Ingreso de Policía a universidades que anunció De la Espriella es tan viable como complejo

Con la premisa de que la “la autonomía universitaria no está por encima del orden público”, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno creará un protocolo que establecería en qué casos las autoridades podrían intervenir en las universidades ante hechos de violencia o vandalismo. Este aviso presidencial abre de nuevo el debate sobre los límites de la protesta, la autonomía universitaria y la actuación de la Fuerza Pública en esas instituciones.

El jefe de Estado dijo en alocución el domingo pasado que “voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, en referencia a los hechos en los que haya comisión de delitos. “He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”, agregó el mandatario.

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De la Espriella fue enfático en que “las universidades tienen autonomía” y que “eso no está en discusión”, pero dijo que “la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”.

¿Qué tan viable es?

En este debate hay que iniciar diciendo que el Presidente tiene razón en que la autonomía universitaria —consagrada en la Constitución y en la Ley 30— no exime a las instituciones de educación superior de cumplir el ordenamiento legal y de orden público del país.

El artículo 69 de la Carta Magna la garantiza, establece un régimen especial para las públicas y menciona que se rigen por sus estatutos; mientras que el artículo 28 de la ley de educación desarrolla esa autonomía en que cada una tiene derecho de crear y modificar sus reglas y de designar sus autoridades, organizar labores docentes y admitir estudiantes, entre otros puntos. No obstante, en esa autonomía en su funcionamiento no menciona en ninguna parte que tengan autoridad de orden policivo o judicial, por lo cual no es absoluta y no son territorios ajenos a la normatividad del país.

El director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, Andrés Nieto, menciona que hay jurisprudencia en Colombia que habla de que el límite del espacio universitario está zanjado con el bien común y el orden público. “Entonces, el que ingrese la Policía a las universidades no es ilegal, el punto es definir cuáles son las razones para hacerlo”, afirmó.

En ese sentido, Nieto señaló que una sentencia de la Corte Constitucional establece tres condiciones para llevarlo a cabo, que son tan viables como complejas. La primera habla de que haya un peligro inminente en contra de la vida de una o más personas; la segunda, de que se haya fraguado un delito consumado al interior de una universidad; la tercera, de que haya una catástrofe natural que requiera una intervención.

Esto quiere decir que salvo la tercera, las demás requieren de un trabajo de investigación, inteligencias y recopilación de pruebas que justifiquen que la fuerza pública ingrese a las sedes universitarias. “En ese caso, ni siquiera ingresaría la UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden) porque la protesta social no es un delito. Tendría que hacer la Policía con un término claro y un objetivo específico”, añadió Andrés Nieto.

La UNDMO solo se encarga de atender protestas, marchas y situaciones de alteración del orden público.

Para entenderlo mejor, hay que pensarlo en función de una vivienda. Esta última, como la sede de una universidad, jurídicamente en Colombia son bienes inmuebles; por lo cual, para ingresar a estos se requiere una investigación previa o a una flagrancia comprobada. Por ello, cualquier operativo o intervención policial estará sometido a un control judicial posterior.

“El lío es que en el país no hay una línea clara sobre en qué punto la protesta social pasa a ser un delito o incitación a un delito”, puntualizó el director Nieto.

Reacciones al anuncio

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, puso en duda la efectividad de la propuesta de Abelardo de la Espriella. En diálogo con Blu Radio, dijo que el problema está en que quienes protagonizan hechos de violencia o vandalismo pueden mezclarse con los estudiantes y aprovechar las características de los campus para dificultar la acción de las autoridades.

“Es muy difícil porque tradicionalmente eso no tiene ningún efecto. Estos delincuentes se escudan en algunos estudiantes, en las personas que están mirando, en la manera como los campus están diseñados. Entonces realmente no tiene efecto. Por eso digo, insisto yo en que la solución es inteligencia”, dijo.

Sin embargo, Peña señaló que la autonomía universitaria no significa que esas instituciones estén por fuera de la ley. Recordó que, cuando dentro de esa universidad se presenta un hecho delictivo, la Policía puede intervenir sin necesidad de tener autorización de las directivas.

“En el caso de septiembre, la policía entró, la vicerrectora Carolina Jiménez los atendió en el edificio de Ciencias Humanas porque hubo un herido. En ese caso, la policía entra sin pedirle permiso a nadie porque hay un crimen”, agregó.

Así mismo, el rector mencionó que “cuando hay protestas y hay algunos estudiantes y personas ajenas a la universidad que utilizan explosivos, armas, machetes, hachas, puede ser contraproducente que un tanque de la policía entre a un campus y por esa razón es necesario definir muy bien el protocolo”.

Por su parte, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez expresó que “las mallas que dividen las universidades públicas (...) no pueden convertirse en la mejor herramienta para los grupos criminales”, que “las universidades públicas no pueden seguir dominadas por estructuras criminales” y que “no pueden seguir siendo zonas de distensión”.

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