional Proclama del Pacífico, en el primer semestre se matricularon 56 estudiantes: 38 en Agroindustria y 18 en la Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas. No hubo inscritos para la Tecnología en Manejo de Producción Agroforestal.

Los estudiantes provienen de Suárez, Buenos Aires y Morales; no obstante, de fondo hay un problema histórico: de acuerdo con los datos de la Universidad, de 820 estudiantes que se graduaron de secundaria en estos municipios durante 2024, solo 10 accedieron a la educación superior.

Fondo Todos Somos PAZcífico: millonaria inversión, pero mínima ejecución

En atención a una deuda histórica con el litoral Pacífico, desde Vicepresidencia se promovió el Fondo Todos Somos PAZcífico (FTSP)para gestar proyectos de agua y saneamiento básico.

Hasta ahora se han impulsado 38 en Buenaventura, 19 en Guapi, cinco en Francisco Pizarro, 48 en Quibdó, uno en Timbiquí y 38 en Tumaco, con una inversión de US $143 millones. “Se apalancaron financieramente dos obras del acueducto de Tumaco, por $45.681 millones, hoy en ejecución”, señaló la entidad. Al revisar en detalle, se evidencia que varias de las iniciativas se han tratado de materializar vía licitación, pero proyectos como la construcción de redes de refuerzo para el acueducto de Quibdó ($4.352 millones) siguen sin doliente. De 17 licitaciones, una fue adjudicada, dos están en evaluación, una tuvo que ser cerrada y las demás siguen abiertas.

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