“Libertad de opinión”: Presidencia justifica mentira de Petro contra cuñado de Uribe
La Casa de Nariño explicó en un derecho de petición que al presidente le llega información sobre la cual expresa “interpretaciones generales”. ¿Qué más dijo?
Hace dos semanas —el pasado 17 de noviembre— el presidente Gustavo Petro agregó una noticia falsa más a su repertorio de desinformación que replica en sus redes sociales y en sus intervenciones en espacios oficiales de Gobierno. En esa ocasión aseguró que el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Carlos Enrique Moreno, era dueño de Audifarma y que estaba detrás de un saboteo en el acceso a medicamentos en el país.
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Moreno —quien también fue presidente de Corona— es cuñado del expresidente Álvaro Uribe, pues es hermano de la exprimera dama Lina Moreno.
El Jefe de Estado sostuvo esa afirmación en un video de 14 segundos en el que una voz en off, hecha con inteligencia artificial, preguntaba: “¿sabía que el dueño de Audifarma es Carlos Enrique Moreno? Hermano de Lina Moreno, la esposa de Álvaro Uribe. Con razón escondía los medicamentos con la intención de sabotear al Gobierno del presidente Gustavo Petro”.
Así mismo, en un Consejo de Ministros volvió a repetir esa afirmación y el corte en donde señaló eso lo compartió en su cuenta de X (antiguo Twitter) con el texto: “Entonces resultó que los dueños de Audifarna, empresa que especula con los medicamentos y los acapara, es el cuñado de Uribe. Negocios presidenciales”.
Como lo contó EL COLOMBIANO en esta nota, esa afirmación es falsa, pues Moreno no aparece en los registros mercantiles disponibles del gestor farmacéutico ni tampoco aparece en la historia de esa empresa o entre sus socios actuales.
A raíz de esto, el representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) envió un derecho de petición a la Presidencia de la República preguntando por los documentos o pruebas que le permite a Petro hacer la mencionada afirmación sobre el cuñado de Uribe.
¿Qué respondió Casa de Nariño sobre lo dicho por Petro?
En un documento de seis páginas, en la que citaron jurisprudencia sobre las “afirmaciones genéricas”, la Presidencia contestó que “al señor presidente le llega información proveniente de diversas fuentes, lo que naturalmente puede dar lugar a apreciaciones preliminares o interpretaciones generales sobre determinados asuntos”.
Así mismo, señalaron que esas expresiones “no buscaron afectar los derechos fundamentales de ninguna persona” y que “se insertan en el marco de la libertad de opinión, sin que resulte posible calificarlas como afirmaciones ofensivas, generadoras de algún tipo de responsabilidad”.
Por otro lado, la respuesta oficial indicó que las afirmaciones de Gustavo Petro “no constituyen imputaciones jurídicas concretas ni señalamientos personales individualizados”, sino que “se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de opinión y en el contexto de un debate público sobre fenómenos sociales de alta complejidad”.
La Presidencia también expresó, citando un radicado del Consejo de Estado, que esas manifestaciones públicas “son suficientes para considerar que el primer mandatario ha cumplido a cabalidad con el deber de denuncia que asiste a todos los ciudadanos, sin que le sea exigible una conducta adicional”.
Finalmente, la justificación que entregó el grupo de apoyo jurídico concluyó que los señalamientos del mandatario “corresponden a opiniones emitidas en un contexto de opiniones genéricas, no solo dentro del ejercicio de la libertad de expresión y sino al interior del debate público (sic)”.
El congresista Andrés Forero refirió sobre esa respuesta que es “lamentable que el presidente de Colombia actúe como un bodeguero irresponsable”.
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